La cooperación de los países africanos es crucial en la nueva estrategia de la Unión Europea para responder a la crisis de refugiados. La política de puertas abiertas defendida por la canciller alemana, Angela Merkel, ha sido desplazada por un mayor énfasis en el refuerzo del control de las fronteras exteriores. La prioridad ahora es identificar y registrar a las personas que entran de forma irregular con el fin de separar a los que tienen derecho a asilo por huir de guerras como la de Siria, que podrán quedarse, de los inmigrantes económicos, que serán deportados de inmediato a sus países de origen.
Para ello, los ministros del Interior de los 28 han respaldado este jueves un plan de acción cuyo objetivo es acelerar los retornos de ‘sin papeles’. Pero este plan sólo puede llevarse a la práctica si colaboran los países africanos de origen de estos inmigrantes, que deben aceptar readmitirlos. Hasta ahora, esta cooperación ha sido muy limitada. Ese es uno de los factores que explican que sólo el 40% de los inmigrantes irregulares a los que se ordena abandonar la UE, lo hagan, según los datos de Bruselas correspondientes al año 2014. El resto se queda ilegalmente en territorio comunitario.
“Debe utilizarse un equilibrio delicado de incentivos y presión para mejorar la cooperación con terceros países en materia de readmisión y retorno”, señala el texto de conclusiones aprobado por los ministros del Interior. A mayor cooperación, la UE ofrecerá más beneficios a los países africanos “en todas las áreas políticas”. Es el denominado principio de “más por más”. Los estados miembros quieren evitar la imagen de que castigarán a los gobiernos africanos que no acepten a los inmigrantes reduciéndoles la ayuda al desarrollo o las ventajas comerciales. En su lugar, alegan que premiarán a los mejores alumnos.
Sanciones o incentivos
“No llegaremos a soluciones a medio y largo plazo con los países africanos mediante sanciones”, ha sostenido el ministro del Interior luxemburgués, Jean Asselborn, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE. A su juicio, la política “moralmente defendible” consiste en aumentar la ayuda a los gobiernos que acepten los retornos. Por ejemplo, para financiar la formación profesional de las personas repatriadas de manera que puedan encontrar trabajo y perspectivas de vida en su país de origen.
“Elementos de presión que deben utilizarse” según el plan de acción sobre retorno elaborado por la Comisión Europea incluyen:
- la ayuda al desarrollo
- la política de vecindad
- los acuerdos y preferencias comerciales
- la educación (Erasmus Plus)
- la cultura
Otro incentivo que plantea Bruselas para animar a los países africanos a firmar acuerdos de readmisión es negociar en paralelo pactos para eliminar la exigencia de visados, aunque admite que ello no es posible para los países que “generan muchos inmigrantes irregulares y plantean así un riesgo migratorio”. Aunque no se menciona a ninguno en concreto, es lo que ocurre con la mayoría de los países subsaharianos y también con los del norte de África como países de tránsito.
Finalmente, la UE sopesa ofrecer como contrapartida a estos países más oportunidades de inmigración legal, por ejemplo para trabajadores altamente cualificados o para estudiantes e investigadores. Pero el propio Asselborn ha admitido que este es un terreno “política y socialmente muy complicado” para los estados miembros, teniendo en cuenta el auge de los partidos populistas y antiinmigrantes en muchos países.
Cumbre UE- África en noviembre
Los líderes europeos quieren abordar todas estas cuestiones con los países africanos en la cumbre extraordinaria sobre inmigración que se ha convocado en La Valeta, la capital de Malta, los días 11 y 12 de noviembre, a la que está previsto que asistan 85 delegaciones. En paralelo, los ministros han encargado a Bruselas que diseñe, en el plazo de seis meses, “paquetes completos y a medida para usar con los países terceros a fin de resolver los problemas detectados a la hora de aplicar una readmisión efectiva”.
La UE desplegará antes de fin de año funcionarios especializados en inmigración y retorno en delegaciones europeas en países del Norte y centro de África (Egipto, Túnez, Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal, Etiopía y Sudán), Oriente Próximo y Medio (Turquía, Jordania y Líbano), además de Serbia y Pakistán.
En la actualidad, la UE apenas tiene acuerdos de readmisión con los países africanos. Está enredada en interminables negociaciones con Marruecos que se basan en un mandato que se aprobó en el año 2000. Con Argelia, para la que se aprobó un mandato negociador en 2002, las conversaciones todavía no han empezado. Y lo mismo ocurre con Túnez.
Uno de los principales obstáculos para estos acuerdos es que la UE quiere que los países del norte de África no sólo acepten a sus nacionales, sino también a los subsaharianos que los utilizan como lugar de tránsito para llegar a Europa. Algo que Marruecos rechaza. Para desbloquear estas negociaciones, Bruselas quiere hacer valer una disposición del acuerdo de Cotonú, firmado en el año 2000 entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y la UE. El artículo en cuestión obliga a los africanos a readmitir a sus ciudadanos que se encuentran en Europa de forma irregular.
“No es nuevo, este acuerdo existe y hay que presionar para que se aplique de forma eficaz”, defiende la presidencia de turno de la UE.