Una imagen de Leopoldo López en prisión.
Caracas anuncia que el líder opositor Leopoldo López será acusado de 43 homicidios
Diosdado Cabello asegura que los familiares de los fallecidos durante las protestas contra el Gobierno de Maduro pondrán la demanda.
6 octubre, 2016 10:00Noticias relacionadas
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Uno de los principales líderes de la oposición venezolana y preso político según Amnistía Internacional, Leopoldo López, será acusado de homicidio por la muerte de las 43 personas. Son los fallecidos que murieron durante las manifestaciones que convocó en 2014 contra el Gobierno de Nicolás Maduro y por lo que permanece en la cárcel con una condena de casi 14 años. Y ahora sus familiares planean demandar a López por ello, aseguró este miércoles Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
"Los familiares de las víctimas han introducido o están por introducir una demanda ante los tribunales para que se le acuse de homicidio por los 43 muertos que causó ese asesino el día de la fecha de 'la salida'", dijo Cabello durante su programa en el canal estatal VTV.
El 12 de febrero de 2014 se llevó a cabo una marcha antigubernamental convocada por el dirigente opositor Leopoldo López que acabó con episodios de violencia. Supuso la primera de una ola de protestas que se extendieron hasta junio y en las que se registraron oficialmente 43 muertes.
López, encarcelado pocos días después, no ha vuelto a salir de prisión, donde cumple condena por instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio durante aquellos actos violentos.
La oposición venezolana y la defensa de Leopoldo López defienden que no se trata más que de una artimaña del Gobierno de Maduro en un proceso judicial injusto, en el que el exministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, y el abogado español, Javier Cremades, se han sumado a la defensa del opositor. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó el pasado marzo una ley de amnistía para lo que consideran presos políticos, pero el Ejecutivo ha impedido su aplicación.
