Quién es quién en el conflicto institucional venezolano

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, buscará una forma “constitucional” de sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. El chavismo, por su parte, torpedea al Parlamento desde la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y ha solicitado el respaldo de otros poderes públicos, mientras el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado sobre las impugnaciones hechas a algunos de sus resultados oficiales. Y los militares, siempre los militares, un día parecen institucionales y otro declaran a viva voz su subordinación a la “revolución bolivariana”.

El complejo escenario que vive el país suramericano, en medio de una intensa crisis económica, hace prever que la conflictividad crecerá con el paso de los días. Mientras tanto, la gente sigue haciendo largas filas para conseguir productos de primera necesidad y trata de rendir los sueldos que, producto de la inflación más alta del mundo, apenas alcanza para lo básico.

Veamos, uno a uno, a los principales actores dentro del juego político dentro del país con las mayores reservas de petróleo del mundo para tratar de entender la dimensión de la lucha institucional.

1. El Poder Ejecutivo (chavista)

Desde diciembre de 1998 la “revolución bolivariana” ha estado al frente de la presidencia, primero con Hugo Chávez al frente y, después de su muerte, con Nicolás Maduro en el liderazgo. Petróleos de Venezuela, la principal empresa del país, es manejada desde el Ejecutivo, poder que ha tenido gran influencia en los otros cuatro que establece la Constitución y que es el encargado de administrar los recursos de la nación que por concepto de renta petrolera han sobrepasado el millón de millones de dólares en los últimos años. El equivalente a más de siete planes Marshall, con los que se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

A. Maduro, el presidente impopular

Nicolás Maduro llegó al Palacio de Miraflores en 2013, tras la muerte de Chávez. Maduro derrotó a Henrique Capriles en unos comicios muy cerrados (1,5% de diferencia). Desde entonces la popularidad del Presidente ha ido en descenso, hasta rozar el 20% de aceptación, según los sondeos. La percepción general es que su manejo de la crisis económica no ha sido acertado y no ha podido combatir la corrupción. En 2016, justo a la mitad del período constitucional, su mandato puede ser revocado en votación popular.

B. Istúriz, un vicepresidente con fuerza

Aristóbulo Istúriz es un hombre con recorrido en la política venezolana. Cuando Hugo Chávez dio un golpe militar en 1992, Istúriz era diputado del Congreso y fue uno de los pocos en leer lo que sucedía en el país: el modelo gobernante estaba agotado, la gente quería un cambio. Su discurso ante aquel Parlamento lo catapultó hasta conseguir pocos meses la Alcaldía de Caracas. Con el tiempo se fue acercando al chavismo, hasta convertirse en ministro de Educación de Chávez. Ahora, en una situación de quiebre muy similar a la vivida hace dos décadas, Istúriz también ha levantado la voz para pedir rectificación en el rumbo de la “revolución”. Eso le ha valido para que Maduro lo nombre como su nuevo vicepresidente, el segundo en el mando, con experiencia suficiente para navegar en un año que será turbulento.

C. El gabinete económico, con un reto descomunal

El gabinete económico de Maduro ha fracasado en su función de superar la crisis. Durante años desde el Ejecutivo se ha dicho que la “guerra económica” es la responsable de la inflación desbordada y el desabastecimiento. Los detractores de esta teoría han criticado los controles estrictos a la producción y el control cambiario. En el momento más delicado de su gestión, el Presidente apuesta por seguir con las mismas políticas y para ello ha llamado a Luis Salas, sociólogo de 39 años, para que esté al frente del recién creado Ministerio de Economía Productiva. Salas es uno de los ideólogos de la “guerra económica”.

2. El Poder Legislativo (de mayoría opositora)

Por primera vez desde que entró en vigencia la Constitución de 1999, uno de los poderes públicos está en manos de la oposición. Y no es uno cualquiera. La Carta Magna venezolana da atribuciones inusuales al Parlamento, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Es el poder más robusto. La oposición, que consiguió una mayoría de dos terceras partes de la cámara (112 diputados), ha visto como esa superioridad ha sido socavada por el oficialismo. El chavismo ha impugnado las elecciones en el estado Amazonas ante la Sala Electora del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que tres de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática están suspendidos preventivamente por el máximo tribunal del país, decisión que la oposición se niega a acatar por considerarla “írrita”.

A. Ramos Allup, dispuesto a la pelea

Henry Ramos Allup ha sido elegido para encabezar el Parlamento durante el primer año de la legislatura. Ramos es un hombre con recorrido y también polémico, que conoce la política venezolana. Como dirigente de Acción Democrática, ha sido congresista en cuatro oportunidades. Los opositores esperan que él pueda enfrentar al Ejecutivo. Su cargo lo ubica como tercero en la línea de mando. Sería el Presidente en caso de falta absoluta de Maduro e Istúriz.

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional. M. Bello Reuters

B. Julio Borges, diálogo y mesura

Borges representa a Primero Justicia, el partido opositor que más diputados consiguió en las elecciones del 6 de diciembre de 2015. Con un perfil más bajo que Ramos Allup, Borges tiene imagen de conciliador y se le conoce como uno de los negociadores tras bastidores.

C. Héctor Rodríguez, las responsabilidades de un diputado novato

Rodríguez se estrena como jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela en un momento álgido. El joven dirigente del chavismo tiene que aprender rápido la dinámica en la Asamblea, donde otros diputados más experimentados se manejan a sus anchas.

D. Cabello, cada vez con menos influencia

Diosdado Cabello ha pasado de ser el número dos de la “revolución bolivariana” a perder espacios en muy poco tiempo. Fue el presidente del Parlamento en los últimos años, tuvo a sus allegados en puestos clave dentro del Gabinete, influencia en la Fuerza Armada y dentro del partido oficial. Pero 2015 fue un año para el olvido para Cabello que, tras perder las elecciones, ha visto como su margen de maniobra ha disminuido.

