La Asamblea de Venezuela intentará destituir a los jueces del Supremo tras su "recule"

Pareciera que la estrategia que quiere llevar adelante el Gobierno de Nicolás Maduro es hacer como que en Venezuela no ha pasado nada en los últimos días, después de subestimar las reacciones que a lo interno y a lo externo tendrían las sentencias 155 y 156 que disolvieron de facto las garantías y competencias de la Asamblea Nacional.

“No nos dejemos marcar la agenda”, exclamó muy agitado el presidente caribeño cuando alguno de sus seguidores le preguntó sobre las medidas a tomar tras el anuncio hecho por Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República que calificó como una “ruptura del hilo constitucional” las recientes medidas del Tribunal Supremo de Justicia que daban súper poderes a Maduro y eliminaban las competencias del Parlamento.

Por eso el discurso oficial habla de “impase”, minimiza lo que en el mundo entero se ha dado a conocer como un “golpe de Estado” y anuncia que la “controversia” ha sido resuelta en tiempo récord. Para ello el Supremo simplemente ha tenido que borrar algunos párrafos de las sentencias en cuestión, aunque mantiene bajo la manga la “omisión parlamentaria” producto del “desacato” en el que estarían los diputados disidentes.

Pero la pretensión de pasar la página no ha sido comprada por la oposición que insiste en que el golpe de Estado continúa.

Desde la MUD señalan que el ataque del Poder Judicial es evidente en el conjunto de 56 sentencias que desde el TSJ se han emanado contra las decisiones parlamentarias desde enero de 2016.

Por eso la Mesa de la Unidad Democrática, apoyada por la inmensa mayoría de los gobiernos de la región, ahora pasa al ataque y se propone sancionar y destituir a los siete magistrados de la Sala Constitucional en un movimiento que no luce fácil de ejecutar.

El diputado Stalin González, jefe de la bancada de la MUD, ha pedido de manera urgente a la Asamblea Nacional que en la sesión del próximo martes se activen los mecanismos necesarios para que los jueces del Supremo no permanezcan impunes. “Esos siete señores cometieron un delito. Exhorto a la Asamblea Nacional a iniciar un procedimiento contra los magistrados TSJ”.

La Constitución venezolana establece que antes se necesita que el Consejo Moral Republicano, compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, califique como una “falta grave” la actuación de los magistrados.

Si bien la fiscal Ortega Díaz, vinculada a la “revolución bolivariana” desde sus inicios, ya ha hecho público que las sentencias “constituyen una ruptura del orden constitucional”, el defensor Tarek William Saab manifestó hace unos días “su firme apoyo” a la dictamen 155 del TSJ que eliminaba la inmunidad a los parlamentarios. Del contralor Manuel Galindo Ballesteros, muy ligado a la primera dama Cilia Flores, se espera una postura de respaldo al TSJ. Esa posiciones en el tablero muestran la dificultad que tendrá la MUD para enrumbarse por el camino de la destitución.

Muchos dentro de la coalición opositora creen que sin protestas masivas es imposible lograr mayores cambios en la postura gubernamental y abrir el sendero hacia la realización de elecciones, suspendidas indefinidamente en el país.

Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular, sigue la línea de Leopoldo López, fundador de su partido y uno de los presos políticos más emblemáticos. Ellos llaman a que las acciones de calle complementen los movimientos parlamentarios. “No se puede aceptar que este golpe de Estado se pretenda superar como un impase o un error cuya única rectificación sea devolvernos a la situación anterior: una Asamblea Nacional desconocida y saboteada, un país sin elecciones, con presos políticos y hambre”, ha dicho Guevera.

Pero el reto de la oposición es volver a animar a los venezolanos que se han mostrado apáticos ante los más recientes llamados a manifestar.

La voraz crisis económica que vive el país con la mayor inflación del planeta tiene a los a la gente ocupada en buscar formas para superar la carestía de alimentos y medicinas. Tras un 2016 donde la oposición no pudo capitalizar la contundente victoria conseguida en las elecciones parlamentarias de 2015, la desesperanza parece arropar a las mayorías que, según todas las encuestas, rechazan la gestión de Nicolás Maduro, pero no apoyan con contundencia a ninguno de los líderes o partidos que conforman el archipiélago opositor.

Analistas como Michael Penfold, investigador del Woodrow Wilson Center, han escrito que, paradójicamente, la solución al dilema venezolano se puede conseguir en las filas del propio chavismo. Ya que lo que se esconde tras el telón es “un importante cambio en el juego de poder”.

La concentración autoritaria que ha procurado Maduro le ha dado como resultado fisuras dentro del propio bolivarianismo, sostiene Penfold. Estas grietas ya son evidentes y así lo ha demostrado la fiscal Luisa Ortega Díaz, que en una breve comparecencia ha hecho tambalear al Gobierno. Por eso desde la MUD exhortan a los militares a pronunciarse y han coqueteado con sectores tradicionalmente oficialistas. La combinación de malestar a lo interno de la “revolución”, junto a la presión ciudadana e internacional adornan el entorno adverso que tendrá que superar Maduro para mantenerse el poder.