Tras semanas de protestas por parte de los 180 trabajadores del hotel Guadalpín Banús de Marbella, la Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso para "garantizar el uso hotelero" del complejo. Se han remitido sendos requerimientos a las partes en litigio por la propiedad y uso del complejo, con la finalidad mantener los puestos de sus 180 trabajadores, "en cumplimiento de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía", según han explicado en un comunicado. 

Este hotel entró en concurso de acreedores en 2009 y desde entonces la plantilla ha sufrido el litigio entre las partes. Actualmente, el Guadalpín Banús cuenta con más de 40 propietarios, entre los que se encuentran los que ahora han vuelto a conseguir el cierre de las zonas comunes: SPV Spain Project 17 y Caja Rural de Granada.

El pasado 11 de julio se ejecutó un desalojo de varias zonas comunes decretado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, a instancias de una parte propietaria (SPV), que afecta a restaurantes, cocina principal del hotel, terrazas y otras zonas comunes donde se desarrolla el servicio de restauración del Hotel Guadalpín Banús, y que perjudica directamente tanto a los 180 trabajadores del establecimiento como a sus clientes.

El ERTE previsto por la empresa explotadora, Grisoma Hotelera, afectará a un 90 por ciento de la plantilla. "Hoteles como el Guadalpín Banús ayudan al turismo de Marbella porque es un símbolo emblemático de la ciudad y ofrece un servicio de cinco estrellas", ha señalado la portavoz del comité de empresa de los trabajadores, Jackeline Largacha.

Previamente y durante los últimos días, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Gemma del Corral, junto a la secretaria general de la delegación, ha mantenido diversas reuniones con el comité de empresa de los empleados del complejo, afectados por el conflicto judicial, así como con las propiedades SPV Spain Project y Caja Rural de Granada, el representante de la comunidad de propietarios y Grisoma Hotelera, que explota el hotel Guadalpín Banús, según han señalado desde la Junta.

Inspecciones 

Asimismo, se han realizado hasta el momento dos inspecciones para la comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de turismo, en las que se ha comprobado que estas fincas desalojadas "se mantienen cerradas y sin destinarlas al obligado uso hotelero expresamente recogido en el citado auto judicial y, por consiguiente, "contraviniendo el principio de unidad de explotación, sin el debido mantenimiento".

Siguiendo lo establecido en la Ley, el principio de unidad de explotación asegura que todas las partes del hotel, incluyendo los servicios de restauración, así como las instalaciones de alojamiento funcionen de manera integrada.

Asimismo, han recordado que en el artículo 41 de la Ley del Turismo se establece que los establecimientos serán gestionados bajo el principio de unidad de explotación, correspondiéndole su administración a una única persona titular.

La unidad de explotación supone la afectación a la prestación del servicio de alojamiento turístico de la totalidad de las unidades integrantes del edificio, o parte independiente y homogénea de la misma, "siendo ejercida la gestión del conjunto por una única empresa titular, en este caso denominada Grisoma".

Por ello, la Junta de Andalucía ha instado, "de un lado a SPV y Caja Rural de Granada, a que destinen los bienes de su propiedad en el complejo hotelero Guadalpín Banús a un uso hotelero".

Por otro lado, se requiere a Grisoma que garantice la prestación "y el buen funcionamiento de los servicios conforme a la categoría del establecimiento".

También se solicita informe del histórico de ocupación durante el último año, de los recursos que sobre este asunto tenga pendientes y de las medidas que estén llevando a cabo para la debida protección de los intereses de trabajadores y clientes.