Como estaba previsto, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado este jueves la renovación del estado de emergencia, instaurado tras los ataques terroristas perpetrados en París el pasado 13 de noviembre. Desde entonces, había sido prolongado por los diputados en dos ocasiones y ahora se extenderá otros dos meses más.
¿El motivo? En este tiempo se celebrarán dos eventos deportivos de gran envergadura en suelo francés: el Tour y la Eurocopa 2016.
El estado de emergencia, propuesto en la misma noche del 13 de noviembre, recibió desde el primer momento el apoyo de Los Republicanos (antiguo UMP de Nicolas Sarkozy) y del partido de Marine Le Pen, que ven en ello la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias para evitar un nuevo atentado, o avanzar en la investigación sobre los ya perpetrados en noviembre.
La clase política no es la única que aplaude estas medidas de seguridad. También lo hicieron los ciudadanos antes de saber que el estado de emergencia había venido para quedarse. Un sondeo realizado por el IFOP (Instituto Francés de Opinión Pública) y publicado en Le Figaro revelaba a finales del mes de enero que también cuatro de cada cinco franceses estaban a favor de la renovación del estado de emergencia, que se haría realidad durante tres meses más en el mes de febrero, hasta hoy.
En aquel momento, tan sólo habían pasado dos meses de la masacre que se cobró la vida de 130 personas, y la reforma laboral todavía no se había instaurado en el debate público. Con la llegada de la propuesta de modificación del código del trabajo en el mes de febrero, los ciudadanos organizaron las primeras manifestaciones.
A esta nueva situación se añadía el pasado 17 de noviembre, cuatro días después de los atentados de París, un aumento del personal militar desplegado en suelo francés, que ya contaba con 7.000 miembros. Hoy, 10.000 militares vigilan las calles como respuesta al nivel rojo del plan conocido como ‘Vigipirate’, un dispositivo de seguridad cuyo objetivo consiste en determinar el nivel de amenaza y aplicar las medidas de protección correspondientes.
Con la nueva prolongación, el estado de emergencia expirará a finales del mes de julio. Para ese entonces, el Gobierno prevé haber validado su proyecto de ley antiterrorista, que incluye medidas inspiradas en el actual estado de emergencia, tales como el arresto domiciliario firmado por la figura del comisario policial sin necesidad del respaldo judicial. La situación actual otorga una controvertida libertad de decisión a la policía administrativa sin control de un juez, una medida que hace posible los registros domiciliarios de día y de noche, así como las prohibiciones de concentraciones sin mediación judicial.
LA ESTIGMATIZACIÓN DE LOS MUSULMANES AUMENTA
Human Rights Watch ya prevenía el pasado mes de febrero sobre las derivas que el estado de emergencia estaban causando en una parte de la población francesa. “La vasta mayoría de las personas bajo arresto domiciliario, o cuyas casas han sido registradas son musulmanas o de origen africano”, rezaba el texto, que también señalaba que “todos los casos documentados por Human Rights Watch implicaban a musulmanes, a establecimientos musulmanes o a restaurantes halal [comida preparada según el ritual musulmán]”.
Yasser Louati, portavoz del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) confirma a este diario que la estigmatización de la comunidad musulmana no ha hecho sino aumentar en los últimos seis meses. “Actualmente tratamos 286 casos de abusos ligados al estado de emergencia”, cuenta a EL ESPAÑOL. “Hace sólo un mes y medio, eran 237. Y no parece que esto vaya a parar nunca”.
El portavoz de este colectivo, que ya denunció una caza de brujas contra los musulmanes en Francia en febrero, lamenta que a día de hoy 93 personas continúan bajo arresto domiciliario y 14 tienen además prohibido abandonar el territorio galo. “Lo peligroso es que estas acciones se siguen llevando a cabo sin ningún control judicial. Un comisario decide dónde ir, qué hacer y a quién arrestar sin necesidad de justificar este procedimiento”, explica.
Louati aborda además el caso de varios trabajadores del aeropuerto de Orly (en París), que sin motivo que les conste han visto cómo la policía les retiraba su tarjeta de acceso a su lugar de trabajo, lo cual ha desembocado en la pérdida de su empleo. “Nuestros abogados han tratado estos casos. En la hoja del comisario, donde debería explicarse el motivo que les lleva a retirarle el acceso a su lugar de trabajo, escriben -NADA-”. El portavoz del CCIF asegura además haberlo visto con sus propios ojos.
Documento que expone los motivos por los que se le retiró el acceso a un trabajador musulmán.
“Uno de mis amigos ha perdido su trabajo en Orly así. Le retiraron esta tarjeta sin motivo alguno y después de batallar para comprender las razones, el prefecto [representante de la Administración central en un departamento] argumentó así su decisión: Su moral no corresponde al puesto que ocupa actualmente”. Al preguntarle por este caso, Youati lanza: “Es musulmán practicante. Esa es la moral a la que hacen referencia”.
