La sociedad colombiana, dividida por la paz con las Farc

El día señalado tanto por el Gobierno colombiano como por la guerrilla de las Farc para poner punto final a uno de los conflictos más largos del mundo pasó en blanco.

Hace seis meses, cuando el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se dio la mano con el líder guerrillero ‘Timochenko’, ambas partes acordaron que sería el 23 de marzo el día en que culminaría el proceso de paz. Sin embargo, el pasado miércoles en Cuba, donde se reúnen los negociadores de las Farc y el Gobierno, reinaba la incertidumbre sobre los anuncios que darían unos y otros.

Como se temía, el anhelado discurso dando fin a 50 años de guerra, nunca se produjo.

Ya desde comienzos de marzo el propio presidente Santos y los voceros de la guerrilla declaraban públicamente a través de entrevistas y en sus redes sociales, que llegar a un acuerdo final para la fecha propuesta iba a ser tarea imposible.  

Desde los medios de comunicación e incluso en parte de la ciudadanía había expectativas, no obstante, sobre la posibilidad de un anuncio que implicara un avance importante en el proceso de paz actual.

Pero nada ocurrió. Al final de la jornada, tanto el Gobierno como las Farc se pronunciaron. Por aparte y, contrario a lo que ha ocurrido en meses anteriores, sin noticias que alimenten la confianza en el proceso. Fuentes del Palacio de Nariño habían indicado que se trabajaba en pactar un cronograma para la recta final del proceso y los detalles de un alto el fuego definitivo. Sin embargo, nada de ello se anunció.

“No hubo acuerdo porque esa fecha no fue realista. Hacía parte de un esfuerzo para producir un impacto en la opinión pública, pero transcurrido el tiempo quedó en evidencia que la fecha no tenía sustento real”, fue la crítica de Carlos Holmes Trujillo del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe. La formación se ha mostrado muy escéptica del proceso de paz con las Farc.

Como Trujillo, varios colombianos criticaron que el compromiso del 23 de marzo se cumpliera. Desde otras orillas, diversos sectores respaldaron, sin embargo, la decisión.

“Comprendo perfectamente que hoy no se haya podido firmar el acuerdo con las Farc. Hay que seguir buscando un buen acuerdo para todos, no puede haber fechas fatales”, señaló al respecto el senador Horacio Serpa.

Un nuevo pulso

"Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las Farc sobre temas de fondo", dijo Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, al término de la jornada.

El discurso de De la Calle fue cauto, pero sin vacilar a la hora de señalar las dificultades. Describió en detalle las razones por las cuáles no se firmó el acuerdo final, entre ellas, las relacionadas con la dejación de las armas.

Por su parte, en sus declaraciones, las Farc se concentraron en hablar sobre el futuro del proceso y anunciaron que trabajan junto al Gobierno en una hoja de ruta para poner punto final al conflicto. “Se está trazando un itinerario que contempla propósitos, requisitos y tiempos dentro del término del año 2016 para la finalización de la guerra, como muestra fehaciente de la voluntad y la determinación de las partes de alcanzar prontamente la anhelada paz”, dijo el jefe negociador de la guerrilla, ‘Iván Márquez’.

Analistas concuerdan en afirmar que comienza en esta etapa un nuevo pulso entre Gobierno y guerrilla. Por una parte, el Ejecutivo advierte entre líneas que la paciencia se puede agotar, que las partes no van a estar indefinidamente en La Habana y que el acuerdo final requiere decisiones prontas. Por otro, la guerrilla, tal como lo describe Ricardo Galán, quien fuera asesor de comunicaciones del expresidente Uribe, busca convertirse en un actor decisivo para las próximas elecciones en Colombia. “Volvieron a su discurso de hace tres años en que pedían que el Gobierno se comprometiera a terminar con el paramilitarismo”, dice.

Ésta, sin embargo, no se trata de una petición para dilatar el proceso, sino una realidad a la que el Gobierno tendrá que dar solución. La revista colombiana Semana publicó recientemente un artículo en el que relata que, mientras el proceso de paz avanza, los nuevos paramilitares se expanden en el país. Las bacrim (bandas criminales) hoy aumentan y son la mayor preocupación de las Farc de cara a la dejación de armas. “La historia de la guerra sucia no se puede repetir, pero se está repitiendo”, dijo al respecto Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación.

El Gobierno es consciente de esta realidad y de la importancia que tiene para el proceso definir cómo se garantizará la seguridad de los colombianos en un escenario de posconflicto. En su alocución, De la Calle indicó que uno de los mayores retos está relacionado con las garantías para los pobladores del campo y con los combatientes guerrilleros que dejarán las armas y se reincorporarán a la vida civil.

