Después de la derrota electoral en las parlamentarias venezolanas, el chavismo ha pasado al ataque. La ofensiva parece la táctica empleada para rearmar sus filas, descompuestas por la magnitud de un revés inesperado para la cúpula oficial, a pesar de que todos los sondeos asomaban una victoria de la opositora Mesa de la Unidad. La poderosa maquinaria electoral de la “revolución bolivariana” fue derrotada por la masiva participación en las urnas. Algo nunca visto.
Si bien la primera reacción del presidente Nicolás Maduro fue aceptar los resultados, desde entonces mucho ha cambiado en su postura, que en estos días se parece más al “como sea” con el que había anunciado durante la campaña que iba a ganar las elecciones.
Maduro al principio habló de rectificar, de hacer los ajustes necesarios, de un “renacer revolucionario” al reconocer los resultados. Incluso pidió que sus ministros pusieran sus cargos a la orden. Pero ahora hace énfasis en que no habrá diálogo con una oposición que conformará una “asamblea burguesa”. Incluso ha sembrado la duda en lo que hasta hace unos días era calificado por él como el “mejor sistema electoral del mundo”.
Maduro ha dicho que las filas revolucionarias sufrieron un “golpe electoral” y ha pedido que se investiguen los votos nulos que, según sus cuentas, fueron un millón y medio. Pero los datos ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral lo contradicen: se contabilizaron 686.119 votos en blanco, un 6,41% del total.
Si bien la cifra es la más alta en la historia electoral reciente, tanto los técnicos de la MUD como los del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizaron auditorías al sistema y nunca presentaron observaciones, tal como lo resalta el periodista Eugenio Martínez, especialista en los procesos electorales venezolanos. El voto en blanco puede ser accidental, al no usar bien la máquina de votación, o también deliberado para mostrar desacuerdo con la oferta electoral.
El próximo movimiento que pretende hacer el oficialismo, según ha trascendido, es impugnar ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a 26 diputados de la oposición electos el pasado 6 de diciembre, a pesar de que ante el CNE no se ha realizado ningún reclamo. La idea es buscar la forma de que la oposición pierda las facultades constitucionales que le da tener una “súper mayoría” en la Asamblea. Convocar una Constituyente, por ejemplo.
Jesús 'Chúo' Torrealba, secretario general de la coalición de partidos opositores, ha dicho que a pesar de cualquier movimiento gubernamental, sus 112 parlamentarios ya han sido proclamados por el Poder Electoral: “Todos nuestros legisladores tienen sus credenciales y copias de las actas”.
La ofensiva parlamentaria
Desde la Asamblea Nacional saliente, de mayoría simple chavista, también se pretende dar un giro a la situación adversa. El ataque también es la receta. Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, ha dicho que trabajarán hasta el último minuto. Y lo ha dicho en serio.
Si bien la Constitución venezolana establece que las sesiones ordinarias de la AN son hasta el 15 de diciembre, el PSUV ha convocado a tres sesiones extraordinarias para nombrar a 12 magistrados del Tribunal Supremo en una designación a última hora, que según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello no sería legal porque no respecta los lapsos que establece la ley.
Con la designación de esta docena de magistrados el partido de gobierno pretende blindar al máximo tribunal del país con jueces muy cercanos. La actual canciller, Delsy Rodríguez; el diputado oficialista Elvis Amoroso; y el cónsul de Venezuela en Nueva York, Calixto Ortega, son algunos de los favoritos para ocupar las vacantes.
Cabello, número dos del chavismo, ha instalado también un Parlamento Comunal Nacional (PCN), al margen de la ley, en los espacios habituales del Poder Legislativo. Una muestra de confrontación que no ha dado en el blanco.
Desde la MUD han llamado a sus partidarios a no caer en provocaciones, han calificado al PCN como una “patada de ahogado” del PSUV. Piden responder con serenidad ante el “comportamiento hostil del régimen” y aseguran que actuarán con “serenidad y firmeza” ante los intentos de desconocer la voluntad del ciudadano.