Los viejos terrenos de Repsol, convertidos durante décadas en centro operativo del tráfico de hidrocarburos, permanecen en un estado de abandono indisimulado desde hace años. La ausencia de movimientos sobre esta estratégica parcela, cuya propiedad se reparten el Ayuntamiento de Málaga y el banco malo, la Sareb, se prolonga en el tiempo, sin visos de que el escenario cambie de manera inmediata.

El futuro de estos 177.000 metros cuadrados, emplazados en el distrito Cruz de Humilladero, sigue condicionado, en buena medida, por la batalla que desde hace ahora dos años viene protagonizando por Bosque Urbano, un colectivo social y ciudadano convertido en ‘enemigo’ acérrimo de que el ladrillo conquiste estos dominios. 

Lejos de la pretensión que desde hace más de una década defiende el Ayuntamiento, que pasa por la construcción de unas 1.300 viviendas, así como de una zona verde de unos 70.000 metros, la apuesta del colectivo es la de destinar hasta el último metro de la pastilla a un gran parque.

"Es lo que se pintó en el Plan General de 1983", defiende Pedro Francisco Sánchez, portavoz de una plataforma que inició su andadura hace ahora algo más de ocho años y que aglutina "el sentir" de buena parte de la ciudadanía malagueña. 

Para Sánchez, los argumentos que motivaron que hace más de 40 años se pintase de verde todo el sector se mantienen vigentes. "En zonas tan densamente pobladas como Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, los espacios industriales que se están desmantelando y recuperando deben ser destinados a zonas verdes, de manera que podamos paliar la escasez actual", remarca.

Aunque la "pelea" por el destino final de los terrenos se alarga en el tiempo, la realidad es que la pugna se ha intensificado coincidiendo con la decisión del Consistorio de poner en marcha la maquinaria administrativa para tratar de vender sus aprovechamientos urbanísticos en el sector. 

La activación de la subasta de parte de los suelos provocó la presentación de un primer recurso administrativo ante la Gerencia de Urbanismo por parte de Bosque Urbano. El mismo, en el que se solicitaba, grosso modo, hacer tabla rasa sobre el planeamiento con el objetivo de reservar la totalidad de la parcela para parque, fue rechazado de plano. 

Lejos de abandonar, el colectivo abrió la puerta a la vía judicial. Y, como más recientemente ha hecho la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte para impedir la construcción de la Torre del Puerto, puso en marcha una colecta económica para disponer de los fondos suficientes para interponer un contencioso. 

El éxito de la iniciativa permitió avanzar en una vía que sigue abierta dos años más tarde y que, salvo sorpresa, se alargará aún muchos años antes de que haya una resolución final. Porque, como expresa el portavoz de Bosque Urbano, la intención de la plataforma es clara: "seguir adelante y llegar hasta el final".

A la espera de conocer el devenir de los acontecimientos, su estrategia ha tenido claros efectos sobre el plan de venta municipal. Y aunque Sánchez asegura que no era el propósito original, es evidente que el concurso se ha visto lastrado en el tiempo por la existencia del contencioso. Un detalle al que sumar la huida casi masiva de promotoras que llegaron a formalizar ofertas de compra y que abandonaron debido a la sombra de duda que la judicialización de proceso genera.

De las seis entidades que iniciaron la carrera por quedarse total o parcialmente con los activos municipales en Repsol, sólo una quedó en pie: Urbania. El resto, Stoneweg, Acciona, Exacom y Single Home optaron por renunciar. Y pese a tener el camino despejado, la realidad sigue sin formalizarse la venta de los activos municipales, por los que Urbania ofrece alrededor de 63 millones de euros.

Crisis climática

Aunque el escenario en el que se mueve actualmente la lucha por los suelos de Repsol es la judicial, durante años Bosque Urbano trató de hacer ver al Consistorio la necesidad de revisar su modelo, apostando por una zona verde como única protagonista.

"No queríamos llegar a esta batalla judicial", asegura su portavoz, quien viene a concluir que se tomó la decisión de ir adelante en las acciones ante la negativa municipal. 

A ojos de muchos, incluido el equipo de gobierno municipal, de promotores, de grupos de inversión, las actuaciones de Bosque Urbano suponen un freno para el avance de la ciudad. Frente a estas tesis, Sánchez defiende: "La creación de una gran zona arbolada no pone piedras al desarrollo de Málaga, sino que lo favorece". 

Para el colectivo, centrar la operación en la construcción de torres y no buscar alternativas es propio de "una visión cortoplacista", más aún en un momento marcado por la crisis climática. "Hay que tener en cuenta que el plan del 2011 se fraguó en pleno boom urbanístico; los paradigmas han cambiado y hay que apostar por soluciones basadas en la naturaleza".

Otro argumento que pone sobre la mesa Bosque Urbano es la necesidad de reflexionar sobre la movilidad en el entorno de Repsol dada la imposibilidad legal ("según informan desde Carreteras") de ejecutar una conexión entre la zona y la Ronda Oeste, objetivo con el que fue planteado hace años el bulevar Adolfo Suárez. 

Una infraestructura sobre la que, de acuerdo con el planeamiento, se basa buena parte del desarrollo urbanístico de esta zona de la ciudad, incluyendo no sólo Repsol, sino también la pretendida transformación del polígono de San Rafael.