Tres años en el poder y los índices económicos siguen en picada. La inflación en 2015 fue del 180,9%, informó el Banco Central de Venezuela; la escasez de alimentos se agudiza, según informes de la Federación de Productores Agropecuarios; el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB se contraerá un 8%. Nicolás Maduro gobierna un país al borde del colapso. Y muchas de las medidas que ha tomado durante su ejercicio del poder parecen haber alimentado la crisis:
Los “precios justos”
Maduro cree que el control del Estado es fundamental en la economía. Por eso ha impulsado una política de “precios justos” que pretende defender a la población del alza en los costos de los productos, sin mucho éxito, tal como explica Tomás Socías, analista económico y político.
“Las medidas de control de precios han sido de las más problemáticas porque restringieron por completo la producción, por ese camino se fue desactivando la producción nacional”, asegura el experto.
Desde el Ejecutivo se han fijado los precios de los bienes y servicios sin tomar en cuenta a los productores. Muchos artículos han sido fijados a un precio mucho menor al coste de producción; eso ha provocado que se deje de producir y, por lo tanto, aumenta la escasez y la dependencia de las importaciones.
“Esta política es errada porque el Estado no tiene suficiente dinero para abaratar los productos; lo puede hacer por uno o dos años, pero al cabo del tiempo los precios aumentan, como ha pasado”, explica Socías.
El “dakazo”
A pocas semanas de las elecciones municipales de diciembre de 2013, Nicolás Maduro pretendió poner fin a la “guerra económica” y a los especuladores bajo decreto. Por eso anunció que todas las tiendas de electrodomésticos serían intervenidas por el Estado y debían vender sus productos a precios mucho más bajos. Daka es una de las más populares, y de allí el nombre de aquel fenómeno.
“Que no quede nada en los anaqueles”, soltó entonces el Presidente. La gente muy pronto se aglomeró a las puertas de las tiendas para comprar los productos a precios irrisorios y en muy poco tiempo se acabaron las lavadoras, los televisores y refrigeradores. Han pasado más de tres años y los anaqueles siguen vacíos.
Las “zonas de paz”
Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo y Caracas tiene una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia. Por ello, en septiembre de 2013, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz decidió crear espacios especiales para lograr pacificar a las bandas delictivas.
Funcionarios del Ejecutivo se reunieron con más de 200 de estos grupos con el objetivo de que los hampones entregaran sus armas de forma voluntaria y luego fueran reinsertados a la sociedad. A cambio, los bandidos exigieron que los policías no patrullaran en las llamadas “zonas de paz”. El Estado dio dinero a los jóvenes a cambio de las armas entregadas, pero estos recursos fueron invertidos en comprar armamento más potente.
Estas zonas ahora sirven para ocultar a secuestrados, ajusticiar a personas y cometer otros crímenes impunemente. El gran negocio en estos sectores liberados es el tráfico de drogas. Las bandas que gobiernan en las “zonas de paz”, ahora conocidas como “corredores de la muerte”, se han unido, ya no se agreden entre ellas, por lo tanto son más fuertes y tienen un enemigo común: las policías y los cuerpos de seguridad.
Dos días laborables
La administración pública en Venezuela sólo trabaja dos días a la semana y a media jornada. Esa es la más reciente decisión tomada por Maduro, que pretende disminuir así el consumo de energía eléctrica. La mayor parte de la electricidad en Venezuela se produce en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar que, por la sequía, tiene su embalse en mínimos históricos.
El especialista Joe Carrillo, de la Comisión Eléctrica Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, ha dicho que el esfuerzo del Gobierno debe ir dirigido a recuperar el sector termoeléctrico y no en dar días libres. El gobernador de Lara, Henri Falcón, cree que Maduro debe rectificar.
En la calle la gente también expresa su descontento. “Es grave. El país como está necesita más trabajo”, dice Edilma Alférez, maestra jubilada, al ser consultada. “Si se trabaja, se produce, si no cada día cae más bajo el país”, asegura el mecánico Miguel Hernández.
Federico Martínez, presidente de Fedecámaras, central que agrupa a los empresarios, ha rechazado la medida porque, dice, afectará a la producción y traerá más escasez como consecuencia. “No entendemos la razón fundamental por la cual debemos estar sometidos a estas decisiones que no son consultadas y afectan la operatividad de bienes y servicios en Venezuela”, ha comentado en Globovisión.
¿Lo próximo? La lucha contra Polar
Maduro ha acusado al sector privado de conspirar en su contra y ha mencionado a Lorenzo Mendoza, dueño de empresas Polar y uno de los hombres más acaudalados del país, de ser uno de los principales promotores de desestabilización. Polar es la empresa de alimentos más importante de la nación suramericana y también cuenta con la mayor cervecería.
Esta compañía ha denunciado que el Gobierno permanentemente los acosa con inspectores en todas sus plantas de producción y que tampoco les asignan dólares para importar materia prima, pero sí a la competencia.
Esta semana las plantas de cerveza y malta de Polar, que abastecen a 70% del mercado, cerrarán por completo. Maduro ha advertido que los consejos comunales tomarán todas las fábricas que sean cerradas. “Planta parada, planta recuperada. Es un crimen grave para el país en plena emergencia”, ha dicho en evidente referencia a los negocios de Mendoza.
No es la primera vez que Maduro amenaza con tomar la Polar. Ya el año pasado asomó la idea:
En reiteradas ocasiones el politólogo Nícmer Evans, perteneciente a Marea Socialista, ha advertido que expropiar Polar sería un error, porque agravaría la situación de abastecimiento de alimentos. El Estado venezolano es dueño de varias compañías del sector de alimentos, pero se han caracterizado por ser improductivas y el propio Lorenzo Mendoza ha dicho que sus empresas son “18 veces más eficientes” que las estatales.