“No basta con declaraciones o promesas. Hay que pasar de las palabras a los hechos”, ha reclamado este miércoles en la Eurocámara el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Es un aviso dirigido a los jefes de Estado y de Gobierno de los 28, que celebran mañana una nueva cumbre, la cuarta dedicada a la crisis de los refugiados en los últimos meses, sin apenas avances en la puesta en marcha de las decisiones ya adoptadas.
En la anterior reunión, el 23 de septiembre, los líderes europeos prometieron enviar expertos nacionales a la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) para reforzar su plantilla. También acordaron aumentar de inmediato la ayuda humanitaria a Siria, Turquía y demás países de la región con el fin de frenar el flujo de refugiados hacia Europa. Y respaldaron el reparto entre los estados miembros de 160.000 refugiados llegados a Grecia e Italia para aliviar la presión sobre estos dos países. Tres semanas después, apenas ha habido avances en ninguno de los frentes.
“La Comisión está preocupada por la brecha entre lo que se acordó en septiembre y lo que se ha puesto sobre la mesa hasta ahora”, ha dicho su vicepresidente primero, Frans Timmermans. De los 775 expertos que reclamó Frontex para desplegar en las fronteras exteriores de la UE y asistir a Italia y Grecia, los estados miembros sólo han enviado a 48 guardias de frontera. Entre ellos, ningún español, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy ya se ha comprometido a proporcionar 50 policías y funcionarios del ministerio de Empleo. La Oficina Europea de Asilo también pidió un refuerzo de plantilla de 374 personas. Únicamente 6 países, entre ellos España, han respondido a la solicitud con 34 personas, según un informe publicado por el Ejecutivo comunitario.
En cuanto a la ayuda humanitaria, Bruselas pidió en septiembre a las capitales que pusieran de sus presupuestos nacionales un total de 2.800 millones de euros. Pero hasta ahora los estados miembros sólo han aportado 292 millones. Alemania y Reino Unido han sido los principales contribuyentes, mientras que España ha donado 6,5 millones. En contraste, el Ejecutivo comunitario sí que ha movilizado otros 2.800 millones de euros del presupuesto de la UE. Este dinero iba a destinarse al Programa Alimentario Mundial, al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, a un fondo específico para Siria y a otro fondo para frenar la salida de inmigrantes de África.
Por lo que se refiere al reparto de demandantes de asilo, de momento sólo se ha trasladado a Suecia a un grupo de 19 eritreos desde Italia. La semana que viene está previsto que llegue a España el primer grupo de refugiados distribuidos por la UE. En total, se trata de un centenar de personas, la mayoría eritreos, que se encuentran en Italia, y que se repartirán por España, Portugal, Francia, Alemania y Finlandia. Es decir, todavía una ínfima parte de los 160.000 acordados. La lentitud del proceso se debe a los problemas para poner en marcha en Italia y Grecia los centros de registro, en los que debe identificarse y tomar las huellas de los inmigrantes. Pero además, de momento sólo 6 países han notificado a Bruselas las plazas que tienen disponibles para relocalizaciones inmediatas.
“Todos los Estados miembros deben proporcionar a la Comisión compromisos claros por lo que se refiere al número de personas que relocalizarán de aquí a final de año, teniendo en cuenta la urgencia del reto”, señala el informe del Ejecutivo comunitario. España ya ha informado de que tiene 50 plazas disponibles de forma inmediata. Su cuota total asignada por la UE asciende a 16.300 personas.
Tampoco hay grandes avances en el programa que se aprobó en julio para trasladar a 20.000 refugiados que se encuentran en África y Oriente Próximo y distribuirlos entre los países de la UE. Sólo se ha reasentado a 132 sirios en Italia (96), Liechtenstein (20) y República Checa (16).
Los Gobiernos se defienden de las críticas alegando que la Comisión era “extremadamente optimista” cuando fijó el calendario de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de los refugiados. “Probablemente, los estados miembros tenemos parte de culpa, pero las expectativas de la Comisión no eran realistas”, señala un diplomático europeo, que admite “frustración” por la lentitud de los procedimientos.