"Estoy segura de que no hay carretera", respondió Yvonne Fabara, secretaria de Hidrocarburos de Ecuador, cuando le pregunté acerca de las operaciones de una empresa estatal de petróleo en la selva amazónica.
La secretaria se refería a una zona particularmente remota y frágil del Parque Nacional Yasuní, cerca de la frontera con Perú. Con más de 100.000 especies por hectárea, esta reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta.
El parque es el hogar de varios pueblos indígenas, entre ellos dos tribus que viven en aislamiento voluntario. Yasuní también alberga un 20% de los depósitos de petróleo de Ecuador, un recurso que representa casi la mitad de las exportaciones del país.
La extracción de petróleo en esta parte de la selva, llamada Bloque 31, se autorizó con la condición de que no se construyeran carreteras. Pero unas imágenes de satélite publicadas en 2014 revelaron lo que parecía ser un camino que se adentraba 20 kilómetros en el área protegida.
Los geógrafos de la Universidad de Padua en Italia y un investigador de la Asociación para la Conservación del Amazonas descubrieron que se taló la selva para abrir una carretera de una anchura media de 26 metros.
A día de hoy, el Gobierno de Ecuador sostiene que la empresa pública al cargo de la explotación, Petroamazonas, construyó solamente un "sendero ecológico" temporal con el fin de enterrar una línea de flujo, de acuerdo con la licencia ambiental para el área de extracción.
Era una carretera
La secretaria Fabara asegura que el Gobierno controla los métodos empleados por Petroamazonas en esa zona sensible de la selva amazónica. Pero sus afirmaciones las refuta el profesor Massimo de Marchi, experto en desarrollo sostenible y ciencia medioambiental y uno de los autores del informe de 2014.
De Marchi afirma que es casi imposible hacer controles independientes sobre el terreno en Yasuní debido a la lejanía de la selva y a las "típicas actividades militares y de seguridad privada" que rodean a las operaciones petroleras. "El problema es la falta de transparencia", dice De Marchi.
Cartas recientes obtenidas por Reported.ly describen cómo el Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador se negó a dar permiso a dos grupos de observadores para visitar las instalaciones de producción petrolífera alegando al menos en un caso preocupaciones medioambientales.
A finales de 2014, el Gobierno de Ecuador prohibió a una delegación de diputados alemanes visitar el país cuando se descubrió que los diputados planeaban visitar el Parque Nacional Yasuní y reunirse con las personas que se oponen a la extracción.
Al oír que un grupo de jóvenes ecologistas llamados YASunidos se toparon con guardias armados y militares cuando trataban de llegar a la zona a principios de ese mismo año, me decidí a probar y ver aquel sendero por mí misma.
La carretera secreta
Para llegar a la polémica ubicación me embarqué en una travesía al interior de la selva en barco y en canoa por los ríos Napo y Tiputini. Dentro del Parque Nacional Yasuní, miembros de las comunidades locales quechua me ayudaron a atravesar la naturaleza virgen y a alcanzar el llamado Bloque 31, una de las últimas concesiones petroleras por explotar. Los quechuas con los que hablé no quieren ser identificados por temor a represalias.
Durante días, alrededor de nuestra canoa sólo veíamos animales y un follaje denso.
Al acercarnos a la ubicación, un tramo de carretera emergió de las orillas del río. No queríamos encontrarnos con los guardias de seguridad. Por eso pasamos de largo y regresamos después a pie abriéndonos paso con un machete a través de la vegetación. Nuestro avance lento entre la maleza hizo evidente el agudo contraste cuando un enorme claro se abrió ante nosotros.
En cuestión de minutos, unos vehículos se acercaron. El estruendo de un camión pesado ahogó el canto de los insectos y de las aves de la selva tropical. Unos segundos después, un camión más pequeño se aproximó. Ambos nos dejaron atrás desplazándose por una carretera.
Una vía de acceso
Las carreteras afectan al hábitat de la Amazonía más allá de sus propios márgenes. Diversos estudios muestran que las vías de acceso construidas en otras partes del Yasuní y su zona protectora circundante "han facilitado la colonización, la deforestación, la fragmentación, la caza excesiva de animales grandes y la tala ilegal".
"Se acaban perdiendo animales grandes como tapires y pecaríes y especies de aves grandes en un periodo muy corto de tiempo," dice el doctor Kelly Swing, experto en ciencias medioambientales y director de la Estación de Biodiversidad Tiputini, un centro de investigación dentro del Yasuní.
