Dentro o fuera de la Unión. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho celebran a partir de este jueves una cumbre crucial para definir el futuro de Reino Unido. El objetivo es llegar a un compromiso sobre las concesiones que le ofrecerán al primer ministro británico, David Cameron, con el fin de ayudarle a frenar el 'Brexit'. El acuerdo le serviría como primer acto de campaña de cara al referéndum sobre la UE, que pretende convocar para el 23 de junio.
Lo “más probable” es que se logre un pacto definitivo a lo largo de la jornada del viernes, como muy tarde a mediodía, según han explicado varias fuentes diplomáticas. Pese a sus reservas iniciales, los socios europeos han mostrado en las últimas semanas “buena voluntad” y “espíritu constructivo” a la hora de atender todas y cada una de las peticiones de Cameron. “Está todo hecho”, dice un alto funcionario europeo.
Si hay algo en lo que coinciden todos los Estados miembros -con un entusiasmo variable- es en que resulta prioritario que Reino Unido se quede. Lo contrario sería una catástrofe económica para la UE y le haría perder todavía más peso en la escena internacional. Y para ello están dispuestos, como "mal menor", a ceder a todas las exigencias británicas. Los Gobiernos se han comportado en “plan felpudo” con Londres hasta el punto de dar “vergüenza ajena”, opina el alto funcionario.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, recibe a Cameron en Bruselas
El propio Cameron necesita un acuerdo ahora para no tener que aplazar el referéndum, lo que daría más alas a los euroescépticos. Y se considera satisfecho con las concesiones. El resto de socios tampoco quiere que el debate británico siga copando la agenda de la UE en un momento de crisis múltiples; la más grave, el caos de los refugiados. Sin embargo, todavía quedan varios escollos sensibles que tienen que resolverse al máximo nivel político y que podrían hacer descarrilar la negociación. Son los siguientes:
Polonia y el freno a las ayudas sociales
Polonia y otros países como Hungría, República Checa o Eslovaquia (el denominado grupo de Visegrado) todavía tienen problemas con el ‘freno de emergencia’ que permitirá a Londres denegar a los ciudadanos comunitarios las prestaciones ligadas al empleo durante los cuatro primeros años que trabajen en territorio británico. Se trata principalmente de créditos fiscales que funcionan como complemento salarial para los trabajadores con sueldos más bajos. Cameron alega que ejercen un ‘efecto llamada’ que atrae a los trabajadores europeos, cuando su objetivo declarado es reducir la inmigración. Los países del Este son los principales perjudicados por esta limitación al ser los que más inmigrantes envían a Reino Unido.
En el Consejo Europeo, los líderes todavía deben decidir durante cuánto tiempo como máximo podrá mantener Reino Unido activado este ‘freno de emergencia’. El equilibrio es difícil. La pretensión inicial de Cameron era que la restricción fuera permanente, algo rechazado por el resto de socios por vulnerar la libre circulación de trabajadores. Ahora Londres reclama plazos amplios, mientras que el resto de socios quiere limitarlos para evitar que la discriminación se consolide. Las restricciones sólo se aplicarán a los trabajadores que lleguen a partir de ahora y no a los que ya están en territorio británico. Polonia y sus socios piden garantías adicionales de que ningún otro país usará este freno.
Un escollo que ha emergido en las últimas semanas es la disputa sobre el recorte que Londres quiere imponer a las ayudas por hijos cuando estos no viven en Reino Unido. La propuesta de compromiso prevé que se indexen según el nivel de renta del país de residencia. Es decir, la ayuda para un hijo que resida en Polonia quedaría reducida prácticamente a la mitad. Mientras que Londres quiere que el recorte se aplique también a los que ya reciben prestaciones, los países del Este reclaman que no sea retroactivo y no sirva de precedente. Pero algunos países, como Dinamarca o Luxemburgo, ya han indicado que quieren seguir el ejemplo británico e indexar incluso las pensiones de los no residentes.
Francia y las salvaguardas para la City
El presidente francés, François Hollande, recibe a Cameron en el Elíseo
A Francia le preocupa la cláusula de salvaguarda que ha conseguido Cameron para proteger los intereses del centro financiero de la City de Londres. De acuerdo con este mecanismo, si Reino Unido considera que le perjudica alguna norma de carácter económico promovida por los países de la eurozona -en particular las relacionadas con la unión bancaria, en la que los británicos no participan- podrá pedir una especie de tiempo muerto: se le reconoce el derecho a elevar la cuestión al nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Falta por decidir si bastará con un solo país para invocar esta cláusula o Cameron tendrá que buscar algún aliado.
