El incendio que destruyó el campo de refugiados griego de Moria ha dejado al descubierto las condiciones, pésimas en muchos casos, en las que se vive en estos asentamientos temporales destinados a dar un techo a quienes escapan de sus países en busca de asilo.
La atención internacional se ha centrado estos días en las más de 13.000 personas que residían en ese campamento en la isla de Lesbos y que llevan días a la intemperie durmiendo en carreteras, mientras el Gobierno griego improvisa un nuevo campo. Pero esta atención no es habitual.
Otros muchos campamentos de refugiados en el mundo, con cientos de miles de habitantes, afrontan situaciones difíciles, especialmente en tiempos de pandemia. Son "los otros Moria", como Dadaab (Kenia), Cox's Bazar (Bangladesh) y Zaatari (Jordania).
Dadaab, el refugio africano
El etíope Bapwoch Omot Oman, de 26 años, apenas ha oído hablar del incendio de Moria pero sabe muy bien lo que es vivir en un campamento de refugiados: desde los 9 años no conoce otro mundo que el de Dadaab, cobijo para más de 200.000 personas en el este de Kenia.
Llegó tras seguir durante semanas los pasos de su madre y seis hermanos desde la región etíope de Gambela, donde el 13 de diciembre de 2003 más de 400 miembros de su etnia (los anuak) fueron asesinados por soldados.
"Muchas personas han vivido en este campamento tanto tiempo que no conocen ningún otro lugar al que llamar hogar", explica Bapwoch, que solo en este complejo árido, y a menudo olvidado por la comunidad internacional, ha podido ir al colegio, seguir los partidos de su amado Chelsea y celebrar la boda de su única hermana.
"Si lo cerraran sería como acabar con nuestro futuro: no sabríamos qué hacer ni adónde ir porque no conocemos ningún otro lugar", reflexiona sobre la amenaza siempre presente de que, al igual que Moria, Dadaab desaparezca.
Al menos desde 2016, y más recientemente en febrero de 2019, las autoridades kenianas han intentado en varias ocasiones clausurar este campamento coordinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aludiendo motivos de seguridad nacional y un apoyo insuficiente de la comunidad internacional.
"No huí con mi familia de Etiopía con la intención de ser reasentado o reubicado en un tercer país, sino en busca de refugio: mi madre solo buscaba un sitio donde no nos mataran", explica Bapwoch, que, a día de hoy, considera un privilegio tener un techo, agua corriente y comida que llevarse a la boca, pese a que a veces le toque acostarse con hambre.
Diecisiete años después de su huida hacia delante, sigue pensando de que "antes o después" y "fuera o dentro" de las imaginarias y tórridas paredes de Dadaab, le aguarda un mejor futuro.
Cox's bazar, el "hogar" de los rohinyás
"La vida en el campamento no es nada fácil", reconoce Bashirul Islam, líder de la perseguida minoría rohinyá procedente de Birmania a cargo de uno de los campamentos de refugiados situados en Cox's Bazar, en el sureste de Bangladesh.
Estos campos acogen a unos 738.000 miembros de este grupo étnico principalmente musulmán que huyeron desde Birmania en medio de una ola de violencia que la ONU calificó como un posible genocidio.
Encargado de casi 10.000 familias en su mismo abarrotado campamento, Islam reconoce que la situación general es segura, pero la estrechez de sus refugios, las restricciones al movimiento y la práctica imposibilidad de ganar dinero son una pesada carga.
Sus necesidades más básicas están cubiertas, con paquetes de ayuda que incluyen trece kilos de arroz por persona y mes, además de aceite y especias, pero las agencias de ayuda y el Gobierno no llegan a todo.
La falta de electricidad en los refugios les expone a temperaturas extremas combinadas con una fuerte humedad, además de dejarles en la oscuridad con la caída del sol.
Los refugiados no pueden trabajar fuera de los campamentos y muy esporádicamente consiguen algún trabajo de limpieza, por el que reciben unos cuatro dólares. lslam cuenta ha subsistido por la venta de algunas joyas de oro traídas de Birmania.
"Todavía puedo cubrir las necesidades de mi familia, pero no sé por cuánto tiempo más. Por eso quiero volver a Birmania lo antes posible".
El proceso de repatriación entre Bangladesh y Birmania ha fracasado hasta ahora tras varios intentos, debido sobre todo a la falta de voluntarios rohinyás para regresar a su país de origen ante las escasas garantías de seguridad que les ofrecen las autoridades birmanas, que no les reconocen la ciudadanía y les imponen muchas restricciones.
Saad Hammadi, activista de Amnistía Internacional en el Sur de Asia, señala que Bangladesh debería dar a los rohinyás las herramientas necesarias para que hagan valer sus derechos. "Una política clara que establezca su participación en las decisiones que les afectan es un paso adelante", indica.
Zaatari, el gran campamento de Oriente Medio
El campo de refugiados de Zaatari, levantado en 2012 a 85 kilómetros al noreste de Ammán, cerca de la frontera con Siria, es el más grande de Oriente Medio. Actualmente alberga a unos 80.000 sirios que huyeron de la guerra de su país, aunque han llegado a residir en él hasta 150.000.
La pandemia se ha mantenido bajo control gracias a las medidas desplegadas por diferentes agencias internacionales y la concienciación de los residentes, asegura la jefa de Comunicación de UNICEF para la región, Juliette Touma. Lo más preocupante, sin embargo, es "que no todos los servicios básicos están disponibles".
"ACNUR da cupones de comida, pero tenemos que cubrir otros gastos. Tengo una hija de 20 años que necesita ropa y otros artículos", cuenta Shahira Al Hariri, llegada desde la provincia siria de Daraa.
Otro refugiado, Hasan Bassam, explica que, para quien no trabaja fuera, "la vida en Zaatari no es buena". "La asistencia no cubre ni siquiera artículos como azúcar, arroz, huevos y leche para niños", dice.
Todos los demás aspectos funcionan al mínimo: "Recibimos electricidad 12 horas al día y agua una vez a la semana para llenar nuestro tanque de dos metros cúbicos".
El Gobierno calcula el número de sirios en Jordania en 1,3 millones, pero ACNUR asegura que solo 658.000 están registrados.
El portavoz de esa agencia en Amman, Mohammad Hawari, subraya que la pandemia ha empeorado las condiciones de los refugiados. "El 43% de ellos perdió su trabajo", lo que "les hizo acumular deudas y afectó a su capacidad de pago en salud, educación, luz y agua".