El listado de colectivos sociales y profesionales que siguen mostrando su oposición a la construcción de la Torre del Puerto, el millonario proyecto inmobiliario promovido por un fondo de inversión vinculado a la casa real de Catar, sigue creciendo. El último en incorporarse a esta corriente crítica con la operación urbanística es el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS), entidad de reciente creación.

En una publicación recogida en su página web, esta entidad, presidida por quien durante años fue máximo responsable del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), Pedro Marín Cots, cuestiona de manera clara este desarrollo hotelero.

Con su publicación, IEUS ofrece al lector la oportunidad de aproximarse a muchos de los informes, artículos y estudios elaborados durante todo el proceso, casi todos críticos (a excepción de uno de José Seguí, autor del proyecto). Si bien entidades del peso del Colegio de Arquitectos, del Instituto de San Telmo e Icomos, entre otros, han sido "contrarios al levantamiento del edificio", los numerosos pronunciamientos administrativos a los que se ha sometido la operación han sido favorables.

En su análisis, el Instituto de Estudios Urbanos critica la dificultad que ha generado entender el documento de modificación del Plan del Puerto en relación con el planeamiento original de 2010. "Es bastante confuso y no establece de manera clara y detallada la situación anterior que se pretende modificar en superficies, edificabilidades y usos", explica, asegurando que se trata de un documento "muy deficiente que no reúne las mínimas características para ser un documento válido de planeamiento urbanístico".

La realidad de los números permite comprender la envergadura del ajuste urbanístico que ya ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Málaga y que está a la espera de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga para que cobre vigencia.

La modificación suprime "un espacio público" de 12.052 metros cuadrados (actualmente destinado a aparcamientos y zonas ajardinadas), para dar encaje al hotel, al tiempo que multiplica casi por siete el techo edificable hasta ahora recogido en el plan portuario, pasando de 6.000 a 45.000 metros cuadrados.

Carga contra el Ayuntamiento

Uno de los argumentos que emplea IEUS para cuestionar el proceso es la "relevante" ausencia de un proyecto "de semejante envergadura" de la Agenda Urbana de Málaga, llegando a denunciar el "desapego" que en los últimos años ha mostrado el Ayuntamiento de esta estrategia en materia de sostenibilidad. En este sentido, asegura que "singulares proyectos" de la urbe se han iniciado sin estar vinculados a este documento de referencia ni al Plan General de Ordenación Urbana. 

Ello, a su juicio, "tiene su repercusión en obviar el modelo urbano que se aprobó de manera unánime por la Corporación municipal en 2015 después de un potente proceso participativo ciudadano, situación que no se ha producido en este proceso de modificación del Plan especial del Puerto". Y apostillan: "El Ayuntamiento ha estado obviando sus propios procedimientos del marco de referencia estratégico que supone la Agenda Urbana, ni ha mostrado interés alguno en debatir la nueva propuesta portuaria en el Comité de Seguimiento de la Agenda para su posible integración".

Una segunda línea de crítica a la operación está relacionada con un "formalismo jurídico-urbanístico". Los autores del artículo se preguntan si un plan especial tiene capacidad para aumentar el volumen construido en todo su ámbito. "¿Se puede hacer así, por las buenas, no hay límites a las modificaciones puntuales del Plan del Puerto?", se preguntan.

En este punto, recuerdan que en el PGOU de la ciudad "ni los espacios públicos ni los equipamientos se pueden suprimir de manera tan fulminante, sin ser sustituidos por otros similares y en la misma zona". "Es evidente que en el morro de levante se podría haber realizado un parque de disfrute ciudadano en lugar del edificio previsto", defienden.

Otro aspecto que se incluye en el análisis de la cuestión tiene que ver con el "paquete catarí" de inversiones anunciado en el año 2022 en España por valor de 4.720 millones de euros. Asumiendo que la Torre del Puerto forma parte de esta estrategia, pese a su escasa dimensión dentro del total, se plantea hasta qué punto a los inversores cataríes pueden preferir "no tener problemas de imagen pública ante una obra polémica con tantos informes contrarios".

"Quizá se mostrarán favorables a cambiar la ubicación de la torre o su simple renuncia por los problemas que opinión pública que ya están teniendo o los posibles pleitos que llevaran a cabo plataformas o asociaciones ciudadanas contrarias al proyecto", exponen desde el IEUS.

La entidad apunta la necesidad de que Puertos del Estado y el Consejo de Ministros, que tiene la última palabra en el proyecto, valoren "no solo la repercusión ciudadana que tiene la propuesta de torre, si no el compendio de los numerosos estudios y trabajos realizados". "Y sobre todo se deberá responder a la cuestión clave, ¿son identificables los intereses económicos particulares de los promotores del negocio, con los intereses colectivos de la ciudad?", sentencia.