París reclama más garantías de que este mecanismo no pueda ser utilizado por Reino Unido para vetar, bloquear o retrasar indefinidamente decisiones de la eurozona, especialmente en situaciones de emergencia como la crisis de deuda. El Gobierno francés quiere también evitar que a los bancos británicos se les acaben aplicando normas más laxas que a los de la eurozona. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha avisado de que un acuerdo ambiguo con Londres “tendría implicaciones de carácter sistémico que no serían positivas para la unión económica y monetaria”.
Bélgica y la unión cada vez más estrecha
Una de las exigencias más simbólicas de Cameron es que se exima a Reino Unido del objetivo recogido en los Tratados de seguir avanzando hacia “una unión cada vez más estrecha”. Es la forma de visualizar que Londres no está dispuesta a ceder más soberanía a Bruselas y tranquilizar así a los más euroescépticos. El acuerdo que cerrarán los líderes europeos reconoce expresamente que Reino Unido “no está comprometido a una ulterior integración política en el seno de la UE”.
Pero lo que parecía una concesión poco controvertida, se ha acabado convirtiendo por sorpresa en uno de los temas más difíciles y políticos de la cumbre. Bélgica -con el apoyo de la Eurocámara y, en menor medida, de otros países como España- no está de acuerdo con que se cuestione el proyecto de seguir avanzando hacia una mayor integración política en Europa. Por eso reclama que el acuerdo con Reino Unido incluya una cláusula final de autodestrucción automática: si los británicos votan ‘no’, la oferta desaparece para siempre.
Alemania y la reforma de los Tratados
La canciller Merkel explica el 'Brexit' en su parlamento
Cameron pide que todas las concesiones de la UE sean jurídicamente vinculantes, irreversibles y en la medida de lo posible se incorporen a los Tratados. El resto de socios sostienen que todas las propuestas para Londres caben ya en los actuales. Y no tienen ningún apetito de emprender una compleja y costosa renegociación. Al menos no en los próximos dos años. Lo máximo que están dispuestos a ofrecer es el compromiso de incorporar los cambios en la próxima revisión, sea cuando sea.
Pero esto plantea problemas a Alemania y también a Bélgica. Sus constituciones les impiden comprometerse sobre una reforma futura de los Tratados, cuyo contenido ya esté prefijado de antemano. Este escollo podría sortearse con un cambio de redacción, que ya se ha utilizado en casos anteriores con Dinamarca o Irlanda, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. La canciller alemana, Angela Merkel, ha dejado claro este miércoles que la mayoría de las peticiones británicas están plenamente justificadas.
La falta de garantías de la Eurocámara
El Parlamento Europeo tendrá que aprobar las futuras normas sobre el freno de emergencia para las prestaciones sociales y la indexación de las ayudas a los hijos. Cameron sabe que podría encontrar dificultades allí por la cuestión de la discriminación y se reunió este martes con los representantes de los principales partidos políticos: conservadores, socialistas y liberales.
Además, se ha invitado al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, a las negociaciones de la cumbre. Pero Schulz ha sido claro al decir que no puede dar garantías. “Ningún gobierno puede ir a un parlamento y decir: aquí está nuestra propuesta, ¿podéis garantizar un resultado?”, ha avisado. En la práctica, es improbable que el Parlamento vote una cosa distinta de la decidida por los Gobiernos de los 28.
¿Y qué pasa con España en funciones?
Alrededor de 200.000 españoles viven en estos momentos en Reino Unido. De ellos, sólo unos 2.000 reciben los créditos fiscales que Londres quiere restringir, según los datos del Ministerio de Exteriores. El Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido un perfil muy bajo durante la recta final de las negociaciones porque “al estar en funciones, no puede dar la batalla”, explican fuentes diplomáticas.
El ministro José Manuel García-Margallo ha pedido hasta cuatro informes jurídicos para asegurarse de que Rajoy puede ratificar el acuerdo con Londres. Los cuatro coinciden en que necesita la “aquiescencia” del Parlamento, un trámite que según el Gobierno se ha cumplido con la comparecencia de Margallo este miércoles ante la comisión de Exteriores.