Dice el refranero popular que quien mucho abarca poco aprieta. Algunos pueden pensar que es justo lo que está ocurriendo estos años en Málaga capital, donde el alcalde, Francisco de la Torre, en su afán por pensar la Málaga de 2040, se ha embarcado en un ambicioso y muy caro plan de transformación, obligando a otras administraciones amigas, como la Junta de Andalucía y la Diputación provincial (ambas con el PP al frente) a acompañarlo y apoyarlo económicamente.
La empresa diseñada por el regidor, cuya continuidad más allá de 2027 (año en que finaliza el presente mandato municipal) está por ver, es de una dimensión extraordinaria. El Plan Málaga Litoral, la mayor operación de regeneración en la historia reciente de la capital de la Costa del Sol; la ampliación y conversión de La Rosaleda en un centro multiusos, modelo Arena, donde además de partidos de fútbol, acoja grandes eventos y convenciones, y la construcción del Auditorio de la Música, son los tres principales exponentes de la hoja de ruta trazada para los próximos ejercicios en la ciudad.
Y en todos ellos, De la Torre pretende contar con el compromiso inversor de otras administraciones, además de fiar buena parte de la financiación a fondos europeos. Para tomar una justa dimensión del valor de estas tres intervenciones sirva decir que, en su conjunto, rozan los 1.000 millones de euros. Asumida la imposibilidad real de avanzar en solitario en este camino, el alcalde viene marcando desde hace tiempo la necesidad de contar con otros ‘socios’ públicos y privados que rebajen la factura.
La nueva Rosaleda
Uno de los interrogantes de especial relevancia es si esos compañeros institucionales con los que pretende viajar tienen capacidad real para afrontar las obligaciones derivadas de estas operaciones. Un ejemplo claro de ello es la Junta de Andalucía, cuyas prioridades políticas en la capital pasan por la ampliación del Metro hasta el entorno del Hospital Civil, con un coste que no bajará de los 220 millones de euros (solo en la parte de infraestructura y estaciones), y el Nuevo Hospital, que antes de salir a concurso ya se acerca a los 500 millones.
Con esta base, queda por ver hasta dónde alcanza la capacidad de colaboración autonómica en operaciones como la de La Rosaleda, estadio del que la Junta es copropietaria, junto al Ayuntamiento y la Diputación. La urgencia de esta intervención es máxima, por cuanto Málaga ha sido elegida como una de las sedes para el Mundial de Fútbol 2030 de España.
La Nueva Rosaleda, cerca de 300 millones
Y ello obliga a ejecutar importantes obras en La Rosaleda para, al menos, ampliar la capacidad hasta alcanzar los 45.000 espectadores, a lo que sumar otro tipo de ajustes. Sin embargo, De la Torre quiere aprovechar el evento y la intervención para acometer una actuación de mucho mayor calado, que podría situar en unos 300 millones el valor final. El objetivo es que el estadio se convierta en centro neurálgico de actividad de la ciudad.
Lo que aquí se apunta sobre la Administración regional es aplicable, en mayor medida si cabe, a la Diputación provincial, no sólo porque su capacidad económica es muy inferior a la del Consistorio y la Junta, sino porque su naturaleza está más vinculada a resolver los problemas y necesidades de los pequeños municipios. De hecho, en el seno de la institución presidida por Francisco Salado, el mensaje es claro.
"La Diputación no puede estar en todos los frentes", afirman fuentes cercanas a la institución, que, pese a ello, inciden en la posición que hasta la fecha ha tenido de colaboración con las actuaciones de la capital, al entender que redundan de manera positiva en el conjunto de la provincia.
En este contexto, las fuentes aseguran que ya se ha comunicado al alcalde la necesidad de "centrar en qué quiere que colabore la Diputación y siempre en función de nuestra disponibilidad presupuestaria".
De las tres operaciones, la que tiene prioridad para la institución supramunicipal es la Nueva Rosaleda, dada su condición de copropietaria. No obstante, ello también dependerá del coste final y de la presencia o no de fondos privados que reduzcan la factura. El que parece descartado es el Plan Litoral, poniéndose en duda la presencia en el Auditorio.
En todos los casos, De la Torre ha sido claro al incidir en la necesidad de buscar fondos no sólo en las arcas públicas (se ignora hasta dónde llegará el Gobierno en cada una de las actuaciones). Y ello implica contar con socios privados dispuestos a aportar dinero. Eso sí, a cambio de algo. La determinación de ese algo es fundamental para garantizar la viabilidad de todas estas propuestas.
Diseño inicial del Auditorio de la Música de Málaga.
En el caso de La Rosaleda, el Ayuntamiento incluso ha activado una consultoría para conocer la verdadera potencialidad del proyecto, al tiempo que para sondear la existencia o no de operadores interesados en la explotación futura de los nuevos espacios planteados.
En lo que al Auditorio se refiere, se ignora cuál sería verdaderamente el elemento de interés del equipamiento cultural (quizás la explotación del aparcamiento que se ejecute o los espacios de restauración que se planeen). Eso más allá de que haya algunas empresas que ya han mostrado su interés en colaborar económicamente.
Y, en cuanto al Plan Málaga Litoral, el más costoso de todos, se viene apuntando desde hace tiempo que una de las fórmulas que permitiría reducir los costes pasaría por dejar en manos privadas la explotación de los espacios comerciales planteados en las nuevas estaciones soterradas (en La Marina y la Explanada de la Estación), así como del aparcamiento subterráneo propuesto en el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, entre otras opciones.
La urgencia de esta iniciativa es menor que las dos anteriores, aunque el deseo del mandatario local es el de poder activar cuanto antes los proyectos constructivos de las diferentes piezas. Entre ellos el que permitirá trazar un túnel de 2,3 kilómetros mediante el que enterrar el tráfico que pasa a diario por el Paseo de los Curas y la Avenida Manuel Agustín Heredia.