Las irregularidades en el tratamiento de los solicitantes de asilo, la corrupción "sistémica" de la clase política y la violencia de género son las principales amenazas a los Derechos Humanos en España, según constata el Departamento de Estado de EEUU en su informe anual sobre el estado de la cuestión en el mundo.
Sin embargo, aprecia un problema emergente en lo referente a la libertad de expresión. Por un lado, señala las críticas a la 'ley mordaza' aprobada por el gobierno del PP; por el otro, el aumento del "discurso del odio" contra minorías, en especial del antisemitismo que se detiene a ejemplificar en varios casos.
Uno de ellos es el del cantante estadounidense judío Matisyahu, vetado el pasado verano en el festival Rototom por su postura sobre Israel, aunque finalmente pudo actuar. Señala igualmente el tuit de 2011 del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata en el que reproducía un chiste sobre el Holocausto y que le ha llevado por tres veces ante el juez.
"El Observatorio sobre Antisemitismo en España informa de que los prejuicios sólidamente arraigados continúan" - describe el informe, reportando 42 "eventos antisemitas" en 2014 (ninguno de ellos violento) y seis menciones antisemitas en el discurso público, entre las que citan el tuit de Zapata.
Además de los casos de Zapata y Matisyahu, el Departamento de Estado referencia el arresto por parte de la Guardia Civil de un grupo neonazi que realizó las pintadas "Adolf Hitler tenía razón", o la denuncia contra hinchas de baloncesto por 18.000 presuntos tuits ofensivos tras un partido entre el Real Madrid y el Maccabi. Como contrapartida, señala la Ley de Sefardíes que permite a sus descendientes recuperar la nacionalidad española.
Aunque el informe recoge que Matisyahu pudo participar finalmente en el Rototom tras la protesta del Ministerio de Exteriores, no incluye las disculpas públicas que ofreció Zapata por el tuit asegurando que consideraba el Holocausto "deplorable y terrible" y justificando el "humor negro y cruel" del chiste como "una expresión sana para reírnos de los horrores que hacemos los seres humanos".
Estas menciones en el documento del departamento que dirige John Kerry son llamativas, ya que en la mayoría de los casos recopila datos cuantitativos y no se detiene en casos concretos. Para justificar la preocupación por la violencia de género, por ejemplo, describe la legislación vigente y a continuación desgrana datos procesales y forenses, como que a 30 de junio de 2015 17 personas habían asesinado a sus parejas y se había condenado a otras 28.075 por crímenes machistas.
Después del antisemitismo, el análisis al trato de los refugiados es el epígrafe que más casos recoge como ejemplo. Menciona la denuncia realizada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU de que refugiados de origen distinto al sirio estaban siendo "devueltos en caliente" en las fronteras de Ceuta y Melilla junto al resto de inmigrantes sin poder ejercer su derecho a solicitar asilo. Por otro lado, señala que España concedió refugio a una mujer camerunesa que corría peligro en su país por ser lesbiana. Las denuncias contras los CIEs figuran igualmente.
En el epígrafe sobre la corrupción, señala que el Gobierno ejecuta la ley "con efectividad en general" pero señala que los procesos y las condenas son escasas en comparación al volumen de denuncias, y generan una "percepción de impunidad".
El caso que describen aquí es el arresto de Rodrigo Rato, "antiguo director del Fondo Monetario Internacional" y "antiguo ministro de economía y vicepresidente de José María Aznar", así como el registro de su casa bajo acusaciones de blanqueo, evasión fiscal y fraude. Destaca igualmente la imputación de Rato en el caso Bankia.
Ambigüedad sobre la 'Ley Mordaza'
El informe sobre nuestro país alude en su encabezado a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'Ley Mordaza'. Así, señala como uno de los problemas "la aprobación de una nueva ley de seguridad pública cuyos detractores afirman que viola los derechos humanos".
Sin embargo, en los epígrafes dedicados a la Policía, la Justicia y la libertad de expresión, se limita a constatar que la ONU expresó su "preocupación" por la norma. Las garantías que ofrecen las fuerzas de seguridad y los procesos judiciales en España son "suficientes" según EEUU, que tampoco percibe ninguna amenaza al derecho de reunión.
Tampoco aprecia un control en Internet más allá de las normativas para evitar la apología del terrorismo y los delitos de odio, que vuelve a justificar, entre otros, por el auge del antisemitismo en nuestro país.