REFUGIADOS EN PELIGRO
El pasado jueves, en una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional, el organismo añadía una preocupación a las anteriormente citadas por Yasser Louati: los refugiados están también en el punto de mira de estas medidas y han sido, desde noviembre, víctimas de numerosos arrestos domiciliarios.
Todos ellos han terminado con su liberación. En cambio, se enfrentan a una problemática que el resto de ciudadanos no conoce. La Oficina Francesa de Protección al Refugiado y al Apátrida (OFPRA) les ha ido informando a posteriori de la apertura de un proceso de retirada de su estatus de refugiado, como consecuencia directa del arresto domiciliario del que han sido víctimas.
Amnistía Internacional recordaba que tal represalia supondría la inmediata expulsión de la persona a su país de origen, que se justificaría bajo el convenio de 1951 que respalda la posibilidad de retirar el estatus de refugiado a los sospechosos de haber participado a la comisión de un crimen internacional.
Este organismo de defensa de los Derechos Humanos, al igual que el CCIF denuncia la arbitrariedad con que estas personas se convierten en sospechosas a ojos del Estado. “Si no conocemos la naturaleza de los elementos e informaciones sobre las que se basan esos procesos administrativos, todo parece indicar que han emanado de la misma base de información vagamente formulada, proveniente de los servicios de información”, denunciaba el comunicado de prensa de Amnistía Internacional el pasado 15 de mayo.
LA LIBERTAD DE MANIFESTARSE
El pasado 29 de diciembre 24 militantes ecologistas franceses recibían en sus casas una visita policial informándoles de un arresto domiciliario. Le Monde tuvo entonces acceso a la documentación que sirvió de hoja de ruta a estos militantes para conocer su libertad de movimiento. El documento del arresto domiciliario ya marcaba la fecha en que éste llegaba a su fin: el 12 de diciembre, esto es, un día después del final de la conferencia mundial sobre el clima COP21.
Esta semana, con motivo de las múltiples concentraciones contra la reforma laboral que el Gobierno socialista ha implantado por decreto, una situación similar ha despertado la inquietud de los manifestantes. Y es que el artículo 5 de la Ley 2015-1501 relativa al estado de emergencia ofrece a los comisarios la posibilidad de “prohibir la estancia en la totalidad o en una parte el departamento a toda persona que busque dificultar, de la manera que sea, la acción de los poderes públicos”.
Además, el estado de emergencia permite la prohibición de cualquier concentración, a título meramente preventivo en razón de una amenaza al orden público, base sobre la cual se han vetado numerosas manifestaciones en contra de la violencia policial durante los últimos meses.
Por su parte, el artículo 5 anteriormente citado respaldaba esta misma semana la prohibición de manifestarse en contra de la reforma laboral que varios militantes antifascistas recibieron en sus domicilios. El texto que justificaba esta medida rezaba: “El señor [...] ha sido visto, en varias ocasiones, en manifestaciones en contra de la violencia policial y el proyecto de reforma del código laboral”, y continuaba: “Que esas manifestaciones han degenerado, y que hubo grupos de individuos enmascarados y con cascos que estaban al origen de estos desórdenes”. El documento concluye: “Con lo cual, hay razones suficientes para pensar que la presencia del señor [...] en estas concentraciones aspira a participar en alguna acción violenta”.
Este mismo documento llegó a los domicilios de una decena de militantes del grupo ‘Antifascismo-París-Extrarradio’, que compartió en su cuenta de Twitter el contenido denunciando un abuso del estado de emergencia, instaurado en un primer momento como una medida antiterrorista.
LIBERTAD DE PRENSA
Además, el fotoperiodista NnoMan, miembro del colectivo de fotógrafos Our Eye is Life (Nuestro Ojo es Vida) y colaborador de la revista Fumigène, dedicada a dar voz a los barrios franceses, recibió el pasado domingo la misma carta informando de la imposibilidad de su presencia en la manifestación de este martes 17 de mayo en contra de la polémica reforma laboral, también conocida como Ley El-Khomri, por el apellido de la ministra de Empleo gala.
En ese mismo documento se especifica la prohibición de su presencia entre las 11:00 h y las 20:00 h en los distritos 6, 7, 14 y 15 de París, y entre las 18:00 h y las 7:00 h del día siguiente en el perímetro en torno a la plaza de la República, donde se han concentrado los manifestantes en las ocho manifestaciones organizadas hasta ahora contra la reforma laboral.
El fotógrafo, encargado de cubrir las manifestaciones desde que el proyecto de la reforma laboral vio la luz, recurrió inmediatamente la decisión a través de su abogado, que denunció una clara vulneración de la libertad de prensa. Durante la mañana del martes, la policía levantó el mandato que le prohibía acudir a la concentración.
Las imágenes tomadas por NnoMan durante las últimas concentraciones en las calles de París retrataban escenas de violencia hacia manifestantes desarmados, así como el uso reiterado de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad.