El juez Alito, el hombre que podría dejar a miles de mujeres sin derecho al aborto en Estados Unidos

A principios de esta semana, se filtró una opinión firmada por el juez Samuel Alito sobre un importante caso de aborto en Mississippi que podría anular la histórica decisión Roe contra Wade de 1973 que legalizó el aborto en Estados Unidos. 

Durante sus 15 años en el Tercer Circuito de Corte de Apelaciones y 16 en la Corte Suprema estadounidense, Alito se ha conformado como un firme defensor del conservadurismo, lo que le ha valido el apodo de Scalito, haciendo referencia al primer juez italo estadounidense —también conservador— de la Corte Suprema, Antonin Scalia. 

Entre otras cosas, Alito se ha opuesto reiteradamente al aborto y a los derechos del colectivo LGBT, así como ha apoyado la libertad religiosa y el derecho a portar armas. No obstante, su posición no ha sido siempre inamovible y en algunas ocasiones ha votado a favor en algunas cuestiones sensibles.

Un estudiante brillante 

Nacido en Trenton (Nueva Jersey), tuvo ya en casa dos modelos para convertirse después en un estudiante brillante. Su padre, Samuel A. Alito, emigró a Estados Unidos desde Italia cuando sólo era un niño y durante gran parte carrera profesional se desempeñó como profesor y director de la Oficina de Servicios Legislativos de Nueva Jersey. Su madre, Rose F. Fradusco Alito, fue directora y profesora de un colegio. 

Tras graduarse como el mejor de su clase en el instituto, estudió un grado en historia y ciencias políticas en la Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas del país y del mundo. Durante sus años en Princeton, la guerra en Vietnam se intensificó, época en la que miles de estadounidenses fueron reclutados. 

Si bien recibió un número relativamente bajo (el 32)  en el sorteo, Alito decidió unirse al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva y fue comisionado como segundo teniente en la Reserva del Ejército. No obstante, retrasó el inicio del servicio militar hasta después de graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en 1975, donde fue editor del Yale Law Journal, la revista administrada por estudiantes de la universidad, y obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia. 

Alita estuvo en servicio activo durante tres meses recibiendo capacitación como oficial en Fort Gordon (Georgia) y fue ascendido a capitán antes de ser dado de baja con honores en 1980. 

Una carrera meteórica

Tras obtener su título de abogado, trabajó en un bufete de abogados en su natal Trenton y después como secretario del juez Leonard I. Garth en el Tercer Circuito de Cortes de Apelaciones. De 1977 a 1981, trabajó como fiscal federal adjunto para el distrito de Nueva Jersey. 

Tras ello, su carrera como jurista pegó un buen salto. En 1981 se mudó a la capital, Washington D.C., donde se desempeñó en la Administración de Ronald Reagan primero como asistente del procurador general (1981-1985) y después como asistente del fiscal general adjunto (1985-1987), antes de regresar a Nueva Jersey para servir como fiscal general para el distrito de Nueva Jersey durante los siguientes tres años. 

En 1990, Alito fue nominado como juez para el Tercer Circuito de Cortes de Apelaciones por el entonces presidente George H.W. Bush (padre) gracias a las recomendaciones del juez Garth y la jueza Maryanne Trump Barry, con quien trabajó como adjunto del fiscal federal. Fue confirmado por unanimidad por el Senado y ocupó el cargo durante los siguientes 15 años. 

Entonces, Alito inició su camino de oposición frente al aborto. En 1991, en el caso Planned Parenthood contra Casey, Alito fue el único juez disidente en un caso en el que, entre otras cosas, se anuló una ley en el estado de Pensilvania que requería a las mujeres notificar a sus maridos en caso de que deseasen abortar. 

“Algunas mujeres casadas se inclinan inicialmente a abortar sin el conocimiento de sus maridos debido a problemas percibidos, como limitaciones económicas, planes futuros o la oposición previamente expresada por los maridos, que pueden ser obviada por la discusión previa al aborto”, señaló Alito en declaraciones recogidas por CNN.

No obstante, su posición no ha sido siempre inamovible. En el año 2000, en otro caso, Alito votó a favor, junto a otro jueces, de declarar inconstitucional una ley de Nueva Jersey en el cual se prohibían los abortos tardíos. El tribunal señaló que se debían ofrecer excepciones si la salud de la mujer estuviera en serio peligro. 

