Aunque es extenso el manto negro que pesa sobre el río Guadalmedina, capaz de aniquilar la vida de decenas de personas con sus devastadoras crecidas, en la etapa más reciente de la historia de Málaga hay otro cauce maldito para los intereses de la capital de la Costa del Sol: el Guadalhorce.

El mismo río alrededor del cual se sembró la semilla primera de la urbe presente, tal y como lo apuntan las excavaciones del Cerro del Villar, se ha convertido en pesadilla para vecinos y empresarios que han sufrido en carne propia los sinsabores de sus desbordamientos. Las estadísticas consolidan la idea de que el Guadalhorce, en su parte baja, es desde hace décadas una asignatura pendiente por resolver.

Y como tal adquiere la condición de ser una de las áreas con mayor riesgo potencial de inundabilidad de toda la Cuenca Mediterránea Andaluza. Un dudoso título que queda reflejado en la última versión de los Proyectos de Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de la Junta de Andalucía, correspondiente al periodo 2022-2027.

La documentación que forma parte de este segundo ciclo, aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, enumera los antecedentes de inundaciones registrados en el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas en los años 1901, 1902, 1907, 1917, 1918, 1926, 1927, 1933, 1949, 1969, 1970, 1971, 1977, 1978, 1979, 1989, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 1998, 2010, 2016 y 2020, "destacando entre todos ellos, por la gravedad de los daños, los episodios sufridos en 1907 y, más recientemente, en el año 1989". 

Una secuencia devastadora que delimita el peligro que pesa sobre un escenario urbano altamente consolidado, sobre el que han crecido centros comerciales, asentamientos humanos y parques empresariales. Una circunstancia que eleva la importancia de los planes que desde hace tiempo vienen perfilando las Administraciones públicas en la necesidad de minimizar el riesgo cierto existente.

El primer y significativo movimiento lo ha protagonizado la Junta, que durante el último año ha ejecutado una serie de obras de emergencia que ha mejorado las condiciones del río para afrontar grandes avenidas. Y pese a ello el temor sigue presente, al menos, hasta que se materialicen otras dos fases del plan global. 

Medidas para rebajar el riesgo

La estrategia diseñada para disipar el riesgo sobre los suelos del Guadalhorce fue objeto de análisis y conversación entre el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento, asumiendo cada una de ellas una serie de medidas correctoras. Como ya se ha apuntado, la Administración regional ya ha completado su parte del compromiso, con obras valoradas en algo más de 7 millones de euros.

Pero quedan aún otras intervenciones. En el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que toma como referencia el Estudio numérico de la capacidad hidráulica del encauzamiento del curso bajo del río Guadalhorce, realizado por el CEDEX en junio de 2018, y la elaboración del estudio de coste-beneficio de la Adecuación del Curso Bajo del Guadalhorce, "se ha comprometido a la redacción de un proyecto de obras complementarias a las ya iniciadas". 

Las medidas barajadas por el ministerio a partir de las conclusiones del estudio coste-beneficio, considera como más favorable la Alternativa 2, tasada en unos 38 millones de euros, que incluye estas obras: 

1. Aumento de la capacidad de desagüe del puente de la MA-21 (antigua N-340) por su margen derecha, mediante la sustitución de los terraplenes existentes por nuevos vanos (4 vanos de 30 m/vano), con lo que se aumentaría la capacidad para desaguar hasta 4160 m³/s, caudal equivalente a la avenida asociada al periodo de retorno de 200 años. 

2. Eliminación de la rotonda de la margen izquierda y de la edificación existente en la bifurcación del encauzamiento. 

3. Prolongación de los muros del encauzamiento aguas abajo del puente de la MA-21, con una altura de 2.5 m y una longitud de 672 m. para evitar su desbordamiento, ya que se estima que para avenidas de período de retorno superior a 50 años la lámina de agua sobrepasa la rasante del puente. 

4. Eliminación de la plataforma, terraplén, puente y estribo de la antigua vía del ferrocarril. 

5. Elevación de los cajeros de los barrancos: Arroyo Ciriano modificación de los cajeros en una longitud de 583 m, en 362 m del Arroyo Buenavista y en 1590 m del Arroyo Cañas para evitar los desbordamientos por el remanso producido por la avenida del Guadalhorce. 

Para una solución completa de los problemas de inundación en el Bajo Guadalhorce, es necesario complementar estas dos fases con una actuación específica dirigida a la corrección de los problemas relacionados con las aguas pluviales que discurren en parte canalizadas y en parte soterradas sobre la margen izquierda. Y que tendrá que ser asumida por el Consistorio. Esta tercera fase incluye la ampliación de la sección de las obras de drenaje transversal en varios ejes viarios sobre el arroyo de las Cañas y las posibles medidas necesarias para desbloquear las redes de pluviales que quedan retenidas en la margen izquierda sin salida hacia el encauzamiento. 

En el plan de riesgos de la Junta, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, se habla incluso del ofrecimiento hecho por el Gobierno al Ayuntamiento para la firma de un convenio mediante el que colaborar en el diseño de medidas de autoprotección.

Impacto favorable de las acciones

De acuerdo con los análisis realizados, el desarrollo de estas tres fases permitirá reducir de manera significativa la superficie en riesgo de inundación en los diferentes periodos de retorno. Especialmente significativo es la mejora para el T500.

Los datos hablan por sí solos. Con la ejecución de la alternativa 2 planteada por el ministerio, la superficie localizada en zona de alta peligrosidad en el Guadalhorce en un periodo de retorno de 500 años se reduciría de 6,2 millones de metros cuadrados a 4,1 millones, logrando una mejora del 33,5%. El porcentaje se eleva al 49,1% tomando como referencia la tasa de 100 años. En ese supuesto, de casi 4,4 millones de metros cuadrados de zona de alta peligrosidad se pasaría a 2,2 millones de metros.

A la dimensión superficial hay que añadir el parámetro económico. De acuerdo con los estudios realizados en su momento desde la Administración estatal, la ejecución de las obras planificadas permitiría reducir el riesgo potencial de 603,5 millones de euros a 210,6 millones en un periodo de 500 años. 

Asimismo, se reduciría de manera significativa los puntos de especial importancia afectados por el área de riesgo. En el momento en que se hizo el estudio, eran 50 y 61 para el periodo de retorno de 100 y 500 años, respectivamente.

Con la solución seleccionada este número disminuiría un 80% sobre la situación actual para el periodo de retorno de 25 años, un 88% para 100 años y un 54% para 500 años. De esta forma, quedarían protegidos la depuradora, el hospital, el aeropuerto, centros educativos, centros de ocio… Con todo, el beneficio anual medio de la alternativa 2 sería de unos 10,4 millones.

Con la materialización de las obras previstas por el Gobierno para ampliar la capacidad del puente de la MA-21, "el caudal de avenida queda contenida en su mayor parte dentro del encauzamiento y se eliminan los desbordamientos sobre la zona de los polígonos, aunque no se corrigen los derrames aguas abajo de la MA-21 a través del tablero del puente discurriendo aguas abajo sobre ambas márgenes". 

Ante este problema, los técnicos hacen otra simulación con la sustitución completa del puente por otro que permita la máxima capacidad de desagüe del encauzamiento, dando como resultado la eliminación de las fugas anteriores.