El Pleno del Parlament de este jueves ha aprobado la moción presentada por el PSC en la que se insta a las instituciones a situar la perspectiva de género en el centro de las políticas y medidas que se aprueben en el marco de la pandemia, una moción que surgió con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que se iba a sustanciar en el pleno del mes de marzo que finalmente fue suspendido por la crisis sanitaria del Covid-19.
Atendiendo a las peticiones de votación separada, el punto 6 se ha aprobado con 130 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones; también han sido aprobados los puntos 8 y 18 con 69 a favor, 0 en contra y 65 abstenciones. En cambio, el punto 9 de la moción -relativo a la garantía de la presencia de forenses especializados en violencia machista durante el turno de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Catalunya- ha sido rechazado por 33 votos a favor, 65 en contra y 36 abstenciones; y el resto de los puntos han sido aprobados por unanimidad.
La diputada del PSC Beatriz Silva ha incidido en que se trata de una moción "más urgente que nunca" y que no surge exclusivamente por días como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, ya que asegura que la pandemia ha agravado las situaciones de violencia machista y desigualdad ya existentes y que han surgido nuevas realidades.
Ha reprochado al Govern la falta de transparencia en los datos sobre género durante la crisis del coronavirus, y en concreto Silva se ha referido a que no se dispone de las cifras sobre mujeres que han podido acceder a los servicios habitacionales, "mientras que las asociaciones dicen que están recibiendo muchas más llamadas y no tienen cómo gestionarlo".
También ha pedido medidas para las trabajadoras de los sectores profesionales que ya estaban precarizados antes de la crisis, y se ha referido a las Kellys: "Mujeres que en lugares como Lloret de Mar (Barcelona) están recurriendo ahora mismo a los bancos de alimentos y en su respuesta el Govern ni siquiera las mencionó", ha dicho en referencia a la pregunta de su compañero de partido Rafael Bruguera durante la sesión de control al Govern de este 3 de junio.
Desigualdades estructurales
La diputada de Cs Noemí de la Calle ha reprochado al PSC no haber incluído en el redactado las mociones del partido naranja -donde, entre otras, se instaba a incluir la dimensión de género para garantizar la salud en el trabajo o las enmiendas sobre las mujeres con discapacidad y mujeres 'trans'- y pide al PSC dejar a un lado el partidismo cuando concierne a políticas de género: "Lo que ahora queda es un PSC que utiliza estas políticas para confrontar y separar, como vemos cada año con el 8M".
Por los comuns, la diputada Susanna Segovia ha considerado que la emergencia del Covid-19 ha puesto "en evidencia las desigualdades estructurales que obedecen a un sistema machista y capitalista concreto", valora que se está yendo tarde en políticas feministas desde el Govern, y pide combatir con valentía realidades como la feminización de la pobreza.
La diputada de ERC Jenn Díaz ha ido en la línea de sus homólogas al sostener que la pandemia "ha puesto sobre la mesa que los trabajos de cuidados que hacen las mujeres y que no están remunerados ni tienen un valor social ni económico, se han considerado trabajos esenciales" y pide hacer política más allá de la confrontación y avanzar hacia temas más sensibles.
Sistema patriarcal
Por JxCat, la diputada Anna Geli ha contemplado que el confinamiento para algunas mujeres "se ha convertido en un infierno y en una cárcel" y ha recordado que desde el Govern se ha reforzado el teléfono de apoyo a las víctimas de violencia, así como el desarrollo de un WhatsApp de apoyo para facilitar el anonimato de la llamada, y ha apelado a la justicia y a la lucha feminista para evitar la vulneración de los derechos de las mujeres.
La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha manifestado su apoyo a la moción aunque ha remarcado que el texto no ha tenido en cuenta las realidades que han aflorado durante la crisis del Covid-19, y ha señalado como causa de ello a la "fragilidad de un sistema capitalista y patriarcal que condena a las mujeres a la precariedad y la pobreza" y que no se las está poniendo en el primer orden de la agenda política del Govern.
La diputada Esperanza García, del PP, ha acusado a la Generalitat de no estar ejecutando todas las competencias que tiene -reprochando que no se haya reforzado la inspección de trabajo para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres- y ha pedido al Govern aclarar qué recursos propios se destinarán a la lucha contra la violencia machista, así como instaurar las unidades de valoración forense "que ya tienen otras comunidades autónomas".