Málaga negocia con el Gobierno la ‘compra’ del suelo de la Expo para su plan b: un gran complejo empresarial

Del fracaso de la Expo 2027, al plan con el que elevar el potencial de Málaga como centro de atracción de empresas nacionales e internacionales. Esta es la estrategia a la que sigue dando forma el alcalde de la capital de la Costa del Sol, Francisco de la Torre, casi un año después del varapalo que supuso no recibir el favor del BIE para organizar la próxima Exposición Internacional.

Lejos de caer en el desaliento, apenas un día después del revés, el regidor ya hablaba de un plan alternativo que permita desarrollar sobre buena parte de los suelos delimitados para el evento, un gran complejo en el que tengan cabida firmas vinculadas con la innovación y la tecnología, entre otros campos.

Pese a que el Consistorio tiene ya en su mano un planeamiento detallado, elaborado por la firma Ove Arup & Partners, De la Torre se muestra cauto con respecto a los posibles avances. "No me gusta vender humo; hablo de los temas con claridad, y aquí necesitamos tener los protagonistas, que son las empresas a las que les ilusionen el proyecto y que lo vean claro", admitía días atrás el alcalde en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

En esta senda, De la Torre admite la existencia de "conversaciones" con algunas entidades, que habrán de ampliarse con "las fuertes" antes del verano. De acuerdo con lo expuesto por el regidor, ese acercamiento con las entidades privadas, cuya identidad elude precisar, es clave en el futuro del bautizado como Plan B de la Expo.

Diseño inicial del recinto de la Expo 2027 de Málaga.

Es, sin duda, una pieza esencial de la estrategia. Pero no la única. La otra vincula al Ayuntamiento con el Gobierno central y, de manera más precisa, con la Entidad Estatal de Suelo (SEPES), que es la propietaria de los terrenos del sector Buenavista. Y en este sentido, De la Torre confirma la existencia de conversaciones para hacerse con la propiedad de los terrenos sobre los que materializar este plan alternativo.

Frente a los 250.000 metros cuadrados que en origen se necesitaban para el recinto de la Exposición Internacional, la pretensión del Consistorio sería la de disponer de menos suelos para el complejo de carácter logístico y empresarial planteado. De acuerdo con lo expuesto por el alcalde, lo que está sobre la mesa es que a cambio de ese espacio, SEPES reciba en forma de permuta suelos destinados a vivienda de protección oficial (VPO).

"Estamos en la línea de conversar para hacer permuta del suelo para que podamos tener el suelo que iba a ser destinado a la Expo y de ese modo dar mayor agilidad", explicaba De la Torre. Lo que queda por concretar es el número de pastillas a entregar a SEPES. El alcalde admite que en la última reunión celebrada, hace varias semanas, el ente estatal mostró su disposición a aceptar esta fórmula de compensación. 

Hay que recordar que ya en 2020, cuando el Ayuntamiento abrió el camino en su aspiración a organizar la Expo de 2027, las dos partes entablaron conversaciones que no acabaron fructificando. En aquella ocasión, Málaga estaba dispuesta a pagar a SEPES con varias parcelas para VPO en el sector Universidad, valoradas en unos 13 millones de euros.

Son los mismos suelos que actualmente se encuentran en desarrollo, lo que impide que puedan ser utilizados en esta operación. Algo similar sucede con los aprovechamientos residenciales que el Ayuntamiento tiene en Distrito Zeta y Cortijo Merino, que ya han sido puestos en el mercado para promotores privados ejecuten 1.168 viviendas a precio asequible. 

Tampoco es factible utilizar los aprovechamientos de La Térmica y Repsol en esta pretendida permuta con SEPES, ya que en ambos casos están adjudicados a terceros como parte de la operación de compra de los terrenos de Arraijanal.

Todo ello acota las opciones de emplazamientos en desarrollo a Lagar de Oliveros, donde ya se ha activado la maquinaria administrativa y de ordenación. Hay que recordar que se trata de uno de los grandes desarrollos residenciales a medio plazo en la capital, con capacidad para 3.970 viviendas, de las cuales 2.580 son de protección oficial. Buena parte de las cuales serán asignadas al Consistorio en el marco del proyecto de reparcelación.