La victoria parcial lograda por el Ayuntamiento de Málaga en el contencioso judicial de los antiguos terrenos de Repsol presentado por el colectivo Bosque Urbano no ha despejado por completo la sombra de duda e incertidumbre que pesa sobre el sector.

La decisión del demandante de mantener vivo el pleito, pese a que el juzgado ha rechazado las medidas cautelares reclamadas, puede seguir condicionando el desarrollo normal de la subasta de las torres y la forma con la que los actuales licitadores afrontan el procedimiento final.

En este escenario, la Gerencia de Urbanismo ha diseñado una estrategia que parece buscar que Bosque Urbano desande el camino recorrido y liberar la parcela de la actual judicialización.

Con este fin, ha optado por ampliar el plazo inicialmente previsto para convocar de nuevo la mesa de contratación que se encargará de dar a conocer las valoraciones de las propuestas técnicas, que se viene retrasando desde finales del pasado mes de junio. El nuevo calendario estimado por el concejal de Ordenación del Territorio. Raúl López, apunta a finales del próximo mes de octubre.

El último paso en el ya largo proceso de venta de los aprovechamientos municipales en Repsol, que dan derecho a edificar tres torres y un amplio zócalo de uso comercial y terciario, se ha dado este martes con una nueva reunión de la mesa.

La misma, sin embargo, únicamente ha servido para responder a las alegaciones formuladas por los diferentes licitadores, a los que se ha comunicado el auto judicial que rechaza la adopción de medidas cautelares.

En este punto, López ha indicado que la intención es que la mesa elabore el acta y que el mismo sea remitido para su aprobación al próximo Consejo de Administración de Urbanismo. Y será en ese momento cuando se pondrá en marcha un plazo de 15 días en el que los potenciales compradores de las torres podrán confirmar su decisión de seguir adelante en el proceso de venta o excluirse del mismo.

Este es justamente el intervalo de tiempo en el que, creen en el organismo municipal, Bosque Urbano, ante el impacto económico que puede tener las cosas procesales, opte por renunciar y retirar el contencioso, lo que allanaría totalmente el camino y liberaría de cualquier sombra de duda la subasta.

López únicamente confirma que el deseo municipal es el de lograr "la máxima seguridad jurídica, de manera que todos vean de forma transparente que el proceso es absolutamente impoluto y que tiene todos los parámetros legales".

La batalla por hacerse con estos aprovechamientos quedó oficialmente activada a principios de año, con la convocatoria de la subasta. Una vez cerrado el plazo, hubo tres empresas, Acciona, Urbania y el fondo de inversión Stoneweg, que pujaron por los cinco lotes en los que se reparten los bienes municipales. Otras dos firmas, Exxacon y Sigle Home sólo pujan por una de las torres, la de mayor altura, de 32 plantas. 

En estos inmuebles cabe la posibilidad de construir 528 viviendas de renta libre, a las que hay que sumar un techo de uso terciario de 25.200 metros cuadrados. El precio de partida fijado por el Ayuntamiento roza los 44 millones de euros (sin IVA), aunque se da por seguro que la cifra final aumentará.