Pablo (nombre ficticio) tiene 29 años y desde hace casi seis meses apenas duerme. Los frentes se le acumulan; dice que es como si le cayesen desde el cielo enormes y pesadas mantas que, poco a poco, están sepultándolo; que pesan y que no lo dejan levantarse y caminar, avanzar; que lo oprimen y hay momentos en los que ni siquiera puede respirar. Ha pensado en ir al psicólogo, lo ha hablado con algún amigo. “Pero, ¿para qué voy a perder un día en ir a mi médico si lo más que voy a conseguir es que me recete un Lexatin?”, apostilla.

Julia (nombre ficticio) lo hizo hace unos meses. No tuvo elección después de que su cuerpo dijera “hasta aquí” y se desplomara sin avisarla en el trabajo. No era una bajada de tensión ni de azúcar como todos pensaban, era un cuadro severo de ansiedad que acabó por aflorar sin que ella apenas se diera cuenta de que estaba. “Me dieron unas pastillas que me dejaban drogada y una cita para el psicólogo para dentro de más de cuatro meses…”, cuenta.

La situación comenzó a perpetuarse y no le quedó otra, asegura, que ir a una consulta privada. Desde entonces, hace malabares con su sueldo para poder pagarlas “y, en vez de ir cada semana o cada dos como debería, voy una vez al mes y con suerte”.

Es más que probable que estos dos casos no sean representativos de la situación de la salud mental en Málaga, pero sí son sintomáticos de una realidad: la incapacidad que tiene la red pública para darles respuesta.

El Servicio Andaluz de Salud cuenta a día de hoy, según los datos facilitados por la Administración autonómica, con 81 psicólogos y 120 psiquiatras. Son 31 y 19 más, respectivamente, que en 2021, pero números muy por debajo de los estándares necesarios para cubrir la demanda existente.

La realidad es dura y los datos, desproporcionados. En 2022, la red pública andaluza de salud mental atendió a 68.903 malagueños. De media, cada uno de los psicólogos que la integran tuvo que ocuparse de 851 personas. Si se suman los psiquiatras, la media baja hasta los 343 pacientes.

Teniendo en cuenta que en Málaga hay censadas, según el último recuento, 1.717.504 personas, la tasa de cobertura es de 4,7 psicólogos en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes, 11,7 en el caso de los psiquiatras. La media en España es de seis y 11, respectivamente, tres veces menos que la media europea en el primer caso y la mitad que en Francia (23), por ejemplo, en el segundo.

Poner en la balanza estos datos y darles cierto equilibrio es algo que los profesionales llevan años reivindicando, tal y como recuerda Mariela Checa, decana del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao). “Y trabajar no solo en la demanda, sino en la sintomatología. Tardamos demasiado en dar una respuesta”, apunta esta psicóloga.

Miguel Guerrero, coordinador de la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva en Conducta Suicida (UPII Cicerón) de Andalucía, apunta a un doble problema: la falta de recursos y la desigualdad en los que existen. “Cuando hablamos de número de profesionales, no es lo mismo mirar a la capital que al valle del Guadalhorce. Hay que tener en cuenta la distribución”, señala este experto.

Los datos facilitados por la Consejería de Salud no precisan el reparto de psicólogos y psiquiatras, pero sí el de pacientes atendidos. Uno de cada dos casos recayó en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y uno de cada cuatro, en el Regional. Dicho de otra forma, casi el 80% de los pacientes que consiguieron acceder a un psicólogo o psiquiatra de la sanidad pública se concentran en centros de la capital. En el Hospital de La Axarquía atendieron 6.404 casos, en el de Antequera 4.921 y en el de la Serranía de Ronda 2.656.

“Cuando analizamos el suicidio, las mayores tasas de vulnerabilidad están en zonas donde los servicios públicos están muy lejos y poco accesibles”, asegura Guerrero, haciendo especialmente hincapié en que “los problemas de salud mental son un factor de riesgo” y que atajarlos “ayudaría a la prevención”.

En su opinión, la salud mental “ha estado infradotada históricamente y ahora, con el aumento de demanda, se ha visibilizado más la precariedad y las implicaciones que tiene”. En 2021, primero año pospandemia, los casos atendidos en la sanidad pública aumentaron en 8.043. En 2022, crecieron en 6.058.

Estos se corresponden solo con el número de pacientes atendidos, no con el número de consultas realizadas por cada uno de los profesionales disponibles. Esas, con total seguridad, multiplican esta cifra. La duración de un tratamiento psicológico varía tanto como cada caso, aunque, de media, una terapia para tratar problemas de ansiedad comprende unas 10 sesiones.

“Los tiempos no están a la altura”, asegura Checa, que defiende que una cobertura pública insuficiente solo hace “que la salud mental sea un lujo y no derecho”.