Lejos de los tiempos de dudas e incertidumbre en los que deambulaba el Metro de Málaga, el mayor proyecto de cuantos se han ejecutado en las últimas décadas en la capital de la Costa del Sol, el ferrocarril urbano viaja ahora con viento a favor. Su llegada al Centro urbano ha catapultado su capacidad de mover pasajeros, hasta el punto de duplicar los valores de hace apenas un año.

Pero pese a que transita por un escenario de bonanza, con la pretensión inmediata de arrancar la conquista de los terrenos que lo acercarán al entorno del Hospital Civil, no hay que obviar el hecho cierto de que tanto la construcción como el funcionamiento del suburbano requiere aún del pago de una hipoteca millonaria.

Porque en lo tocante al Metro no sólo hay que tomar en consideración la variable de la construcción, que a la espera de que quede completada rondará los 900 millones de euros, sino también la relacionada con su explotación comercial. Y es en este punto en el que los parámetros económicos se disparan muy por encima de lo que llegó a imaginarse hace ahora más de 20 años, cuando se sentaron las bases de la operación.

Un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ayuda a medir la dimensión cierta de la factura económica que el proyecto genera y seguirá generando a las arcas autonómicas (las únicas que asumen el coste) hasta al menos el año 2042, cuando finaliza el contrato de concesión existente con la entidad Metro de Málaga, en manos mayoritariamente de un fondo francés.

Atendiendo al contenido del citado documento, que analiza en detalle la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2022, los compromisos futuros a los que ha de dar respuesta la Administración regional hasta 2042 rondan los 2.200 millones de euros. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con los 1.326 millones relativos al Metro de Sevilla, cuya concesión expira en el año 2040.

El estudio de los diferentes informes emitidos por la Cámara de Cuentas desde 2014 en adelante permite corroborar un descenso en las mencionadas obligaciones económicas. Sirva exponer que el año en que el Metro malagueño fue inaugurado oficialmente (finales de julio de 2014), aunque con un trazado mermado en sus dimensiones, el organismo regional estimó compromisos futuros por 2.988 millones de euros. De acuerdo con esta comparativa, en el transcurso de los últimos ocho años, esta especie de losa ha descendido en unos 800 millones.

Lo llamativo del caso es que esta losa, que se ha acercado a los 3.000 millones, es exponencialmente más grande que la que se planteó cuando se firmó el contrato de construcción y explotación comercial del Metro, a finales de 2004. En aquellos tiempos, la Junta había estimado el coste real del suburbano en 1.096 millones de euros.

¿A qué se debe la enorme variación en los compromisos futuros? El propio Gobierno andaluz justificó en el documento de 2014 las razones: "En dicho ejercicio (2014) tiene lugar un hito importante en el desarrollo del proyecto; concretamente, se realiza una redefinición del mismo, acordada con la concesionaria, BEI y Ayuntamiento de Málaga que da lugar a un reequilibrio del Plan Económico Financiero de la Concesionaria y a una modificación del contrato de concesión", precisaba.

La alusión se refiere a la modificación del trazado pactada para eliminar la llegada del trazado hasta La Malagueta y su sustitución por un tajo soterrado hasta la Alameda y, en superficie, hasta el Hospital Civil. Este importante ajuste, con el que se logró salvar el proyecto, trajo consigo una actualización de los compromisos presupuestarios vinculados al proyecto, "tanto de explotación como de capital".

Sirva recordar que casi diez años después de aquel acuerdo, la obra del Metro al Civil aún no se ha iniciado y que su trazado, lejos de la pretensión inicialmente pactada entre las partes, no irá a ras de calle sino bajo tierra. Una alteración que obligó, de nuevo, a la Junta a modificar las condiciones del contrato con sus socios privados.

Ampliación del periodo transitorio

En ese documento, se establece la ampliación del periodo transitorio ya iniciado en 2014, después de que la Junta incumpliese los compromisos de puesta en servicio del trazado previsto. El nuevo escenario temporal se extiende hasta 2027, dando por hecho que la puesta en servicio del tramo al Civil tendrá lugar antes del 31 de diciembre de ese ejercicio. Tomando en consideración sólo las próximas cuatro anualidades (2024, 2025, 2026 y 2027), la Junta tendrá que aportar a la concesionaria cerca de 386 millones de euros. 

Al tiempo, ante la posibilidad de que por causas no imputables a la concesionaria el Metro al Civil no empezase a funcionar en los plazos previstos, el contrato fija la extensión de manera automática de este mismo periodo transitorio hasta 2030, cifrando en 104, 107 y casi 111 millones los que tendrá que pagar el Gobierno andaluz a Metro de Málaga en 208, 2029 y 2030, respectivamente.