El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado una decisión histórica en su país: enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y otro por el que se creará un programa para fortalecer la atención integral de la salud en la mujer durante el embarazo. Es una respuesta a las demandas de la "ola verde" que lleva años recorriendo el país denunciado esta violencia contra las mujeres.
"La criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes", expresó el mandatario en un mensaje en video difundido a través de su cuenta de Twitter, en el que lamentó que cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados y 3.000 murieron por esa causa desde 1983.
El aborto será legal, seguro y gratuito. Hasta ahora, en Argentina solo se permitía abortar si el embarazo era fruto de una violación o corría peligro la vida de la madre.
Con esta decisión, Fernández cumple la promesa electoral que contrajo con los colectivos feministas que llevan años pidiendo esta ley y que estuvo a punto de ser aprobado en 2018 pero no logró el visto bueno del Senado.
"Salud Pública"
Fernández remarcó que la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros, y añadió que "no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve", sino que resuelve un problema que afecta a la "salud pública".
La ley establece el aborto libre hasta la semana 14 inclusive y se garantiza que pueda hacerse en centros públicos. De hecho, uno de los pocos reproches que los grupos feministas le hacen a la norma es que siga avalando la cláusula de conciencia de los médicos para poder negarse a practicarlo.
Eso sí, la normativa establece que no podrán negarse a dar tratamiento postaborto a la mujer, como venía ocurriendo, y que acaba provocando heridas irreversibles en las pacientes y hasta la muerte.
Además, no se ha especificado nada sobre las menores, por lo que se asume lo que pone el Código Civil y Comercial y permitirá que puedan optar por un aborto no invasivo sin tener el permiso de los padres o tutores a partir de los 16 años.
"La legalización del aborto permite además, como ocurre en la Ciudad de México y en Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan", indicó, convencido de que brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.
Esa legalización no implicaría, señaló, una carga extra para el sistema de salud, ya que los procedimientos validados internacionalmente son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.
"El debate pues no es decir sí o no al aborto, los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud de Argentina", enfatizó.
También hizo hincapié en que las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas del sistema, al someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica: "Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre", remarcó.
"1.000 días"
El otro proyecto que enviará el Gobierno prevé la creación del "Programa de los 1.000 días", que busca bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición y prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos hasta los 3 años.
Entre otros aspectos, la iniciativa establece nuevas ayudas económicas o extiende las ya existentes, se encara un abordaje especial para la detección de riesgos durante el embarazo y se establece un sistema de alerta temprana de nacimiento y certificado de hechos vitales para el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
"Cumplo así con mi compromiso de enviar ambos proyectos de ley para su debate parlamentario siguiendo las reglas constitucionales. Propongo que hagamos un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático", indicó el jefe de Estado.
Fernández inició su mensaje remarcando que cumple su palabra dada durante la campaña electoral de 2019 y tras asumir la Presidencia a finales de ese año y lo concluyó llamando a que se dé un diálogo respetuoso.
"Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar. Por convicción personal estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley".