Corren tiempos difíciles para el taxi en Málaga. Al conflicto derivado de la numerosa presencia de los denominados VTC, cuya flota sigue en aumento, hay que sumar ahora una sentencia de la Audiencia Nacional que puede tener consecuencias evidentes sobre el funcionamiento del sector en la capital de la Costa del Sol, abriendo incluso la puerta a su liberalización.

En concreto, el fallo, que data del pasado 22 de junio y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, ampara la reclamación realizada en 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y anula varios de los artículos contenidos en la Ordenanza del Taxi de la ciudad. Entre ellos, el relativo al número de licencias que puede operar.

Otros preceptos afectados son los relativos al número máximo de licencias que pueda tener una persona física, que los titulares de esas autorizaciones no puedan ser personas jurídicas (aspecto ya corregido en una instrucción interna), que se requiera del permiso municipal para operar en horario diferente al previsto o para incluir publicidad en el taxi o la regulación de las tarifas máximas…

De acuerdo con el tenor del contenido, que puede ser recurrido en Casación, la normativa municipal vigente desde 2015 entra en conflicto con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Y, en consecuencia, establece "límites y obstáculos al libre ejercicio de la actividad económica sin estar justificados en principios de necesidad, de interés general y de proporcionalidad". Desde el Ayuntamiento han explicado a este periódico que se está analizando actualmente la sentencia antes de tomar una decisión. 

La Audiencia Nacional señala la posibilidad de que el Consistorio dicte nuevos acuerdos "restrictivos de la actividad económica", pero siempre que lo haga justificando "la necesidad y la proporcionalidad" de los mismos, atendiendo a razones de interés general y argumentando que dichas medidas son necesarias y proporcionadas.

"La razón que ha llevado a este Tribunal a la nulidad de los preceptos impugnados es que no se había acreditado ni justificado la razón que implicaba acordar un importante límite del ejercicio de la actividad económica sin analizar la posible existencia de otros medios menos restrictivos que podrían igualmente alcanzar la protección del interés general pretendido", se detalla en el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga.

A lo largo del fallo, tomando en consideración la posición de la CNMC, el tribunal admite la existencia de "numerosos obstáculos" en la ordenanza municipal, provocando una "clara limitación" en el acceso a la actividad del taxi. 

En este sentido, se precisa que el Ayuntamiento tomó como referencia en su norma las restricciones marcadas a nivel autonómico, sin tomar en consideración la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

De hecho, en su escrito de contestación, el Consistorio justificó el sentido de los artículos ahora anulados en la necesidad de "mantener un número de vehículos adecuados; es decir, suficiente para atender la demanda, pero no tan alto como para provocar la congestión de la ciudad". asimismo, habla de "limitar la competencia entre transportistas para asegurar la calidad del servicio (evitando la sobreocupación y obsolescencia de los vehículos)".

De acuerdo con los datos manejados por la CNMC, la existencia de un "monopolio" en el servicio de taxi en Málaga ha podido generar una pérdida en el bienestar para los consumidores de 4,4 millones de euros al año. Estas son las cifras manejadas años atrás por este organismo, que considera que de haberse eliminado las restricciones de entrada y de precio en el sector, se podría haber producido una reducción en el precio de la carrera de al menos el 10-11%.

A ojos de la CNMC, la ordenanza recurrida incorpora "una serie de provisiones normativas que configuran un régimen de monopolio en la prestación del servicio de taxi". "Este régimen carece de justificación económica y tiene unos efectos muy negativos para el bienestar de los consumidores", señalaba en una nota informativa, en la que se remarca que la decisión del Ayuntamiento de limitar el número máximo de licencias que pueden operar e impedir que exista una competencia plena “eleva los precios y afecta negativamente a la calidad y a la innovación”.