El 18 de febrero de 2014 Leopoldo López fue detenido por los cuerpos de seguridad venezolanos. “Hoy me entrego a una justicia injusta”, dijo entonces el economista y líder de Voluntad Popular, un partido opositor al Gobierno de Nicolás Maduro. Desde ese día ha permanecido detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, a pesar de ser un civil. Allí cumple una condena de casi 14 años, tras ser declarado culpable de “instigación pública y “asociación para delinquir”, entre otros delitos.
Él encabezó un movimiento conocido como "La Salida” que pretendía conseguir que multitudinarias manifestaciones “populares y pacíficas”, como ha sostenido, desembocaran en la renuncia del presidente venezolano. El resultado fue otro: decenas de personas murieron en las protestas que se prolongaron durante varios meses, centenares de manifestantes fueron detenidos y hace unas semanas Maduro cumplió su tercer año en el Palacio de Miraflores, a pesar de las acusaciones sobre violación de los derechos humanos y del debido proceso que distintas ONG, como Foro Penal, han hecho a funcionarios de su Gobierno raíz de los sucesos de 2014.
Los defensores de López sostienen que él es un “preso político” y que el juicio en su contra estuvo marcado por una serie de “irregularidades”. Sin dudas, Leopoldo López es la principal figura de la disidencia tras las rejas. Su nombre ha trascendido las fronteras venezolanas y personajes como los españoles Felipe González o Alberto Ruiz-Gallardón se han sumado a su defensa.
Portavoces del chavismo, como Diosdado Cabello, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, han calificado constantemente en los medios del Estado a López como un “monstruo” y el propio presidente Maduro ha dicho en alguna ocasión que puede ser utilizado como una figura de canje. Esas circunstancias le dan a Leopoldo López un estatus distinto; no es un preso común.
“La única forma de que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberar al monstruo de Ramo Verde [como llama al dirigente opositor], es montarlo en un avión que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera”, dijo Maduro el año pasado en cadena de radio y televisión. El intercambio, propuesto al voleo por el mandatario caribeño, es por López Rivera, un independentista puertorriqueño que cumple una sentencia de prisión federal de 55 años en una cárcel estadounidense desde 1981, acusado de “conspiración”.
López, el diálogo y el revocatorio
Leopoldo López, a pesar del presidio y de estar alejado de la cobertura mediática por su condición de aislamiento, es una de las principales figuras presidenciables de la oposición venezolana. De una encuesta publicada por la firma Hinterlaces, en marzo de este año, se desprende que 19% de los venezolanos elegiría a López para presidir el país. Maduro y los opositores Henrique Capriles y Henry Ramos Allup aparecen con menos posibilidades. Por ello no sorprende que el fundador de Voluntad Popular quiera ser utilizado por el oficialismo como una pieza clave en las negociaciones que por estos días realizan el Gobierno y la oposición.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español y miembro de la comisión de Unasur que propone un diálogo entre el chavismo y la disidencia, pudo visitar a López en su celda a principios de mes, por supuesto, con el visto bueno de Maduro. Hasta ese momento sólo los abogados y familiares directos de Leopoldo López habían tenido acceso al político de 45 años de edad. Ni los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia), ni Sebastián Piñera (Chile), entre otros, pudieron entrar a Ramo Verde cuando lo intentaron.
Gallardón, que se ha desplazado a Venezuela para participar en la defensa del preso, tampoco ha podido visitarlo este lunes, ha afirmado a EL ESPAÑOL. Los militares le impidieron el paso a la celda del opositor.
"En el siglo XXI no puede haber presos políticos, no se puede encarcelar a una persona por ser un rival en las urnas que es lo que ha pasado con López. El peligro de estas situaciones es que se acaben convirtiendo en indiferentes y que la gente piense que es normal", afirma Gallardón, quien iba a participar en una audiencia de apelación del preso que fue suspendida al no presentarse uno de los magistrados por indisposición física.
Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, dijo durante una rueda de prensa hace unas semanas que no le “extraña” que el Ejecutivo planteara “canjear presos políticos por revocatorio”.
“Yo no sé si es que ellos están evaluando el carácter, la dignidad y la fortaleza de nuestros presos políticos, o el talante de los dirigentes que están en libertad, pero les quiero decir una cosa: nuestros presos políticos están dispuestos a lo que sea, a sufrir lo que sea a cambio de no ceder en la salida democrática”, comentó entonces el experimentado político venezolano.
Cuando se reunió con Zapatero, López informó sobre el sorpresivo encuentro a través de su cuenta en Twitter: “Reafirmé la importancia de liberar a todos los presos políticos y que antes que mi libertad, está la de toda Venezuela”.
De sus mensajes se desprende que su liberación es una de las monedas que quiere usar el Gobierno para negociar con su contraparte en momentos en que la crisis económica y social del país está en niveles críticos. La escritora y periodista Milagros Socorro ha calificado cualquier insinuación de ese estilo como una “cruel tentación” para un preso que ha sufrido “constantes humillaciones”. López se ha mostrado firme al negar cualquier posibilidad de ese tipo.
Zapatero no ha dicho nada al respecto, pero Elías Jaua, diputado del Psuv y uno de los enviados por el oficialismo a las primeras reuniones realizadas en Punta Cana, República Dominicana, con los emisarios de Unasur, ha negado categóricamente que se haya planteado un canje entre la libertad de Leopoldo López y el referendo revocatorio contra el mandato de Maduro.
Pero lo cierto es que el nombre de López sigue sonando. Hace un par de días Timoteo Zambrano, uno de los negociadores nombrados por la opositora Mesa de la Unidad Democrática, pudo reunirse con él en la cárcel, a petición de Unasur. Respecto a lo que conversó con él y otros presos políticos, como el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y el exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, dijo: “Están muy claros de las acciones que deben tomar. Ellos saben hacia dónde, cómo y qué tenemos que hacer. Estando ellos en la calle no habría ningún tipo de riesgo de violencia”.