Conservadurismo en el Tribunal Supremo 

En 2005, con 55 años,  la carrera de Alito llegó a su cénit. El presidente George W. Bush (hijo) propuso su nombre como uno de los candidatos para sustituir a la juez asociada del Tribunal Supremo, Sandra Day O’Connor, que planeaba jubilarse en 2006. 

Su clara postura conservadora fue objeto de un fuerte debate en el Senado. Mientras que los republicanos consideraban primordial las calificaciones profesionales del candidato —Alito tenía lo que muchos conservadores consideran como la formación perfecta: juez, fiscal federal y alto funcionario del Departamento de Justicia—, los demócratas consideraban que también se debía tener en cuenta la ideología política del candidato. 

Un grupo de senadores, entre ellos algunos ilustres como Hillary Clinton, John Kerry o el posterior presidente Barack Obama, se opusieron y trataron de obstruir su nominación, alegando sus posibles decisiones conservadoras. Finalmente, Alito fue confirmado en el cargo en enero de 2006 tras una votación favorable de 58 a 42 votos. 

En el Tribunal Supremo, Alito se ha convertido en un voto confiable en el sector conservador, particularmente en los casos que no se decidían por unanimidad. Uno de los principales ejemplos fue el caso González contra Carhart de 2007, en una votación de 5 contra 4, que confirmó la Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial de 2003. En la cual, según el Tribunal, existe una “incertidumbre [en la comunidad médica] sobre si el procedimiento prohibido es alguna vez necesario para preservar la salud de una mujer”. 

Otros casos notables en los que ha votado a favor han sido los del Distrito de Columbia contra Heller (2008), que estableció que la Segunda Enmienda protege el derecho a poseer armas de fuego, Condado de Shelby contra Holder, que anuló una disposición clave de la Ley de derechos electorales de 1965; o, Citizens United contra la Comisión Electoral Federal, que limitó la capacidad del Congreso para regular los gastos políticos de las corporaciones y los sindicatos. Este último caso condujo a un inusual incidente en el discurso sobre el estado de la Unión del presidente Obama de 2010, en el cual Alito respondió a las críticas del presidente haciendo una mueca y mostrando claros gestos de desacuerdo. 

La Primera Enmienda

Profundamente religioso y católico, su posición frente a la libertad de expresión y el colectivo LGBT son otras de sus posiciones más polémicas.  En 2019, su opinión fue la única disidente en la petición de demanda por difamación del climatólogo Michael Mann contra la revista conservadora National Review, aludiendo a preocupaciones por el cumplimiento de la Primera Enmienda. 

Nuevamente, su posición tampoco ha sido inamovible en este ámbito. En una de sus opiniones más notables, en 2011, Alito se constituyó como el único disidente en un caso en el cual la Iglesia Bautista de Westboro fue demandada por la familia de un infante de la marina cuyo funeral fue interrumpido por las protestas de los miembros de la iglesia, que consideraban que había una tolerancia cada vez mayor a la homosexualidad en Estados Unidos. 

"Nuestro profundo compromiso nacional con el debate libre y abierto no es una licencia para el ataque verbal vicioso que ocurrió en este caso", señaló en su escrito Alito, contraviniendo la decisión del Tribunal en la cual había una prevalencia de la Primera Enmienda a pesar de que el discurso sea interpretado como ofensivo o escandaloso. 

En el ámbito de los derechos LGBT, Alito fue uno de los jueces disidentes del caso Obergefell contra Hodges, mediante el cual se legalizó el matrimonio homosexual en todo el país. En su opinión, el juez mostró una clara posición anti-LGBT, señalando que “hay quienes piensan que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo socavará gravemente la institución del matrimonio, otros piensan que el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo fortalecerá una institución ahora tambaleante”.

Sin embargo, consideraba que nadie podría predecir cuáles serían los efectos a largo plazo de la aceptación generalizada del matrimonio entre personas del mismo sexo y, puesto que "no se recoge" en la Constitución, no debía ser una cuestión que fuera tratada por el Tribunal Supremo.