Tal es el tamaño y el vértigo de los acontecimientos que se están desarrollando en la política brasileña que las manifestaciones del domingo 13 de marzo, las mayores de la historia de Brasil, parecen haber sido engullidas por un imparable torrente de noticias.
La voz de la calle y su demostración de fuerza han servido, eso sí, como elemento catalizador del descontento social, que tiene su correspondencia política en el impeachment, precisamente la palabra que resonaba en las protestas en cada rincón de Brasil, pero que ni siquiera tiene traducción al portugués.
La Cámara de los Diputados ha aprobado este jueves la creación de una comisión de impeachment para estudiar el juicio político contra la presidenta. Lo que sigue es una guía para no perderse en el laberinto:
1-¿QUÉ ES EL ‘IMPEACHMENT’?
Impeachment es una figura jurídica anglosajona tomada por la Constitución brasileña –y de otros países latinoamericanos- que designa el proceso que enjuicia políticamente a un alto cargo público, en este caso a la presidenta del país, por infringir sus deberes, y que puede resultar en su destitución.
En corto, es un proceso de destitución, aunque no siempre tenga ese resultado. Al tratarse de regímenes presidencialistas, no existe la moción de censura propia de los parlamentarios, por lo que se activa este procedimiento acompañado de los reglamentos pertinentes. Lo sufrió Bill Clinton en Estados Unidos en 1998, pero fue absuelto.
En Brasil ya se destituyó a un presidente, Fernando Collor de Melo, en 1992. Su proceso, abierto por acusaciones de corrupción durante su mandato, duró tres meses y terminó con su Gobierno anticipadamente. A Dilma Rousseff se le abrió el proceso formalmente en diciembre pero se detuvo por irregularidades hasta este miércoles 16 de marzo, en que el Tribunal Supremo han anunciado las reglas que se deben seguir en el proceso, contrarias a las que intentó ejecutar la Cámara de Diputados hace tres meses, y que provocó su paralización.
2-¿DE QUÉ SE LA ACUSA?
El pasado 2 de diciembre, el presidente del Congreso, Eduardo Cunha –enfrentado políticamente a Rousseff y pieza clave del proceso- anunció que aceptaba una petición de impeachment firmada por varios diputados después de que el Tribunal de Cuentas recomendara el rechazo a las cuentas del presupuesto del Gobierno del año 2014.
Se acusaba al Ejecutivo de maquillarlas y cargar a los bancos públicos gastos que en realidad correspondían al Gobierno por valor de más de diez mil millones de euros. La oposición entendió entonces que eso era un “delito de responsabilidad”, que atenta a la Constitución por violar la ley de finanzas públicas.
Como todo lo sujeto a la política, enseguida se encendió una polémica sobre el sustento jurídico de las acusaciones. Rousseff compareció para afirmar que recibió “con indignación” la decisión, porque las razones eran “inconsistentes e improcedentes”. Para algunos juristas, en realidad se buscó un motivo para juzgar a la presidenta, que ya enfrentaba una recesión económica y una crisis política que la había dejado sin apenas capacidad de maniobra en el legislativo.
Los más críticos adujeron que el impeachment actuaría así de moción de confianza, cuando no de censura, lo que rompe el espíritu del proceso y sienta precedente como fuente de inestabilidad para cualquier Gobierno. El Ejecutivo se defendió diciendo que en todos los gobiernos anteriores se había cometido ese tipo de maquillaje de cuentas para intentar encajar presupuestos, y que sólo a ella se la juzgaría por eso.
Pero entonces replicó el presidente del Congreso: “Nunca en la historia de un mandato hubo tantas peticiones de impeachment como ahora”, dando a entender que era inevitable caer en el proceso tarde o temprano. Pero como se vería a continuación, para hacerlo real antes hay que atravesar un largo y tortuoso camino.
3-¿CUÁLES SON LOS PASOS?
Formación de la comisión: después de que el Supremo resolviera, la Cámara de los Diputados ha creado una comisión especial para el proceso con 433 votos a favor y tan sólo uno en contra. La comisión está formada por 65 legisladores que estudiarán la posible destitución de Rousseff.
El anterior intento de impulsar el impeachment fracasó por errores de procedimiento. En aquella ocasión, la cámara baja se convirtió en un estadio de fútbol y los grupos políticos en torcidas violentas, después de que el oficialismo protestara por irregularidades en la conformación de la comisión, que terminó siendo votada, y ganada por la oposición, 272 contra 199. Aquello provocó imágenes bochornosas, con empujones, agarrones y puñetazos en una melé de diputados en el medio del hemiciclo, y terminó con moratones, arañazos y el recurso ante el Supremo que acabó frenando el proceso.
Quince sesiones: en realidad son diez de defensa de la presidenta y otras cinco de la comisión para elaborar un informe que se defina a favor o en contra de la apertura del proceso. El asunto es en cuánto tiempo se celebrarán esas sesiones.
El presidente del Congreso pretendía hacerlo en tres semanas, o sea, una por cada día hábil, pero no parece muy probable teniendo en cuenta que tienen que reunir quórum siempre -esto es, recabar los votos necesarios- y contar con varios festivos. Cálculos más ponderados sitúan en cinco semanas de calendario el tiempo en que la comisión escuchará y actuará. Dos días después de que se terminen los trabajos, el informe será votado en el plenario. Según las cuentas de los arquitectos del proceso, al iniciarse mayo. Aquí llega lo serio.
