Una de las grandes bolsas de suelo para vivienda de protección oficial de Málaga capital, localizada en el sector Lagar de Oliveros, en la zona de Puerto de la Torre, parece salir del olvido. Y lo va a hacer de la mano de la Junta de Andalucía, la misma administración que hace más de quince años activó la reserva de estos terrenos.
Así lo ha anunciado en la tarde de este jueves la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, quien, aprovechando el acto de inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), ha informado del desarrollo urbanístico de una de las dos unidades residenciales de Lagar de Oliveros.
Díaz ha explicado que próximamente elevará al Consejo de Gobierno un acuerdo para retomar la urbanización de los terrenos, sobre los que se podrán construir 2.806 viviendas, de las cuales 1.633 serán protegidas y 1.173, libres. De ellas, 962 unidades se levantarán en parcelas que son titularidad de la Administración regional.
"Somos conscientes de las necesidades de vivienda que tienen muchos malagueños y, por ello, daremos este importante paso en Lagar de Oliveros, una nueva urbanización que se construirá al oeste de Puerto de la Torre", ha explicado la consejera, que ha precisado que esta iniciativa se suma a las subvenciones ya concedidas al Ayuntamiento de Málaga para la construcción de más de 1.000 viviendas en alquiler a precio asequible en el sector Universidad.
Lagar de Oliveros es un sector del PGOU de Málaga dividido en dos unidades de ejecución en las que se dibujan hasta 4.664 viviendas. La Junta ostenta el 43% de la propiedad de una de ellas.
Para iniciar su urbanización, ya ha contactado con un promotor privado, que posee otro 32% de este mismo suelo, con el objetivo de constituir la Junta de Compensación y, de este modo, acometer la urbanización de los terrenos. Dado el volumen de inversión necesaria, que superará los 6 millones de euros, se someterá a su aprobación en el Consejo de Gobierno.
La consejera ha inaugurado las jornadas acompañada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, o el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Juan Manuel Rosillo.