Sobre este punto el mismo secretario de Estado norteamericano, John Kerry, tras una inédita reunión con los miembros negociadores de la guerrilla en Cuba, declaró que los Estados Unidos apoyarían acciones para combatir el paramilitarismo y garantizar la seguridad de los exguerrilleros.

Hasta que esto no se defina, las Farc son renuentes a dejar las armas. Pero para el Gobierno esta condición es indispensable “para los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil”, tal como lo resaltó el jefe negociador, quien añadió que de darse un acuerdo final, las Farc deben romper de forma definitiva el vínculo entre política y armas, así como con cualquier actividad ilegal como el narcotráfico.

“Ni nosotros podemos dar garantías absolutas a las Farc ni ellos a nosotros. Las Farc deben entender que su mera existencia armada dispara el riesgo para los líderes sociales y de izquierda. Su desarme los protege más que sus armas”, opinó sobre este punto la senadora Claudia López, del partido Alianza Verde.

Otro de los elementos que aún se discuten en la mesa es el relacionado con las zonas de concentración, los lugares donde se ubicarán los guerrilleros en una primera instancia, una vez firmados los acuerdos. Mientras que el Gobierno considera que deben ser pocos (diez), alejados de zonas pobladas y de fronteras, las Farc insisten en un número más grande de ubicaciones (60), en las que pueda conservar la capacidad de interactuar con las que consideran sus bases sociales de cara a un futuro en la política tradicional.

“A pesar de que no se llegó a un acuerdo, confío en que las diferencias se resolverán en los próximos meses. Estamos en un momento en que el proceso de paz está en su fase final y hay confianza”, dijo Iván Cepeda, senador del partido de izquierda, Polo Democrático.

Colombia, polarizada

Para varios sectores el proceso de paz ha llegado a un punto de no retorno en el que sólo haría falta ajustar los últimos detalles para su culminación. Colombia vive hoy una realidad muy distinta a la de hace algunos años. Hace 114 días que no se registran acciones ofensivas por parte de esta guerrilla, lo cual ha generado que  el número de víctimas, combatientes heridos o muertos y acciones violentas haya disminuido considerablemente, lo que convierte este periodo en el de menor intensidad bélica durante todo el conflicto.

Asimismo, los acuerdos relacionados con el no reclutamiento de menores de edad, el proceso de desminado humanitario y el acuerdo para buscar e identificar los desaparecidos de la guerra, han sido pasos que muestran disposición de las partes en el proceso.

Alrededor del Gobierno, distintos sectores políticos han conformado la Unidad Nacional por la Paz para acompañar las decisiones sobre el fin de la guerra. Es el partido del expresidente Álvaro Uribe, el único que se ha mostrado en contra de las conversaciones en La Habana.

Las críticas del exmandatario han encontrado eco en una importante parte de la población que lo sigue y que se muestra en desacuerdo con las negociaciones con las Farc porque, a su ver, el acuerdo dejaría delitos impunes y podría minar el estado de derecho.

El respaldo que internacionalmente tiene el proceso de paz (Estados Unidos, la ONU, América Latina y la Unión Europea), contrasta con lo que sucede en el país. La polarización y el escepticismo predominan en la opinión pública. Según las más recientes encuestas, el 57% de los colombianos considera que las conversaciones de La Habana van por el mal camino, mientras que apenas el 37% cree que las negociaciones marchan bien.

El porcentaje de colombianos que creen que una negociación política con las Farc es la mejor salida para el conflicto viene disminuyendo y hoy sólo un 31% de la población acepta esta opción.  

La polarización se refleja en la pregunta sobre si participaría en un plebiscito para ratificar los acuerdos. Un 38% no votaría, y del 57% que sí lo haría, un 33% votaría en contra.

Esta polarización es uno de los más grandes retos que tiene el Gobierno tras la firma de la paz. No será tarea fácil implementar los acuerdos en un escenario de polarización. Mucho menos cuando la imagen del presidente Santos ha sufrido en los últimos meses un traspié importante, ya que el 69% de los colombianos tiene una visión desfavorable, según las mismas encuestas.

Al Gobierno de Santos le queda un poco más de año y medio, y este será el plazo que tendrá para poner fin al conflicto con las Farc. Por su parte, Galán, el exasesor de Uribe, opina que “es mejor ir despacio y tomando decisiones firmes”.