Catar y su paso hacia el aperturismo: introduce el salario mínimo para los trabajadores

Catar se ha convertido esta semana en el primer país del golfo Pérsico en introducir el salario mínimo no discriminatorio y eliminar el requisito del Certificado de No Objeción para que los empleados puedan cambiar de trabajo, lo que supone no sólo un paso muy importante para Catar, sino que para toda la región.

Desde ahora, según la ley 17 de 2020 sobre el establecimiento del salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras del hogar, se establece el salario mínimo para todos los trabajadores del sector privado, incluidos los trabajadores domésticos, de 1.000 riales cataríes al mes como salario básico (unos 230 euros), así como 500 riales al mes (115 euros aproximadamente) asignados por el empleador para gastos de alojamiento y otros 300 riales al mes (69 euros al cambio) para alimentos, a menos que el empleador ya proporcione alimentos o alojamiento adecuados para el empleado o trabajador doméstico.

El Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales (ADLSA) trabajará con los empleadores para actualizar todos los contratos de trabajo donde los trabajadores ganan menos de lo establecido por la nueva Ley, que entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el Diario Oficial.

Las nuevas enmiendas también incluyen el aumento del número de comités de resolución de conflictos laborales en un esfuerzo por abordar el número de conflictos laborales, facilitar el acceso de los trabajadores a los derechos y acelerar los procedimientos legales.

S.E. Yousuf Mohamed Al Othman Fakhroo, Ministro de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales ha señalado que "el Estado de Catar está comprometido con la creación de un mercado laboral moderno y dinámico. De acuerdo con Catar Vision 2030, estas nuevas leyes marcan un hito importante en este viaje y beneficiarán a los trabajadores, empleadores y a la nación por igual".

Para asegurar el cumplimiento de los cambios, ADLSA está trabajando con las autoridades competentes para mejorar el Sistema de Protección Salarial, fortalecer la capacidad de los inspectores y aplicar sanciones más estrictas a las empresas que violen la ley.