Macri, en el punto de mira por supuesto abuso de poder contra una activista

“Argentina volvió al mundo”, aseguró el presidente argentino Mauricio Macri a su par francés, Francois Hollande, en julio pasado. Aquella era una de sus primeras visitas como mandatario y no imaginaba aún que pocos meses después la comunidad internacional se le volvería en su contra.

Los primeros en alzar la voz fueron las organizaciones de derechos humanos creadas durante la última dictadura para denunciar las violaciones de la junta militar. Pedían la libertad de Milagro Sala, la líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, detenida en enero durante una protesta frente a la gobernación de Jujuy, una provincia ubicada en el extremo noroeste del país.

En febrero se sumó el argentino papa Francisco, luego los legisladores del Parlasur (organismo deliberativo del Mercosur para el que la propia Sala había sido elegida como diputada pero que no llegó a ocupar el cargo). Después, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todos piden la inmediata liberación de la dirigente social por considerar que se trata de una “detención arbitraria”, algo que viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos suscritos por Argentina con carácter constitucional.

¿Quién es Milagro Sala?

Milagro Sala es la principal referente de la Tupac Amaru, una agrupación fundada en 2001 que experimentó un gran crecimiento durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner al ser adjudicataria de varias obras públicas con las que construyó más de 6.000 viviendas, 17 complejos polideportivos, dos escuelas, centros de salud y comedores en una de las provincias más pobres del país (se estima que la mitad de su población está por debajo de la línea de pobreza).

Las obras de la Tupac Amaru se construyeron en terrenos fiscales pocos fértiles cedidos a la organización, muchos de ellos en la vera de las rutas provinciales. Los turistas pueden ver desde la ventanilla de sus coches las urbanizaciones con el logotipo de la agrupación en sus tanques de agua. Claro que mientras la figura de Sala se expandía por el país también comenzaban a oírse voces que cuestionaban su ejercicio de poder. El primero en amplificar esas denuncias fue el entonces senador provincial por la Unión Cívica Radical (partido que integra la coalición gobernante Cambiemos junto al PRO de Macri), Gerardo Morales. La situación de una y otro cambió el 10 de diciembre de 2015, cuando Morales llegó a gobernador de Jujuy.

Cuatro días después, Sala lideró una acampada frente a la gobernación reclamando que no se interrumpieran los subsidios estatales con los que su agrupación desarrollaba obras. La protesta llevaba un mes cuando la dirigente social fue detenida. El motivo fue una denuncia por “alzarse públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales”. El denunciante, el propio Morales.

Detenida por alzarse públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales

Los abogados de Sala pidieron su inmediata liberación, pero el juez se tomó 14 días. Treinta minutos después de hacerlo emitió otra orden de detención por los supuestos delitos de “asociación ilícita”, “fraude contra la administración pública” y “extorsión”, todas acusaciones promovidas por el poder ejecutivo. Esa última causa fue abierta el día anterior al dictamen sobre la excarcelación y se apoya en un informe de la Auditoría de la Nación del año 2010. Este hecho fue lo primero que llamó la atención del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que comenzó a analizarlo a partir de la denuncia de Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Abogados y abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).

En su resolución del 27 octubre, la comisión de las Naciones Unidas destacó que jueces y fiscales que intervinieron en estas causas “fueron seleccionados” especialmente y, por tanto, no se respetó el “juicio imparcial” contra la activista argentina. El documento hace alusión a las designaciones en el poder judicial que realizó Morales cuando apenas había tomado la Casa de Gobierno. El cambio más sugestivo fue la ampliación de la Corte Suprema provincial de 5 a 9 integrantes, una medida votada en el congreso local con mayoría de diputados que le responden.

Morales también puso al frente de los fiscales de la provincia a Ivonne Haquim, hermana del vicegobernador. Susana Haquim, su otra hermana, se quedó con la Secretaría de Derechos Humanos. Dos cargos fundamentales para la acusación de la imputada. Además, el primer juez en ordenar el desalojo de la acampada de Sala fue Matías Ustares Carrillo, quien fue designado por el propio Morales unos días antes. El expediente que tiene la causa contra la Tupac Amaru lleva el número 001, su primero en el cargo.

Pero la ONU también se paró en otro hecho fundamental: el juicio a Sala no concluye y, por tanto, está detenida bajo la figura de “prisión preventiva”, algo que sólo corresponde cuando se constata peligro de fuga o alteración del proceso. Por todo esto, concluye, que “la privación de la señora Milagro Sala es arbitraria” y “solicita al Gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.

