Desde hace meses, diferentes organizaciones trabajan en la elaboración de proyectos para una ley de amnistía que beneficie a los perseguidos políticos en Venezuela. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha prometido este instrumento legal como primera iniciativa una vez se instale el nuevo parlamento el 5 de enero.
La sólida mayoría conseguida por la disidencia le permitirá aprobar esta y otras leyes, a pesar de la negativa anunciada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha hecho un llamamiento a sus seguidores a que lo acompañen en esta postura. El enfrentamiento que se avecina entre el Ejecutivo y el Legislativo es “una mala noticia”, en opinión de Nizar El Fakih, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
“Lejos de plantear esto como un tema que colabore con la polarización, se debería convocar a abrir los canales de comunicación”, ha reflexionado el abogado. Para él la discusión sobre este tema es “vital” para que el país pueda seguir adelante y para que pueda haber entendimiento. De no llegar a un acuerdo, El Fakih considera que se mantendrá “una de las grandes dificultades” que afectan a los derechos humanos y los derechos fundamentales de los venezolanos.
El constitucionalista Jesús Silva ya ha advertido que un conflicto por la ley de amnistía podría terminar en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. También ha valorado este “choque de poderes” como algo negativo y que puede agudizar la polarización en un país donde chavistas y opositores han colmado la escena política, sin que otras alternativas tengan cabida.
Si bien el especialista ha afirmado que la Asamblea Nacional puede decretar amnistías, ha destacado algunas limitaciones: los aspirantes al beneficio no pueden estar relacionados a violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad ni a corrupción, según establece la Constitución venezolana.
Por eso es que Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, insiste en la importancia de que la redacción de este instrumento sea “muy detallista y técnica, para no exculpar a personas que sean violadores de derechos humanos” y evitar que personas que no deben ser amnistiadas estén entre los beneficiados.
“La amnistía no se trata de casos específicos, como el de Leopoldo López, por ejemplo, sino de situaciones. Una situación que hay que incluir es el de las personas detenidas por manifestación pacífica en el año 2014”, ha explicado Romero. El reto, en esos casos, es saber qué incluir y qué excluir.
En el proyecto de Foro Penal se incluye la amnistía en tres tipos de casos: para los que tienen procesos pendientes y restricciones, entre ellas los exiliados; para los que están tras las rejas, que según sus estimaciones son 75; y personas que tienen procesos, inclusive de carácter administrativo, que son perseguidas políticamente. Su estimación es que existen en total más de cinco mil casos.
Delsa Solórzano, diputada de la MUD, estima, que en el país existen 80 “presos políticos”. Para la Red de Apoyo de Derechos Humanos Vente Venezuela la lista la componen 90 detenidos, de los cuales 11 tienen medida de “casa por cárcel”. El manejo de las distintas cifras tiene que ver con la interpretación que cada organización hace. Por eso el abogado Nizar El Fakih advierte que existe una serie de consideraciones que hay que conciliar y discutir.
Se tiene previsto que a partir del próximo 15 de diciembre se presenten las diferentes consultas y propuestas para la redacción definitiva del proyecto que debe ser discutido en la Asamblea Nacional.
Una de las propuestas es la creación de una comisión de la verdad que investigue “las situaciones en las cuales no se ha hecho justicia”, ha puntualizado Romero. Tamara Adrián, abogada y diputada recién electa, ha dicho que esa comisión debe investigar casos actuales, pero también ocurridos en los últimas décadas del siglo pasado para que la sociedad pueda “cerrar heridas”.
Discriminación y hostigamiento laboral
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha emitido un comunicado en el que alerta sobre casos de hostigamiento y discriminación a trabajadores de instituciones públicas, tras la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias.
“Cuando al mal agradecido se le olvida quién le ayudó, la miseria le refresca la memoria”, es la frase que se ha repetido en pancartas y como fondo de pantalla en los ordenadores de la Fundación Nacional El Niño Simón, a cargo de Carolina Cestari, que también dirige el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo.
Provea ha remitido las denuncias hechas por los trabajadores a la Vicepresidencia del país y ha recordado que los actos de discriminación laboral por razones políticas “están expresamente prohibidos en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución”.
La organización también ha recibido denuncias de trabajadores del Ministerio de Educación, de la empresa eléctrica estatal Corpoelec, y de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, entre otras.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, ha calificado estos episodios como una práctica muy grave, violatoria de los derechos humanos. “Estamos ante una situación generalizada de discriminación por razones políticas. Al promover estos mensajes de exclusión se abren las puertas para que sea existan abusos”.