Con el objetivo de preservar la selva tropical, la licencia ambiental de 2007 para el Bloque 31 estipulaba un diseño sin carreteras donde la plataforma petrolífera ("esencialmente una isla en el bosque") se comunicaba con la civilización mediante una flota de barcos y helicópteros como si fuera una explotación en alta mar.
Para transportar el crudo al lugar donde se procesa, el acceso sin caminos se combina con un oleoducto subterráneo. Esto requiere un sendero temporal para enterrar el conducto antes de restaurar la geografía original.
Este método es mucho más costoso que construir una carretera de acceso, pero se considera el más adecuado en entornos sensibles como el del Yasuní. "No hay necesidad de tener una carretera allí", confirma la secretaria Fabara. "Absolutamente ninguna necesidad".
La licencia medioambiental de 2007 permitía que el "sendero ecológico" tuviera una anchura máxima de 4,5 metros y un claro total de no más de 10 metros entre árbol y árbol. La empresa Petroamazonas heredó el acuerdo cuando se hizo cargo de la concesión de explotación de la empresa brasileña Petrobras en 2009. Dos años después, se le permitió aumentar la anchura de paso a un máximo de 14 metros.
El punto del claro más ancho que filmé era de unos 30 metros, más del doble de ancho que el especificado en la licencia de 2011 y casi tres veces más que el de la licencia de 2007. Las imágenes de satélite muestran segmentos de la carretera donde el claro es mucho más amplio.
Una selva en 100 años
"Una vez que [el conducto] está enterrado, no necesita tener nada en la superficie", dice la secretaria Fabara durante nuestra conversación en Quito. "Usted acaba de reconstruir cualquier daño que hizo y éste simplemente se evapora."
Ninguno de los expertos entrevistados por Reported.ly conoce una vía de acceso en Yasuní que se "evaporara" o que fuera repoblada después.
"Si esperamos 100 años, tal vez podamos tener una selva," dice el profesor De Marchi, co-autor del informe de la Universidad de Padua. "Pero el problema es que es una gran inversión. Por lo tanto, donde se tiene una carretera, se mejora la infrastructura, se abren nuevos caminos. Es absurdo cerrar una carretera. Cuando se abre el primer corte, es imposible volver atrás".
La morfología del claro ha cambiado profundamente y difiere de las fotos que muestran los documentos oficiales. El vídeo muestra que se usaron materiales de construcción ajenos a la selva como grava compactada y que se introdujeron para construir la superficie de la carretera.
"Tuvieron que recortar la parte superior de la colina para tener menos pendiente para los vehículos", apunta al ver el vídeo el doctor Francesco Ferrarese, experto geógrafo en la Universidad de Padua. "Creo que esto es muy interesante, ya que es difícil restaurar la morfología original".
Perforando más
La carretera del Bloque 31 es importante por su localización estratégica. Se encuentra justo al lado del último bloque petrolero virgen del Yasuní, que hasta hace poco había estado fuera del alcance de las operaciones petrolíferas. Ese territorio se conoce como el Bloque 43 o Bloque ITT, abreviatura de los campos petroleros de Ishpingo, Tiputini y Tambococha que se hallan dentro de sus límites.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, abandonó una iniciativa importante para no tocar el petróleo en agosto de 2013. Esa decisión allanó el camino para extender la extracción en los campos petroleros del Bloque ITT.
En abril de 2014, el Gobierno de Correa rechazó dos tercios de las 756.000 firmas recogidas por los ecologistas YASunidos para forzar la celebración de un referéndum sobre el asunto. Los permisos que permitían perforar a Petroamazonas se firmaron un mes después. A la empresa se le ha concedido una nueva licencia para perforar a partir de 2016.
Al igual que en el Bloque 31, la expansión llegó de la mano de promesas de utilizar "tecnología punta" para mitigar cualquier impacto. Pero una conferencia de ingenieros que se celebró en Quito en 2014 se enteró de "la posibilidad de ampliar las carreteras" a ITT, según dijo al Guardian Bill Powers, ingeniero jefe de una consultora con sede en Estados Unidos.
En su presentación en la conferencia, un representante de la empresa ecuatoriana de servicios petroleros SERTECPET planteó abrir accesos por carretera al Bloque 43 través del vecino Bloque 31.
Un representante de Petroamazonas que habló en el congreso "fue bastante sincero y directo sobre el hecho de que era más barato poner una carretera que depender de helicópteros" y dijo que "no tenían la intención de aplicar la misma filosofía de desarrollo en ITT", asegura Powers.
