La crisis de deuda aceleró como nunca antes la integración de la eurozona, con iniciativas como la unión bancaria o el refuerzo del control de la UE sobre los presupuestos nacionales. España lo acaba de experimentar con las críticas de Bruselas a las cuentas de Mariano Rajoy de 2016. Pero con el regreso de la calma ha desaparecido el apetito por más reformas. Ahora la emergencia está en la crisis de refugiados. La Comisión Europea acaba de presentar un paquete de medidas para profundizar la unión económica y monetaria (UEM) que sólo incluye iniciativas cosméticas y aplaza indefinidamente los grandes cambios.
“En algún momento necesitaremos medidas de más alcance para completar la UEM, que exigirán cambios en el Tratado”, aseguró el vicepresidente económico de la Comisión, el conservador letón Valdis Dombrovskis, el pasado miércoles durante la rueda de prensa en la que hizo públicas sus propuestas. No obstante, Dombrovskis admitió que la división entre los estados miembros dificulta cualquier avance.
“Está claro que las ambiciones para reforzar la unión económica y monetaria varían dentro de la UE. Algunos quieren avanzar mucho más rápido, mientras que otros quieren ir lentamente. Algunos quieren hacer cambios dramáticos en nuestras reglas que exigirían una reforma de los Tratados. Otros prefieren basarse en estructuras que ya existen”, admitió el vicepresidente de la Comisión.
El diagnóstico de Bruselas es en todo caso inquietante. La unión monetaria “sigue incompleta” y persiste una “significativa divergencia” entre los resultados de los estados miembros. Todavía hay 18 millones de parados y más de un 20% de la población está en riesgo de exclusión social. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha reclamado reiteradamente un “gran salto” de integración en la eurozona. Y el ministro francés de Economía, Emmanuel Macron, ha avisado de que sin cambios la eurozona no sobrevivirá.
Estas primeras medidas que presenta Bruselas responden precisamente al denominado Informe de los Cinco Presidentes sobre cómo reforzar la eurozona. El estudio, publicado en julio, fue elaborado por Draghi y los máximos responsables de la Comisión, Jean-Claude Juncker; el Consejo Europeo, Donald Tusk; el Eurogrupo, Jeroen Dijssebloem; y el Parlamento, Martin Schulz.
Alemania, contra un sistema común
Pero una vez más, es Alemania la que marca el ritmo. Y la que ha boicoteado la única iniciativa ambiciosa que plantea el Ejecutivo comunitario a corto plazo. Berlín se empleó a fondo en la cumbre del pasado 15 de octubre para suprimir un párrafo aparentemente inocuo de las conclusiones, que apelaba a la “urgencia” de completar la unión bancaria. Y logró que desapareciera del texto final aprobado por los jefes de estado y de gobierno.
Lo que está en juego es la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos bancarios. Se trata de que los ciudadanos tengan confianza en que sus ahorros de hasta 100.000 euros están seguros independientemente del estado miembro en el que vivan, con el fin de evitar fugas de depósitos. Esta garantía de depósitos común es el tercer pilar que finalizaría la unión bancaria. El primer pilar es la supervisión única que ejerce el BCE desde el 4 de noviembre de 2014. El segundo, el mecanismo y el fondo único de resolución y liquidación de bancos en crisis, que empezarán a funcionar el 1 de enero de 2016.
Pero el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, considera “inaceptable” asumir los riesgos del resto de países de la UE, como hizo constar en un documento enviado al Eurogrupo. Pese a ello, el Ejecutivo comunitario sigue adelante con sus planes y antes de fin de año presentará su propuesta legislativa, que mantendrá los sistemas nacionales y se basará en un sistema de “reaseguro”. Dombrovskis ha asegurado que tendrá en cuenta las preocupaciones de Berlín y la cuestión del “riesgo moral”.
La silla única en el FMI se retrasa hasta 2025
La Comisión Europea también ha descafeinado al máximo otra de sus iniciativas emblemáticas, lograr que la eurozona tenga una representación única en los foros económicos y financieros internacionales. Es algo que Bruselas lleva defendiendo desde hace décadas. De hecho, su anterior propuesta en este sentido data de 1998. Alega que ello reforzaría el peso del euro en la escena mundial frente a otras monedas como el dólar.
Pero que los grandes países como Alemania o Francia bloquean porque no quieren perder sus sillas en los organismos internacionales. Para superar esta oposición, el Ejecutivo comunitario ha planteado ahora un itinerario por fases que se prolongará hasta 2025. Sólo entonces, el presidente del Eurogrupo se convertirá en la voz única de la eurozona en el Fondo Monetario Internacional. De otros foros como el G-20 ni se habla.
Por lo demás, las medidas presentadas por Bruselas parecen más orientadas a aumentar la burocracia que otra cosa. La Comisión pide a los estados miembros que pongan en marcha consejos nacionales de competitividad independientes, cuya función será examinar la evolución de precios y salarios. También creará un consejo fiscal europeo, equivalente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que puso en marcha España a petición de la UE. Su función será asesorar sobre la política fiscal adecuada para la eurozona en su conjunto.
Las iniciativas de más calado, como la creación de un presupuesto de la eurozona, un Tesoro europeo o euroletras y eurobonos, se aparcan de momento como mínimo hasta finales de 2017. A mediados de 2016, Bruselas creará un grupo de expertos para examinar los requisitos legales, económicos y políticos sobre las propuestas a más largo plazo. Y en primavera de 2017 se presentará un libro blanco con los primeros planes concretos.