El pleno del Congreso: Para autorizar la apertura real del impeachment hacen falta dos tercios de la cámara. El Congreso brasileño tiene 513 diputados, así que 342 diputados deben votar a favor de la destitución de la presidenta. Si no lo consiguen, Rousseff continuaría gobernando normalmente el país, pero Eduardo Cunha, otra vez él, ya ha avisado de que si no se culmina este procedimiento tiene nuevas peticiones en la reserva para darles curso. Con 171 votos contra la destitución, la mandataria aleja el fantasma momentáneamente, pero para cerrarlo en un cajón y no enfrentar sucesivos procesos distintos a este primero, necesita mayoría absoluta, o sea, 257 diputados. En el caso de que no lo hagan, se envía al Senado, con consecuencias directas para la presidenta.
El pase al Senado: el Gobierno se apuntó una victoria con la segunda consideración del Supremo respecto al procedimiento del impeachment. Según lo aprobado, el Senado tiene poderes para decidir si abre o archiva el proceso, aunque contradiga al Congreso. Aun así, no parece difícil para la oposición: tendría que reunir una mayoría simple, o 41 de los 81 senadores que tiene la cámara. A partir de ahí, si se aprueba, va a deliberación y la presidenta es apartada durante un máximo de 180 días.
La presidencia del país la asumiría el vicepresidente Michel Temer, a la postre presidente del PMDB, el partido clave para el futuro de Rousseff. En esos seis meses los senadores tienen que juzgarla, de nuevo mediante una comisión que evalúa si cometió algún delito y de ahí, a plenario. Y de nuevo, como en el Congreso, se necesitan dos tercios a favor (54 senadores de 81) para acabar con el mandato de Dilma. Aunque hay margen para llegar en esta situación hasta final de año, en la oposición pretenden culminar el proceso antes de lo Juegos Olímpicos, en agosto, cuando la lupa mundial esté puesta sobre Brasil por razones muy diferentes a las actuales.
4- LA “BALA DE PLATA” DE LULA
En las últimas dos semanas ha pasado de todo en la vida política brasileña, con un personaje central: Lula da Silva, hasta hace 15 días un presidente retirado, y a continuación, interrogado, acusado de corrupción y a expensas de la justicia. En esa tesitura, el futuro de Dilma Rousseff parecía sellado. Así lo hicieron saber los tres millones de manifestantes que salieron a la calle el domingo 13.
Pero el miércoles la situación dio un último giro: Lula entraba en el Gobierno, con estrambote incluido, el de la conversación con su ahijada política en una escucha telefónica en la que se sugería que la presidenta intentó evitar que la justicia lo detuviera. Desde que se confirmó que sería el flamante ministro de la Casa Civil no ha parado de repetirse que es el último as en la manga de Rousseff.
La política parlamentaria brasileña tiene mucho de aritmética y orfebrería fina: el PT tiene sólo 60 sobre 513 diputados en el Congreso y 13 sobre 81 senadores, de ahí la importancia de las coaliciones, por pasajeras que sean. En eso que llaman en Brasil “articulación” entre el Gobierno y los partidos aliados y opositores, el expresidente es el mejor, según sus correligionarios. Nadie mejor que él para llevar de vuelta a las ovejas descarriadas al redil.
Esto significa que el anuncio del PMDB de que abandonará el barco oficialista ahora hay que tomarlo con más prudencia, porque en el poder de seducción de Lula residirá buena parte de lo que ocurra. O, como dijo esta semana el senador del PT Lindbergh Farias recurriendo a un símil vampiresco habitual en Brasil: “Lula es nuestra bala de plata. Si no entra Lula en el Gobierno, habrá impeachment asegurado”. Lo que no se sabe es si el Tribunal Supremo actuará contra el expresidente, hoy ministro, máxime teniendo en cuenta el embrollo de las escuchas. Y, asimismo, un juez ha suspendido cautelarmente este jueves su toma de posesión.
5-Consecuencias finales
De ser aprobado, el impeachment contempla la impugnación del mandato del presidente, que además se vuelve inelegible por ocho años. Eso ocurrió con Fernando Collor de Melo, después de dos votaciones aplastantes: 441 sobre 509 diputados y 76 senadores sobre 81 votaron a favor de su destitución.
Si a Rousseff le ocurre lo mismo y queda fuera del poder, quien asume la presidencia es el vicepresidente, Michel Temer, que quedaría a cargo del Ejecutivo hasta la siguiente fecha electoral, en 2018. Sólo habría una opción de elecciones anticipadas: si el vicepresidente también es apartado, aunque habría un período de interinidad en el que el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, sería máximo mandatario del país.
Cabe tener en cuenta que ambos pertenecen al partido aliado más grande del Gobierno que estos días, si Lula da Silva no lo impide, se convertirá en el mayor partido de oposición. En ese complejo tablero se juega la partida del impeachment y a todo eso está abocado un país en una situación de fragilidad institucional desde que empezó el segundo mandato de Rousseff y que cada día se deteriora más y más.