El palacio de Planalto, en Brasilia, es un majestuoso palacio firmado por el arquitecto Oscar Niemeyer. Allí, el despacho de la presidenta ocupa el tercer piso, mientras la Casa Civil está en el cuarto, sobre el gabinete de la primera mandataria del país.
Lo que habitualmente no era más que un detalle sin importancia ahora pasa a ser un símbolo del cambio que desde este miércoles se vive en el Gobierno brasileño. Varios diputados comentaban en tono distendido a los periodistas que ahora todo aquel que vaya a ver a la presidenta al tercero, antes o después pasará por el cuarto.
En la Casa Civil prepara su desembarque Lula da Silva, que en menos de dos semanas ha añadido varios capítulos clave a su larga biografía: en ese tiempo ha pasado de ser un expresidente retirado a ser interrogado y acusado de corrupción por dos fiscalías y, este miércoles, a regresar de inmediato a la vida política como titular del ministerio más importante del Gobierno, una suerte de jefe de gabinete que en este caso será casi un primer ministro.
Es esa una figura que no existe en Brasil, un régimen presidencialista, pero que da a entender los poderes que ostentará. Y esa etiqueta le permitirá, además, garantizarse el aforamiento parlamentario, que lo aleja momentáneamente de los focos de la justicia, aunque puede ser investigado por el Tribunal Supremo.
El anuncio llegó tras varios días de negociaciones con la presidenta, que en un primer momento le acercó esa posibilidad para ayudarle a salir del atolladero legal y para que él también la ayude con su precaria situación: en las próximas horas puede reactivarse el proceso de destitución, el impeachment, contra ella y Lula es su carta para evitarlo. Su carisma y capacidad de interceder ante posibles aliados que frenen el final anticipado de Rousseff.
En las conversaciones Lula impuso una serie de condiciones, según allegados al Gobierno, para asegurarse carta blanca en determinadas cuestiones, muchas de las cuales trascienden su propio Ministerio. En el mar de rumores y desmentidos en los pasillos de Brasilia se cita un inminente baile de carteras.
Según el diario Folha de Sao Paulo, Lula ha puesto como condición una reforma ministerial para colocar a gente próxima para enfrentar una situación límite como la actual. El único cambio oficial, de momento, es el desplazamiento de Jacques Wagner, hombre cercano a presidenta y expresidente, al gabinete de Presidencia, pero se preparan nuevos nombres en ministerios estratégicos.
Dilma Rousseff compareció ante los medios brevemente para darle la bienvenida a su flamante ministro de la Casa Civil y advertir de que su llegada sólo traerá cosas positivas al Gobierno: "El presidente Lula tendrá los poderes necesarios para ayudarnos y para ayudar a Brasil". Sobre las críticas por estar acusado de corrupción, Rousseff dijo que "esa hipótesis es sólo una sombra respecto al hecho de que su llegada fortalece al Gobierno".
La presidenta aprovechó para desmentir uno de los rumores más resonantes del día, que apuntaban que el presidente del Banco Central abandonaría su cargo por exigencia de Lula. "Nuestra relación no es una relación de poderes o superpoderes, es una relación sólida", afirmó.
El ahora ministro de la Casa Civil tomará posesión el martes 22. Para entonces ha pedido que también se oficialicen los cambios que le otorgan más poder y relegan a la presidenta a una posición más retirada.
Es un todo o nada al que se ha llegado tras doce días de torbellino político, un carrusel con final inopinado y consecuencias imprevisibles: el 4 de marzo, la policía federal despertaba a Lula en su casa de Sao Paulo para registrarla y llevárselo a un interrogatorio en comisaría por sospechas de varios delitos de corrupción relacionados con la trama de “Lava Jato”, que investiga desvíos millonarios en la empresa petrolera Petrobras.
Ese mismo día Lula se defendió ante su militancia atacando a los fiscales, la oposición y la prensa. El día 10 otra fiscalía, la de Sao Paulo, lo denunció por esos mismos delitos de corrupción y al día siguiente pidió la prisión preventiva del expresidente. Desde entonces empezó a rumorearse que Lula podría volver al Gobierno, lo que despertó una mayor inquina hacia su figura por parte de sus detractores: el pasado domingo más de tres millones de personas salieron a las calles de las principales ciudades brasileñas para pedir la prisión de Lula y el impeachment de la presidenta. El miércoles, por fin, se hizo oficial un anuncio que no por esperado ha dejado de agitar el panorama político.
CELEBRACIÓN PETISTA
En el Partido de los Trabajadores (PT) se ha celebrado por todo lo alto. Tal ha sido el impacto que el jefe del grupo parlamentario, Afonso Florence, se adelantó a anunciar algo que no era oficial aún, delineando el sentir de su partido: “El presidente más popular de la historia del país decide ser ministro con el objetivo de contribuir a que Brasil salga de la crisis económica y política”, aseguró.
En la acera de enfrente la oposición ha reaccionado duramente al nombramiento de Lula y han prometido que recurrirán ante la justicia. El expresidente Fernando Henrique Cardoso ha dicho que es “escandaloso” que un investigado en un proceso judicial sea ministro. La ex candidata a presidenta Marina Silva afirmó que “supone un cambio político sin pasar por la Constitución”.
En clave política, el más gráfico ha sido Álvaro Dias, del Partido Verde: “Se inicia el tercer mandato de Lula y termina el segundo de Rousseff. Es muy grave, y sólo hará hundirse todavía más al Gobierno, al sumar el rechazo a los dos a la vez”, glosó gráficamente Dias.
La Federación de empresas e Industrias de Sao Paulo, mayor patronal del país y abierta opositora del PT, calificó de “golpe contra la nación” la llegada de Lula. Los mercados también han reaccionado negativamente, profundizando la tendencia de la semana, con una bajada de la bolsa y del real frente al dólar. La agencia de riesgo Moody’s resumió así la recepción del parqué en un comunicado: “El nombramiento pone de manifiesto las prioridades políticas del gobierno frenta la consolidación fiscal”.
Y por si fuese poco, Gilmar Mendes, miembro del Tribunal Supremo, ha dejado en el aire el fuero parlamentario de Lula. Mendes, tradicionalmente crítico con el Ejecutivo, lo ha analizado de la siguiente forma: “Imaginen que ahora la presidenta decide nombrar ministro a uno de los empresarios detenidos por la causa Lava Jato. Pasaríamos a tener interferencias muy graves en el proceso judicial”.
Mientras se incorpora al cargo se multiplican los análisis de un nombramiento sin precedentes: la ahijada llama al padrino para que ocupe el mismo cargo que ella ocupó cuando él era presidente, hasta 2010. Por entonces Lula abandonó el Gobierno con un 85% de popularidad y ahora tiene un 60% de rechazo, pero mantiene el mismo ascendiente sobre correligionarios y el mismo respeto entre adversarios. Es la última carta de Rousseff y el petismo. Si esto no resulta, el castillo de naipes se derrumbará definitivamente.