“Estar o no estar juntos, esa es la cuestión que deben responder no sólo los ciudadanos británicos en un referéndum, sino también los otros 27 miembros de la Unión Europea en las próximas dos semanas”. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, evoca el famoso soliloquio de Hamlet en la carta que ha publicado este martes para detallar las concesiones que ofrece al primer ministro británico, David Cameron, con el fin de frenar la salida de Reino Unido de la UE.
La más importante consiste en permitir a Cameron que deniegue durante cuatro años prestaciones sociales a ciudadanos comunitarios que trabajan en Reino Unido. Los líderes europeos se habían resistido hasta ahora a esta exigencia, cuyo objetivo es reducir la inmigración, alegando que las normas de la UE prohíben discriminar por razones de nacionalidad. Pero finalmente han cedido a las presiones británicas. Tusk propone un sistema de ‘freno de emergencia’ que en la práctica logrará los mismos fines que perseguía el primer ministro británico.
Pese a las concesiones de sus socios europeos, Cameron todavía no está satisfecho del todo. La oferta de Tusk incluye “auténticos progresos” en los cuatro capítulos en los que Londres reclamaba reformas, pero “queda más trabajo por hacer”, ha escrito en su cuenta de Twitter. Las propuestas deben ser ahora negociadas con los otros 27 estados miembros. El objetivo es alcanzar un acuerdo en la cumbre que se celebrará el 18 y 19 de febrero. Si se logra, el primer ministro británico se plantea adelantar el referéndum al próximo 23 de junio, según la prensa británica.
A continuación detallamos lo que la UE ofrece a Cameron para que se quede en cada una de las cuatro áreas que consideró prioritarias en su carta del 10 de noviembre. Ninguno de los cambios exigiría una reforma de los Tratados, lo que facilita su adopción.
Denegar prestaciones sociales a los europeos
La propuesta de Tusk contempla un ‘freno de seguridad’ que podrá ser invocado por Reino Unido cuando se produzca un “flujo de trabajadores de otros estados miembros de magnitud excepcional y durante un periodo de tiempo prolongado”. Londres podrá entonces denegar hasta cuatro años a los ciudadanos comunitarios las prestaciones sociales ligadas al empleo. Se trata sobre todo de créditos fiscales para completar el salario de los trabajadores peor remunerados y ayudas a la vivienda social. Necesitará para ello la autorización por mayoría del resto de socios comunitarios.
No obstante, la Comisión ha declarado ya que Reino Unido está viviendo en estos momentos una presión excepcional y ve justificado que invoque de inmediato el ‘freno de seguridad’. Lo que se discute ahora es durante cuánto tiempo como máximo Londres puede tener activado este mecanismo. La denegación de las prestaciones sociales será total en un primer momento pero las restricciones deberán levantarse gradualmente durante este periodo de cuatro años a medida que los trabajadores vayan contribuyendo al sistema.
La UE también permitirá a Londres recortar las ayudas por hijo a los trabajadores comunitarios cuya descendencia resida en otro país. Estas prestaciones se indexarán según el nivel de vida del estado miembro en cuestión, lo que significa que los pagos para los hijos residentes en los países del este o los bálticos serán mucho más bajos. Bruselas prevé finalmente más controles para detectar los casos de matrimonios de conveniencia.
Salvaguardas para la City de Londres
La UE ofrece a Cameron una cláusula de salvaguardia para los casos en los que considere que las medidas adoptadas por los países de la eurozona para profundizar su integración perjudican a Reino Unido o amenazan el estatus de la City de Londres como centro financiero. Si esto ocurre, el primer ministro británico podrá elevar la cuestión al nivel de jefes de Estado y de Gobierno, donde las decisiones se adoptan por unanimidad en lugar de por mayoría.
Se trata de “dar las garantías necesarias a las preocupaciones de los países que no forman parte del euro”. Pero Tusk ha dejado claro que este mecanismo “no puede constituir un veto ni retrasar decisiones urgentes”. Este es el capítulo en el que se está más lejos de un acuerdo, ya que todavía no se han pactado las “condiciones exactas” para activar la cláusula de salvaguardia. La UE se compromete además a prohibir cualquier tipo de discriminación contra las empresas o personas que no usan el euro como moneda.
Tarjeta roja para los parlamentos nacionales
Tal y como reclamaba el primer ministro británico, se creará un nuevo sistema de ‘tarjeta roja’ que permitirá a los parlamentos nacionales bloquear propuestas legislativas de la UE que consideren que atentan contra sus intereses nacionales. Para ello se necesitará una mayoría del 55% de los parlamentos nacionales afectados por la legislación (16 de 28 en condiciones normales). Habrá un plazo de 12 meses para reunir esta mayoría. En la actualidad, los parlamentos nacionales ya pueden enviar su opinión sobre leyes europeas, pero no es vinculante.
Además, dejará de aplicarse a Reino Unido el compromiso recogido en los Tratados de avanzar hacia “una Unión cada vez más estrecha”, que Londres ve como una amenaza a su soberanía. "Se reconoce que Reino Unido, a la luz de la situación específica que tiene en los Tratados, no está comprometido a una mayor integración política en la UE", señala la declaración que aprobarán los líderes europeos.
La UE reducirá la burocracia a las empresas
Los líderes europeos se comprometen a aumentar los esfuerzos para potenciar la competitividad de la UE. De forma periódica, los estados miembros evaluarán los progresos a la hora de simplificar la legislación y reducir las cargas administrativas a las empresas con el fin de recortar la burocracia.