Mediaba marzo cuando el entonces Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, interpuso una demanda en la que pedía a la Corte Constitucional emitir una sentencia sobre los acuerdos de la paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, para que estos fueran calificados como acuerdos especiales con el fin de darles rango constitucional.
Se acercaba la fecha prometida por el presidente Juan Manuel Santos para la firma final del proceso, y este parecía entrar en una etapa de letargo sin avances concretos entre las partes. Montealegre daba entrevistas a los medios, en sus últimos días como Fiscal, explicando el alcance de su petición.
Lo que la opinión pública desconocía en ese momento era que la propuesta ya empezaba a ser contemplada por el gobierno y por el equipo negociador en La Habana con el propósito de blindar jurídicamente el acuerdo final que se logre con el grupo guerrillero más antiguo de Colombia.
El pasado jueves, Gobierno y FARC anunciaron lo que para algunos se ha convertido en el empujón que necesitaba el proceso para entrar en su recta final. El anuncio ha provocado todo tipo de reacciones y ha abierto nuevamente la ventana a discusiones que muestran cuán alejado se está en el país de tener un consenso alrededor de la paz.
No se trata de un tema menor. Por un lado, existen quienes consideran que con este acuerdo se garantiza que el proceso llegue a buen término al darle carácter constitucional a los acuerdos; por otro, quienes desconfían de lo acordado con las FARC y temen que estos terminen imponiendo su voluntad aún en contravía de las decisiones que sobre el tema pueda tomar el Congreso de La República.
Lo cierto es que, a pesar de los vacíos jurídicos, se superaría el que ha sido tildado como uno de los mayores escollos de la negociación –La Asamblea Constituyente que las FARC defendían desde el inicio del proceso–, pues el acuerdo ofrece algún tipo de garantía jurídica con respecto al cumplimiento por parte del Gobierno. Esto quiere decir que, por ejemplo, lo pactado no quedaría sujeto a que un próximo presidente no crea en los acuerdos, o a que un juez los demande, y contaría incluso con protección de tratado internacional.
El enfrentamiento entre los defensores del gobierno y los detractores del proceso de paz ha elevado su tono con el paso de los días. Incluso antes de anunciarse el acuerdo, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe hacía un llamado públicamente a hacer “resistencia civil al proceso de paz”. Varios analistas han criticado la postura del actual senador de llamar a una movilización en contra de la paz y no en contra de la guerra.
Como era de suponerse, una vez hecho el anuncio en La Habana, los trinos de Uribe, quien se comunica directamente con su electorado a través de Twitter, no han dejado de ir lanza en ristre en contra de la decisión. “Gobierno legaliza a las FARC a través de este Golpe de Estado a la democracia”, publicó en su red social. “Con la modificación de la Constitución desde La Habana, el Congreso se convierte en un actor pasivo y de carácter notarial para aprobar las concesiones del Gobierno a las FARC”, aseguraron por su parte desde el Centro Democrático, el partido del expresidente.
Por su parte, horas después del anuncio, el Procurador General Alejandro Ordóñez envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le advierte que se está extralimitando en sus funciones. "Usted, señor presidente, y ‘Timochenko‘ pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro", dice la carta enviada por el Jefe del Ministerio Público momentos después de reunirse en Miami con el expresidente Uribe.
Sorprendió también la voz de la senadora Claudia López quien ha defendido el proceso en Cuba pero que rechazó con vehemencia el presente acuerdo. “Yo no voy a servir de notaria de nadie. Primero se debe ir a plebiscito y solo si gana el sí, se incorpora después la Ley”, anunció en Twitter, para luego publicar: “Paz no es desconocer a ciudadanos e instituciones sino acogerse a ellas”.
Sin embargo, para analistas como Laura Gil, este acuerdo es una muestra de que la guerrilla reconoce someterse a la institucionalidad colombiana. El mismo ministro del Interior Juan Fernando Cristo explicó recientemente que el Acuerdo Especial en todo caso tendrá que pasar por el Congreso para su aprobación. En este mismo sentido trinó el abogado y escritor Luis Fernando Afanador: “Después de 60 años las FARC aceptan someterse al orden jurídico colombiano. Sin embargo, al procurador, al uribismo, les parece indignante”.
Colombia entra en medio de esta confrontación dialéctica a la que pareciera ser la recta final del proceso de paz. Seguramente, dice el excanciller Rodrigo Pardo, los acuerdos que faltan se concretarán más rápidamente. Sin embargo, el camino no será fácil. Santos ha contestado recientemente a Uribe que responderá a su resistencia civil por medio de una movilización por la paz. Las posiciones se radicalizan y si algo queda claro después de lo ocurrido tras este último anuncio es que en el país no existe un verdadero consenso sobre la necesidad de la paz.