Sólo España vigilará el acceso al porno en la UE: en el resto del mundo ya lo hacen Qatar, Afganistán...

Francia, Alemania y Gran Bretaña, así como algunos estados de EEUU, han elaborado leyes que exigen a los sitios web de pornografía que comprueben que el usuario tiene 18 años o más. Los métodos podrían incluir la comprobación de tarjetas de crédito o documentos de identidad expedidos por el gobierno o el escaneado de rostros para estimar la edad. Sin embargo, todos estos sistemas han suscitado inquietudes sobre la privacidad y la discriminación.

Desde Bruselas, la ley digital europea exige medidas para frenar el riesgo de difusión de contenidos ilegales en línea, como material de abuso sexual infantil, o contenidos que vulneren "derechos fundamentales" como la intimidad, como imágenes "no consentidas" o porno deepfake. Sin embargo, la regulación de este tema no ha sido muy fructuosa en nuestro continente. En nuestras antípodas están países como China, Rusia o Corea del Norte, que prohíben estrictamente la producción, distribución y consumo de pornografía. Algunos países incluso prohíben las redes privadas virtuales (o VPN, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite crear una conexión segura y cifrada que burle las censuras y las restricciones geográficas.

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En China, el Gobierno de Xi Jinping bloquea sitios web pornográficos y persigue activamente a aquellos que intentan distribuir contenido pornográfico de manera clandestina, con pena de prisión. En Corea del Norte, la naturaleza represiva del régimen hace las restricciones aún más extremas. La mera posesión de material pornográfico puede resultar en penas severas, que incluyen trabajos forzados y largas sentencias de prisión. En Rusia, aunque las sanciones son parecidas a las de Pekín, la legislación no siempre se aplica, y la ambigüedad legal en torno a la pornografía soft y la posesión para uso personal crea una zona gris en el marco legal.

Además de estos países, prohíben la posesión o distribución de contenido pornográfico las leyes de Afganistán, Arabia Saudí, Armenia, Baréin, Bangladés, Botsuana, Brunéi, Camboya, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irán, Kuwait, Laos, Malasia, Maldivas, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, Tailandia, Tanzania, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. A China y a Corea del Norte se unen en la prohibición de VPN Bielorrusia, Irak, Birmania y Turkmenistán.

Es singular el caso de Australia, que tiene un enfoque mixto en cuanto a la regulación del porno. La distribución y posesión de pornografía adulta son legales, pero están sujetas a clasificaciones y restricciones. La Oficina de Clasificación del país insular se encarga de revisar y clasificar el contenido pornográfico, prohibiendo cualquier material que involucre violencia sexual, fetiches extremos o actividades ilegales. La posesión y distribución de pornografía infantil están severamente penalizadas, también.

El proyecto del ministro José Luis Escrivá ha provocado todo tipo de reticencias. La vicesecretaria de Reto Digital del PP, Noelia Muñoz, ha denunciado que la medida resulta "inútil" para proteger a los menores (sólo bloqueará las webs de pornografía publicadas en España, una pequeñísima parte de las que están accesibles en Internet), que además pueden acceder a estos contenidos por otras vías, como las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea (fundamentalmente WhatsApp y Telegram).

La EU se pone al día

El PP considera que la aplicación presentada vulnera derechos de los adultos, como el de la intimidad, y no garantiza el anonimato de quienes accedan a ella. Al respecto, recuerdan que, hace escasas semanas, un joven hacker accedió a la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y se lucró vendiendo los datos protegidos de millones de conductores.

El pasado 13 de junio, la Comisión Europea pidió a Pornhub, XVideos y Stripchat —tres de las mayores páginas web de pornografía del mundo— que faciliten detalles sobre las medidas que han adoptado para proteger mejor a los menores del acceso a sus contenidos y prevenir la violencia de género. La decisión se tomó en virtud de la novedosa Ley de Servicios Digitales, que impone una serie de estrictos requisitos. Las tres empresas, cada una con 45 millones de usuarios mensuales medios, han tenido hasta el pasado 4 de julio para facilitar información al ejecutivo de la UE para no enfrentarse a multas.

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"La Comisión está solicitando a las empresas que proporcionen información más detallada sobre las medidas que han adoptado para evaluar y mitigar diligentemente los riesgos relacionados con la protección de los menores en línea, así como para evitar la amplificación de contenidos ilegales y la violencia de género", dijo en un comunicado la Comisión el mes pasado. La UE quiere averiguar qué tipo de salvaguardias se han aplicado para garantizar que los espectadores no sean menores de edad. En la mayoría de las plataformas pornográficas, un simple clic en una casilla 'sí' que diga que el usuario tiene 18 años o más es suficiente para entrar. La Comisión Europea también pide a las empresas que expliquen cómo han adaptado su organización interna para cumplir la Ley de Servicios Digitales.