El ministro ecuatoriano de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, dijo que "el transporte de materiales se hará en helicóptero y por el río".
Dinero por petróleo
El asunto del Parque Nacional Yasuní ha generado polémica en Ecuador.
Entre otras cosas porque el país es miembro de la OPEP y depende de las exportaciones de crudo. Los recursos del petróleo son de propiedad del Estado y, dependiendo de las fluctuaciones del mercado, generan alrededor de la mitad de todos los ingresos por exportaciones.
Desde el impago de su deuda en 2008, Ecuador ha dependido en gran medida de préstamos chinos que están ligados a exportaciones de petróleo y a proyectos que involucran a empresas del país asiático.
Los altos precios del crudo permitieron aumentar el gasto público en infraestructuras, Sanidad y educación. Pero cuatro décadas de operaciones petroleras han dejado a los ecuatorianos divididos sobre las bondades y los perjuicios de esta industria. Para quienes viven en las zonas afectadas, el impacto del petróleo es imposible de ignorar.
Después de dos décadas de denuncias contra la empresa Chevron, poco se ha hecho para limpiar los restos de lodo tóxico y crudo que contaminaron una zona de selva virgen al norte de Yasuní.
Un documental de Vice desveló que Chevron intentó encubrir el daño ambiental buscando deliberadamente muestras de suelo no contaminado.
El director de asuntos públicos de Chevron, Morgan Crinklaw, desmintió las acusaciones y dijo que el trabajo de muestreo no se había llevado a cabo de manera incorrecta. En un ejemplo más reciente, miles de barriles de crudo se derramaron en el río Aguarico después de que un oleoducto de Petroamazonas se rompiera en julio de 2014.
"Las empresas petroleras hacen muchas cosas, incluso antes de que llegue el momento de extraer petróleo", explica el doctor Swing. "Cualquier operación petrolera involucra a miles de trabajadores. Estamos hablando de desarrollar pequeñas ciudades en diferentes puntos de la selva. Solemos pensar en eso como un aspecto menor, pero ésos son impactos que se producen día tras día durante años, lo que tiene un efecto crónico sobre el medio ambiente”.
Esos cambios drásticos siguen afectando a las comunidades indígenas, algunas de las cuales eligen vivir en aislamiento voluntario en lo que queda de la selva virgen. Muchos luchan contra las operaciones petroleras desde hace años.
"La gente a la que nos oponemos nos dice: 'Si continúas, serás perseguido'", dice un residente de Yasuní. "Esta lucha no es por mí ni por mis padres ni por mis abuelos. Es por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Para que no tengan que vivir en un ambiente contaminado. De lo contrario, ¿qué se supone que tenemos que decirles? ¿Que están sufriendo a causa de las obras de sus padres?".
Un líder autoritario
El presidente Correa ha tomado medidas contradictorias durante sus años en el poder. Protege a Julian Assange en su embajada en Londres pero a la vez recorta la libertad de prensa en su país.
En 2008, inició la primera constitución que ponía los "derechos de la naturaleza" en una situación legal similar a los derechos humanos. Pero impulsó una ofensiva contra las ONG que cerró Pachamama, una organización que defendía esos mismos derechos y que se había opuesto públicamente a la expansión de la extracción de petróleo en la Amazonía.
La lucha medioambiental se ha visto exacerbada por lo que Freedom House identificó como un "patrón de castigo contra las voces críticas" y una "tendencia a la baja" en la libertad de expresión.
Documentos internos filtrados por los servicios de inteligencia de Ecuador indican que "espías vigilaban a grupos políticos e individuos que buscaban conservar la selva", según John Vidal, responsable de medio ambiente del Guardian. Correa se gastó millones del presupuesto de inteligencia de Ecuador "para borrar el contenido crítico contra él y la primera dama", según Buzzfeed.
Fruto directo de esa retórica es la mano dura del Gobierno contra los ecologistas. "La lucha de la justicia ambiental está ahora ligada a la democracia", dice Ivonne Yáñez, directora de la ONG Acción Ecológica. "Este Gobierno acusa a los líderes indígenas de ser terroristas y criminaliza a los jóvenes por protestar contra sus políticas medioambientales".
Nina Bigalke ha trabajado como reportera para la BBC, Al Jazeera, Cannel 4 y el 'Guardian'. Ahora trabaja para AP Television News. Su cuenta de Twitter es @NinaBigalke. Esta historia la publicó primero en inglés el medio digital 'Reported.ly'.