Las respuestas oficiales

Las respuestas a las primeras solicitudes del Grupo de Trabajo salieron de la Justicia jujeña, que resumió las denuncias que tenía Sala: se le imputa ser jefa de una asociación ilícita, ser responsable de extorsión y fraude a la administración pública por la extracción de 29 millones de pesos (1,68 millones de euros) de una sucursal del Banco Nación, además de encubrimiento y lesiones graves. El gobernador también la acusó por una manifestación de 2009 en la que un grupo de personas le arrojó huevos en un acto público. La defensa de la dirigente social argumenta que ella ni siquiera participó de esa manifestación.

Los argumentos no satisficieron a los integrantes del Grupo de Trabajo. Entonces siguieron las contestaciones políticas. Primero fue Morales: “No voy a liberar a esa mujer. (La resolución) se trata de una opinión que yo creo que desacredita al Grupo de Trabajo porque se basa en premisas falsas”, explicó.

Nosotros también trabajamos en el caso de Leopoldo López en Venezuela y en ambos casos están detenidos arbitrariamente

Casi un mes después, el 2 de diciembre, se dio a conocer una carta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiendo la libertad de Sala. Entonces Macri dijo en rueda de prensa: “A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes cometidos por parte de Milagro Sala que ameritaban que esas causas que tiene estén abiertas, pero es importante que esa información sea compartida en todo el mundo".

"Tanto Macri como Morales, tuvieron manifestaciones contundentes de que la detención respondía a una 'necesidad social' y que 'no iban a liberar a esa mujer'. Para nosotros son dos intervenciones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, lo que no es válido en una democracia”, explica Mariela Belski a EL ESPAÑOL, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. “De las 8 causas que tiene abiertas Sala, en ninguna fue condenada. Nos parece bien que las causas avancen y que si es culpable se la condene, pero esto aún no ha sucedido y ella podría esperar la sentencia en casa", agrega. 

“Nosotros somos respetuosos del sistema interamericano. Por eso no solamente atendimos las recomendaciones y las elevamos a la provincia, además hemos cursado invitaciones para que tanto el Grupo de Trabajo (de la ONU) y la CIDH puedan visitar nuestro país”, ha respondido el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, al ser consultado por este diario. En relación a las dudas generadas por la “selección” de funcionarios judiciales, afirma: “Nosotros somos respetuosos de la autonomía provincial. Ese es uno de los fundamentos de la república. No me corresponde y a la Secretaría tampoco, hacer valoraciones al respecto”.

Nosotros somos respetuosos del sistema interamericano. Por eso hemos cursado invitaciones para que tanto el Grupo de Trabajo de la ONU y la CIDH puedan visitar nuestro país

Belski también se distancia de Avruj en este punto. “Se informa mal, con dolo, al decir que esto corresponde a la justicia de Jujuy. Cuando se trata de derechos humanos, la respuesta a los organismos internacionales le corresponde al Estado Nacional”.

La experta en derechos humanos insiste en mantenerse en el planteamiento institucional: “Nuestra posición es jurídica. Nosotros también trabajamos en el caso de Leopoldo López en Venezuela y en ambos casos están detenidos arbitrariamente. En términos jurídicos, los dos están igual”.

Distintos enfoques y sus consecuencias

En el seno del Gobierno, la situación también ha abierto un frente de conflicto. De un lado se encuentran el gobernador jujeño y el secretario de Derechos Humanos, que sostienen la legitimidad de la detención. Del otro, la canciller (ministra de Exteriores) Susana Malcorra, ex jefa de gabinete del secretario general saliente de la ONU, Ban Ki Moon; y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, a su vez ex secretario ejecutivo de la CIDH.

Sala iba a la cooperativa donde trabajábamos y nos pegaba con un garrote

Los primeros buscan incidir sobre la opinión pública con ayuda de los legisladores provinciales, que promueven “crear una comisión investigadora que se focalice en las víctimas de la Tupac Amaru”, según lo contó la diputada jujeña por la UCR Gabriela Burgos. Allí esperan que hable Carmen Rosa Fernández, madre de Micaela Condorí, quien dijo haber sido golpeada junto a su pareja por Sala en noviembre de 2009. También Ivana Cecilia Velázquez, ex integrante de la Tupac, que cuenta que “Sala iba a la cooperativa donde trabajábamos y nos pegaba con un garrote mientras nos decía que en las marchas, a las que estábamos obligados a ir, teníamos que saltar, gritar e insultar”. Sus declaraciones fueron difundidas por la agencia estatal de noticias Télam.