3. El Poder Judicial (de mayoría chavista)

El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por 32 magistrados y es el máximo órgano del sistema judicial venezolano. Su presidenta es Gladys Gutiérrez y el vicepresidente es Maikel Moreno, muy vinculado a Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores. El Tribunal está dividido en 6 salas (Constitucional, Político-administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Social y Casación Penal) que se dividen el trabajo según sus competencias. Es el TSJ el encargado de declarar si hay, o no, mérito para enjuiciar al Presidente, Vicepresidente, diputados, ministros, entre otros grandes cargos. También dirime controversias y conflictos.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutierrez. ReutersC. G. Rawlins

Recientemente, 13 de sus magistrados fueron jubilados antes de tiempo, en una maniobra que la oposición ha denunciado. A estos jueces se les vencía el período en 2016, por lo que su nombramiento quedaba a cargo del nuevo Parlamento, que entró en funciones el 5 de enero. Pero al declararse la vacante, la anterior legislatura, de mayoría chavista, procedió a nombrar a 13 nuevos magistrados, sin cumplir con los plazos y requisitos establecidos por las leyes. Estos nombramientos se dieron en sesiones extraordinarias convocadas después de conocidos los resultados electorales que dieron mayoría parlamentaria a la oposición y luego que la propia Asamblea Nacional entrara en receso de fin de año.

A. La Sala Electoral, un reducto oficialista

Fanny Márquez Cordero y Christian Zerpa fueron nombrados magistrados de la Sala Electoral en los últimos días de funcionamiento de la antigua Asamblea Nacional. Ambos jueces están vinculados con el chavismo. Márquez Cordero fue funcionaria de Nicolás Maduro en el área tributaria y, más recientemente en el órgano de administración de divisas. Zerpa fue diputado en la legislatura que acaba de terminar. Esta Sala, con ponencia de Zerpa, es la que admitió el recurso del Psuv para impugnar las elecciones del estado Amazonas.

B. La Sala Constitucional, también blindada

Calixto Ortega, Luis Damiani Bustillos y Lourdes Suárez Anderson son también parte de los “magistrados exprés” nombrados por el chavismo en los últimos días de 2015. Los tres están vinculados con la “revolución bolivariana”. Ortega ha sido embajador y vicemenistro, además de parlamentario del chavismo. Damiani ha sido rector de la Universidad Bolivariana y viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria. En esta Sala se decide la constitucionalidad de las leyes que emanen de la Asamblea Nacional. La primera de ellas será la Ley de Amnistía.

C. La plenaria, única esperanza opositora

En teoría, el pleno del Tribunal Supremo de Justicia es el que tiene que decidir sobre si existen méritos para destituir a los magistrados recién nombrados, tras la iniciativa hecha por la actual Asamblea Nacional. Se supone que ninguno de los 13 jueces en cuestión pueden tomar parte de la decisión, por lo que deberían inhibirse. Eso quiere decir que, llegado el caso, la decisión quedaría en manos de los restantes 19 magistrados del TSJ. De ellos depende la única esperanza opositora de revertir los nombramientos apresurados.

4. El Poder Electoral (de mayoría chavista)

Este 11 de enero el Consejo Nacional Electoral, ente rector del Poder Electoral, retorna a sus funciones después de las vacaciones de fin de año. El CNE fue el encargado de proclamar a los 167 diputados (112 de la MUD y 55 del Psuv) de la Asamblea Nacional, tras conocerse los resultados electorales. En ningún momento recibió impugnaciones de ningún tipo y tampoco hubo quejas por parte de los partidos participantes durante las auditoría realizadas antes, durante y después de las elecciones. Tibisay Lucena, presidenta del ente, ha dicho una y otra vez que el venezolano es el “mejor sistema electoral del mundo” y el más “transparente”, por lo que se espera que mantenga esa postura, a pesar de las impugnaciones hechas por el chavismo.

Tibisay Lucena, presidenta del CNE. Carlos Rodríguez Flickr

5. El Poder Ciudadano (chavista)

La Constitución venezolana establece que la Contraloría General, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo son otros de los órganos que componen el Estado y garantizan el equilibrio democrático, pero hasta ahora siempre se han inclinado a favor del Ejecutivo. Por ello el diputado chavista Pedro Carreño pidió al Consejo Moral, conformado por las instituciones del Poder Ciudadano, que se pronuncie respecto a la juramentación que hiciera la oposición de sus tres diputados de Amazonas. Se espera que la terna nuevamente apoye los argumentos oficialsitas.

6. La Fuerza Armada

En un país cuya historia ha estado marcada por gobiernos militares, esta institución que debe ser garante del cumplimiento de la Constitución es fundamental. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, llamó a respetar los resultados durante las elecciones, en un gesto bien valorado por la oposición, pero en días recientes ha reafirmado el compromiso de la Fuerza Armada con la “revolución bolivariana”, a pesar de que en el artículo 328 de la Carta Magna se lee: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política…”.

El Ministro de Defensa Vladimir Padrino. Reuters

7. La voluntad popular

La mayoría de los venezolanos votó el 6 de diciembre por la Mesa de la Unidad Democrática, en un país que tradicionalmente ha votado por el chavismo. Este cambio puede estar influído por el desgaste del liderazgo oficialista, pero sobre todo por la crisis económica que se ha agudizado con el paso de los años. Esta situación se sigue deteriorando, más allá de la diatriba entre las cúpulas políticas. Por ello, la preocupación de algunos académicos, intelectuales o la Iglesia es que la crisis lleve al país a niveles de “emergencia humanitaria” por falta de insumos o a un estallido social.