Sin diálisis para niños y otras escenas de la asfixiante crisis venezolana

La crisis venezolana vive momentos definitivos. El sociólogo Rafael Uzcátegui dice que es como una serie de televisión, de la que hemos visto 16 temporadas y ahora está en sus capítulos finales. “Ésta es una crisis terminal que, lamentablemente, va a ser dramática. Los sectores políticos se tienen que poner de acuerdo para pasar a una nueva temporada, o a una nueva serie. Estamos en presencia de los últimos capítulos del proyecto bolivariano”.

El contexto es angustiante para quienes viven en el país sudamericano. En muy poco tiempo la calidad de vida se ha deteriorado mucho. La inflación es la más alta del mundo y ha obligado al Gobierno de Nicolás Maduro a hacer dos aumentos del salario mínimo en lo que va de año. Sus ministros han dicho que se realizarán revisiones periódicas de los sueldos, algo que el economista Manuel Sutherland califica como una “ilusión monetaria”. Para él, Venezuela se aproxima al “estallido de la crisis” que se evidenciará cuando llegue el ajuste de los precios de los alimentos y las medicinas, cuyos precios están regulados.

La inflación en 2015 fue de 180,9%, según datos del Banco Central de Venezuela, pero el Fondo Monetario Internacional estima que el índice puede incluso alcanzar los cuatro dígitos el próximo año.

Controles y distorsiones

En Venezuela existen dos tasas de cambio oficial, como parte de la política de control cambiario. El Dipro sirve para comprar comida y medicamentos a 10 bolívares por dólar. La otra, el Dicom, marca 400 bolívares por cada divisa y, en teoría, se usa para importar todos los demás rubros en un país cuyo aparato productivo está prácticamente inactivo. También está el mercado negro, donde un dólar estadounidense se cotiza en 1.096 bolívares.

Sutherland, investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela (CIFO), explica que el dólar cotizado a 10 bolívares “no se puede sostener más y está hundiendo a la economía”, porque es una cotización irreal. Es un control distorsionado. Por eso cree que la explosión de la crisis se dará cuando el Ejecutivo tenga que pasar todo al Dicom, una tasa que en dos meses se ha devaluado en más del 100%. En ese momento los precios “deberían saltar entre 10 y 20 veces como mínimo”, estima.

“El Gobierno no puede evitarlo”, puntualiza el profesor universitario que, desde su perspectiva marxista, recomienda “un default directo [suspensión de pagos], declarar una emergencia alimentaria” para que los recursos que se usan para pagar la deuda externa sean utilizados en comprar semillas y alimentos de inmediato.

“Hay que sentarse con los acreedores y tratar de importar alimentos y de manera masiva invertir en semillas para tratar de paliar la situación de hambre y dificultad para adquirir los alimentos”, sostiene Sutherland.

Nicolás Espinoza, productor agropecuario y especialista en materia agrícola, ha advertido de que el país vive una “tormenta perfecta”, porque no hay divisas para importar y la producción en el campo no alcanza.

¿Examen de orina? No hay

La crisis venezolana está en todas partes, sobre todo en el sector de la salud. En el principal hospital pediátrico de Venezuela, el J.M de Los Ríos, ubicado en Caracas, este lunes no había reactivos para procesar dos pruebas básicas de laboratorio como son el examen de orina y de heces. No fue circunstancial.

Acumulan meses de carestía. Y si se evalúa la situación general, la respuesta de los médicos y las madres de los niños que allí atienden evidencian que la escasez y deterioro ya es estructural, que trasciende a las instituciones de salud y evidencia el colapso del país.

Nelly de Oliveros relata a EL ESPAÑOL que lleva seis días en el hospital pediátrico con su hijo de 16 años, diagnosticado con un síndrome convulsivo. Debe tomar un medicamento anticonvulsionante de por vida para evitar las crisis, pero desde hace un año dejó de conseguirlo. Oliveros recogía las medicinas en el Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas, una institución del Estado, que ya no dispone de ellos.

