Si las cámaras instaladas en el Centro histórico de Málaga permiten desde hace años resolver robos o identificar a responsables de agresiones, por qué no utilizar esta misma tecnología para identificar delitos medioambientales. Eso es justamente lo que va a hacer el Ayuntamiento con la activación de un proyecto pionero que va a permitir mediante videovigilancia y sensores controlar posibles vertidos ilegales en el río Guadalhorce.
La novedosa propuesta, que cuenta con la participación directa de la Policía Local y de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), es fruto de la participación del Consistorio en el plan europeo EMERITUS, incluido en la convocatoria HORIZON-CL3-2021-FCT-01 "para el desarrollo de soluciones para la detección precoz de daños medioambientales a través de nuevas tecnologías".
La adhesión de la ciudad a esta iniciativa fue objeto de acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local hace algunos meses y es ahora cuando empieza a tomar forma. En términos generales, la intervención, en la que participan otros países europeos y que tiene un presupuesto global de casi 6 millones de euros, pretende aplicar un protocolo para la investigación eficaz de los delitos medioambientales, "aprovechando la integración de tecnologías innovadoras de vigilancia y análisis".
Entre ellos se incluyen drones, datos por satélite, sensores virtuales, datos de geo-inteligencia y cámaras, entre otros. A esta primera línea de acción se añade un programa de formación para mejorar las capacidades de quienes han de aplicar la normativa medioambiental.
Para alcanzar esta meta, la Policía Local de Málaga se integra en un consorcio formado por otras 23 entidades nacionales e internacionales. En el caso de la actuación planteada en la capital de la Costa del Sol, la aportación que asume el Consistorio es de 133.125 euros.
Pero ¿en qué se va a materializar este proyecto? De manera resumida, según informan desde la Casona del Parque, la pretensión es la de responder a las inquietudes expresadas por Emasa en cuanto "a la problemática que tiene en el cauce del río Guadalhorce".
Es ahí donde se va a desarrollar la primera actuación, abriéndose la puerta a que más adelante se pueda avanzar en otros planes para el control de vertidos ilegales de escombros o la quema también irregular de cables.
La pretensión, según los datos conocidos por EL ESPAÑOL de Málaga, es colocar cuatro o cinco cámaras, que estarán camufladas, en diferentes puentes del cauce del río, de manera que sea posible controlar un amplio espacio de terreno. La idea es localizarlas en los puntos de aliviadero ya señalados por la empresa de aguas.
Los dispositivos serán autónomos y dispondrán de comunicación 5G. Para reforzar el sistema, se colocarán sensores hidráulicos que medirán la calidad del agua de manera permanente.
La puesta en marcha de este plan permitirá, a priori, detectar en qué puntos se realizan vertidos, sobre todo de aguas fecales, no autorizados, dado que este tipo de aguas tiene que ser previamente tratada. Y con ello identificar si los mismos se producen aguas arriba del río, por parte de otros municipios, o por problemas del propio sistema municipal. También se puede dar el caso de particulares que directamente vierten al río.
De acuerdo con el calendario manejado, la intención municipal es la de licitar en los primeros meses de 2023 el suministro de los dispositivos necesarios. Conforme a esta previsión, es factible pensar en que el plan pudiera empezar a funcionar a mediados del año que viene. A partir de ahí, el plazo manejado de funcionamiento es de 36 meses.