Marruecos niega torturas a prisioneros saharauis: fue acusado por HRW y Amnistía Internacional

"Los detenidos de los sucesos de Gdeim Izik gozan de todos los derechos, contrariamente a las alegaciones infundadas contenidas en el comunicado de Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI)", mantiene la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) en un comunicado difundido unas horas después de que siete letradas francesas denunciaron a Marruecos ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas en Ginebra.

HRW y AI denunciaron las malas condiciones en prisión y procesos injustos para 19 activistas saharauis el 8 de noviembre, coincidiendo con el 12 aniversario del desmantelamiento del campamento Gdeim Izik (Dignidad) en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.

Ante estas acusaciones, la DGAPR señala que el comunicado de las organizaciones internacionales de derechos humanos, secundando las denuncias de seis letradas francesas, es "claramente tendencioso". Considera que "se limita a reproducir las alegaciones infundadas de las familias de los detenidos en cuestión y guarda silencio sobre la suerte de las personas que mataron y cuyos cuerpos profanaron, así como sobre la de sus familias, y que obvia el hecho probado de que no son más que asesinos a sueldo del Estado argelino".

En 2010, durante un mes se reunieron más 20.000 civiles saharauis en un campamento de 6.500 jaimas (tiendas de campaña de los pueblos nómadas del norte de África) para denunciar la opresión social, económica y política por parte de Marruecos.

Las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento con violencia y detuvieron a cientos de manifestantes pacíficos. Los enfrentamientos violentos terminaron con 10 agentes de seguridad marroquíes fallecidos, mientras el Frente Polisario reconoce a 11 muertos saharauis.

Concentración del pueblo saharaui en Valladolid

Marruecos se basa en un video de 13 minutos que presentó como prueba en ambos juicios, en Rabat y Salé, en 2013 y 2017, en el que se ve el linchamiento a un agente, el ataque a una ambulancia, como orinan sobre un cuerpo y como cortan la garganta a un agente.

Sin embargo, no consta acreditado ni el lugar ni el momento de la grabación, a pesar de que el propio documento alega que las imágenes pertenecen a siete cámaras de las fuerzas del orden y a un teléfono móvil. "Está manipulado y no vincula a ninguno de los activistas saharauis condenados con hechos violentos, a ninguno", explica una abogada y observadora internacional española consultada por EL ESPAÑOL, que asistió presencialmente al juicio ante el Tribunal Militar de Rabat en 2013 y que prefiere guardar su anonimato.

Rabat se defiende

La DGAPR informa que los activistas saharauis están encarcelados en siete prisiones y "gozan de todos los derechos que les otorga la ley".

Antes las acusaciones de haber firmado sus declaraciones bajo tortura, así como de recibir malos tratos, para la DGAPR "son totalmente infundadas, y emanan directamente de las falsas denuncias que miembros de sus familias difunden a través de diversos medios de comunicación y otros medios, y transmiten a sus cómplices en el extranjero como parte de las campañas de desinformación y propaganda".

La DGAPR precisa que "estos detenidos están alojados en celdas con ventilación e iluminación naturales, se benefician de las visitas de sus familiares, de la restauración colectiva proporcionada por empresas privadas, de los baños de agua caliente y de los patios de recreo iluminados. Además, disponen de televisores en sus celdas que emiten los canales de BeIN Sports, de líneas telefónicas fijas y de la posibilidad de adquirir diversos productos en los comedores de la prisión y pueden recibir productos y alimentos de sus propias familias con ocasión de las fiestas religiosas".

"Estos presos son tratados dignamente y en igualdad de condiciones que los demás reclusos" y "por razones humanitarias, pueden beneficiarse de otras ventajas". La DGAPR aclara que "en cuanto a las visitas familiares, por ejemplo, dado que sus parientes vienen de provincias lejanas a visitarlos, las administraciones de los centros penitenciarios en cuestión les conceden facilidades adicionales en cuanto a la duración y la frecuencia de las visitas y el número de visitantes".

En cuanto a la atención sanitaria, "se benefician de ella en el servicio de salud de la prisión y, si es necesario, en establecimientos sanitarios extramuros", según la DGAPR.

En lo que atañe al "aislamiento arbitrario" que denuncian las ONG, "se trata más bien de celdas individuales en las que se aloja a estos detenidos a petición suya, a sabiendas de que las que ocupan son contiguas", según la misma fuente.

En lo referente a las huelgas de hambre continuas, Marruecos alega que "estos detenidos sólo anuncian realizarlas de vez en cuando, no las cumplen en su totalidad, siendo su único objetivo llamar la atención sobre sus casos, ganarse la simpatía de las ONG hostiles a Marruecos y engañar así a la opinión pública".

Asimismo, la DGAPR justifica que las solicitudes de los detenidos saharauis para ser trasladados a prisiones en el Sáhara Occidental "no han sido atendidas debido a la duración de sus condenas". Alega que cuatro están encarcelados en centros penitenciarios en el Sáhara Occidental y otros cuatro en una provincia cercana.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, en su discurso por el 47 aniversario de la Marcha Verde. Europa Press

Por otra parte, asegura que "varios de ellos son trasladados a prisiones del Sáhara Occidental por periodos de tiempo determinados, debido a la avanzada edad y/o al estado de salud de sus allegados".

Campañas de desprestigio

En todo caso, son recurrentes los desmentidos del gobierno marroquí a los informes de HRW y AI, como ocurrió con la persecución a periodistas, activistas y disidentes o el espionaje a través de Pegasus en diferentes países.

El portavoz del gobierno, Mustapha Baitas, reaccionó en contra del informe 'Te cogerán, pase lo que pase: el libro de tácticas de Marruecos para reprimir la disidencia', publicado por HRW el pasado mes de julio, que denuncia los métodos represivos del país magrebí contra periodistas y activistas críticos.

Baitas dijo entonces que es "una compilación de alegaciones que esta organización tiene la costumbre de evocar contra el Reino". Calificó las acusaciones, que persiguen "poner a los socios del Reino en su contra", de "graves" e "irreales".

"No es la primera vez que se intenta menoscabar el trabajo de Amnistía, y en esta ocasión coincide con la creciente represión ejercida dentro del país", mantuvo Heba Morayef, directora regional de la ONG en la región Medio Oriente y Norte de África, en 2020, al sacar a la luz una serie de casos de vigilancia ilícita con productos de la empresa israelí NSO Group. Entonces, se organizó una campaña de desprestigio contra la oficina de AI en Rabat.

De hecho, HRW se vio obligada a trabajar en otros países del Magreb por la persecución por parte de Rabat, y AI en Marruecos la integra un grupo de marroquíes, pero el personal extranjero igualmente se encuentra en otros Estados del Norte de África.