“Debe tomar Keppra y no lo consigo. Dejé de dárselo y convulsionó. Lo traje el miércoles pasado pero no pudieron atenderlo porque aquí en el hospital tampoco tenían medicamentos para controlarle las convulsiones. Regresamos a la casa pero lo traje al día siguiente porque seguía mal, insistí y lo dejaron hospitalizado”.

Un familiar le consiguió el fármaco en el mercado negro y compró pocas dosis. De los 700 mg que debe tomar le están administrando 350 mg para que rinda y porque eso fue lo que se consiguió.

En otra de las camas de la emergencia está la hija de Annery Hurtado, paciente oncológico. La niña de doce años tiene metástasis pulmonar y en el hospital no hay morfina para calmarle los dolores. En los cinco días que tiene hospitalizada a su hija, la señora Hurtado ha debido salir a buscar analgésicos y antiinflamatorios.

“No hay ketoprofeno, no hay alcohol, no hay yodo povidona, no hay catéteres. Los médicos hacen todo lo posible pero si no tienen insumos cómo hacen”. La pequeña ya tiene un miembro amputado por complicaciones del cáncer.

Médicos y madres de los niños hospitalizados protestaron este lunes en las puertas de la dirección del hospital y luego en la calle. No lo habían planificado. La visita de representantes del Gobierno al hospital los activó.

Una comisión de la Contraloría General (un órgano que supuestamente vela por la transparencia administrativa del patrimonio público) asistió al centro de salud para hacer una auditoría que durará tres semanas. No hubo mayores respuestas sobre la escasez existente en quirófanos, hospitalización, consultas y emergencia.

“Aquí en 1 minuto se nos muere un niño porque no hay insumos [medicamentos y otros productos sanitarios] y ellos vienen a hacer un diagnóstico que tardará tres semanas. ¿Qué más diagnóstico necesitan si estamos cansados de protestar y denunciar la situación?”, ha expresado Andrea Romero, médico residente de Pediatría.

Las exigencias en este hospital son puntuales, como en el resto de los existentes en Venezuela: que lleguen los suministros médicos, las medicinas, el material médico y quirúrgico para que no sigan muriendo los pacientes.

“Desde hace 2 años y medio no tenemos catéteres pediátricos en nefrología para hacerle diálisis a los niños. El año pasado conseguimos una donación y sólo llegaron 30. Ya se acabaron. Hoy tenemos siete niños sin catéteres y no podemos salir a comprarlos porque en Venezuela no hay. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a la creatinina y a la urea que no suban? Vamos a ponerle seriedad a esto porque nuestros hijos se están muriendo. La semana pasada murió un niño de año y medio porque no se le pudo hacer el tratamiento y empeoró”, reclamó Rosalis Díaz, madre de un niño en diálisis, ante las autoridades del Gobierno. El J.M de Los Ríos es el único hospital de Venezuela que dializa a infantes y no tiene catéteres 8 x 18 ni 8 x 24.

José Garibaldi, pediatra e intensivista, recuerda que varias áreas de ese centro de salud tipo IV (de alta complejidad y hospital docente) están clausuradas por remodelaciones que se paralizaron. En su caso, la sala de hospitalización de Medicina II pasó de tener 27 camas a 8 porque la mitad del espacio fue demolido y así ha quedado.

“No hay ni un tomógrafo en este hospital, tampoco hay resonador magnético. Las placas de rayos X no se pueden imprimir porque no hay material, debemos tomarle la foto a la imagen con el celular y hacer el diagnóstico así, con el riesgo de que se teescape algún detalle”.

La complejidad del escenario venezolano hace temer lo peor: un estallido social.

El mal recuerdo del “Caracazo”

En febrero de 1989 los caraqueños bajaron de los cerros, donde están ubicadas las barriadas más excluidas, y saquearon comercios, mercados. La situación era inaguantable, pero muchos estiman que lo de hoy es mucho peor. Como producto de la crisis económica de esos días, la gente salió a la calle sin control y fue reprimida por las fuerzas de seguridad. El saldo fue desolador: centenares de muertos, decenas de incendios en Caracas y millonarias pérdidas materiales.

