La reciente publicación de un nuevo estudio sobre la bautizada cueva de La Maravilla Blanca, descubierta hace ahora algo más de un año en la explotación cementera de La Araña, en Málaga capital, coloca en una difícil encrucijada a la Junta de Andalucía.
Pese a que su disposición a avanzar en la protección de la citada cavidad ha sido verbalizada públicamente por algunos de sus máximos responsables, caso de la otrora consejera de Cultura Patricia del Pozo, e insinuada por el presidente del Gobierno regional, Juanma Moreno Bonilla, la decisión final no parece sencilla de tomar.
¿Por qué? Básicamente porque para hacerlo se requiere de una base técnica e informes concluyentes que confirmen la singularidad del hallazgo. ¿Dispone la Junta de estos informes? Dos son los escenarios competenciales que permitirían al Ejecutivo regional actuar en la defensa de la gruta.
De un lado, el cultural, desde el que durante los primeros meses del descubrimiento se alimentó la posible salvaguarda. Sin embargo, no basta con constatar la belleza de la cavidad, sino que ha de demostrarse con evidencias objetivas la presencia de restos arqueológicos.
Oficialmente, Cultura no ha dado a conocer en detalle el contenido de sus informes. Pese a ello, los datos conocidos por EL ESPAÑOL de Málaga vienen a rechazar la existencia de elementos arqueológicos de interés.
Sería, por tanto, una primera línea de intervención nula. El segundo campo de intervención por parte de la Administración andaluza es el geológico. Punto de análisis en el se pone en evidencia la existencia de una guerra de informes.
De un lado, el que está en manos de la Consejería de Sostenibilidad desde el pasado mes de junio concluye que la gruta de La Araña, pese a su vistosidad aparente, no tiene el valor suficiente para ser conservada. Es más, tal y como publicó este periódico, el documento incide en que "como esa cueva hay más de 700 en Andalucía".
Esta conclusión contrasta con las aportaciones del nuevo estudio elaborado por varios profesores y especialistas, entre ellos, Juan José Durán Valsero. En el mismo, se llega a calificar de "única" en el mundo la cavidad por sus estegamitas.
Este trabajo científico, que ha sido tildado de "independiente", nace, sin embargo, con la complicidad de la empresa propietaria de los terrenos de La Araña, Financiera y Minera. La propia compañía ha confirmado recientemente que el citado documento fue objeto de un encargo realizado al equipo de investigación para "completar los estudios geológicos previamente realizados".
Una demanda que incluyó la firma de un convenio de colaboración, rubricado el pasado 1 de abril, en el que se establecieron las condiciones de colaboración, el objeto del estudio, el plazo de ejecución y la asistencia que iba a ofrecer la empresa.
Esto facilitó que los investigadores pudieran acceder libremente a la cueva tantas veces como lo consideraron necesario. ¿Cuántas? 178 durante las 38 jornadas que se extendió el trabajo, según los datos de la mercantil.
Este es el contexto en el que toma forma el estudio que magnifica las condiciones de la cueva. La asunción de sus conclusiones aboca a la Administración regional a impulsar la protección de la gruta y, a la par, a resolver las autorizaciones de explotación minera que posee la cementera sobre esta parte de los suelos de La Araña por un largo periodo de tiempo.
¿Con qué consecuencias? Según fuentes consultadas, todo hace indicar que la salvaguarda de la cueva y, por ende, la imposibilidad de continuar con la gestión minera del sector, podría implicar una reclamación patrimonial por parte de la entidad privada.
Son todas ellas piezas a tomar en consideración en el conjunto del debate generado en torno a la cueva de La Maravilla Blanca. Y elementos esenciales que ha de asumir el Gobierno andaluz a la hora de abordar el análisis final.
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