Desde entonces la idea del “Caracazo” como desenlace final de las crisis ha atemorizado a los venezolanos. Por eso, en las actuales circunstancias, en boca de todos está el temor a un estallido social.

A Uzcátegui, miembro de la ONG Provea y defensor de los derechos humanos, le preocupa la situación de violencia del país. “En una situación de anomalía, con la presencia de más de dos millones de armas ilegales en la calle, con una situación de crispación y angustia que eso pueda crear, una situación de violencia puede tener efectos más graves que lo que tuvimos en el Caracazo de 1989”.

Para él ya esa violencia ha mostrado los dientes con los reportes de linchamientos y de grupos que intimidan a las personas que están en las largas colas que se hacen a diario para adquirir alimentos. “Me preocupa que los actores políticos, incluyendo al presidente de la República, no tengan la suficiente comprensión del momento y que se cierren los canales democráticos”, dice Uzcátegui.

Sutherland cree que el estallido social es inevitable, “porque la gente no tiene o tiene muy poco con qué comer”. Destaca que en la provincia la situación es “mucho más crítica” que en la capital y concuerda al enumerar hechos de violencia que muestran lo que puede estar por venir: “A medida que la crisis va agudizándose, aumentan los saqueos, robos de camiones de alimentos... Han tenido que usar a la Guardia Nacional para evitar que la gente se meta en fábricas a buscar comida y hay una molestia que se agudiza de manera feroz. No se ve una solución estructural importante”.

Mayor crispación

Decretar un nuevo estado de excepción en medio de la crisis económica, política y social, como hizo Nicolás Maduro el 13 de mayo, no contribuiría en mejorar la situación, asegura el politólogo Luis Salamanca, sino que pudiera derivar en algo peligroso ante el riesgo de que se tomen medidas “más descabelladas, como un corralito”, o el aumento del control sobre bienes, servicios y sectores productivos.

El analista político explica que las causas en las cuales el Gobierno venezolano ha de sustentar el estado de excepción y decreto de emergencia económica son falacias, como por ejemplo la guerra económica que sería la gran justificación de todo el fracaso del Ejecutivo de Hugo Chávez. Y los otros motivos, como la existencia de un golpe de Estado y ataques del extranjero, también lo son.

Los golpes de Estado, dice Salamanca, no duran un año sino que ocurren de un día para otro y duran muy poco. Diosdado Cabello anunció semanas atrás que el 15 de mayo se daría un golpe de Estado. Nada ocurrió. “¿Qué vas a conseguir con un estado de excepción si los fundamentos no son serios? Esto no conduce a nada, se cerró la frontera con Colombia y la situación más bien se agravó. El anuncio de golpe de Estado es otra muestra de los argumentos sin sustento, donde solo se busca denigrar al adversario”.

Lo que está ocurriendo, a juicio del politólogo, es la pérdida de la legitimidad del Gobierno venezolano cada día, por el forcejeo entre una demanda de cambio (expresada en la solicitud del referendo revocatorio) y un intento de impedir a través de instituciones del Estado que esas demandas se concreten, lo que deriva en mayor crispación.

“Lo que está en juego es la institucionalidad del país, la condición democrático-constitucional que se pierde porque hay un régimen usando maniobras para no perder el control político, aumentando de esta manera el termómetro social, que ya está por encima de 40 grados”, sostiene Salamanca.

Mientras persista esta lucha por el poder político no habrá soluciones en lo económico ni en lo social, ni la vida de la población venezolana podrá mejorar, asegura.“Este es un Estado nulo para los efectos de mejorar las condiciones de vida, pero muy fuerte para reprimir. Tenemos una crisis de gobernabilidad total donde el Gobierno no controla nada pero sí amarra todo para impedir que la sociedad funcione”. Y un ejemplo de ello, dice el politólogo, es lo que está haciendo con la escasez: “En lugar de solucionarla está tratando de distribuirla o de organizarla”.