En apenas dos días a la Asamblea Nacional (AN)de Venezuela le fueron arrebatadas sus atribuciones legislativas y sus diputados fueron despojados de la inmunidad, lo que les permitiría ser juzgados por “traición a la patria”.
El Parlamento ha sido inhabilitado de facto por la sentencia 156/2017 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Es un golpe de Estado”, dice Julio Borges, presidente del parlamento unicameral.
Luego del agresivo movimiento de la Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano, a la oposición venezolana no le ha quedado más remedio que calificar al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura “con todas sus letras”, que recuerda a la de Alberto Fujimori, el mandatario peruano que en abril de 1992 disolvió al Congreso.
Según la sentencia divulgada de madrugada, la Asamblea se encuentra en “desacato” desde el año pasado y por lo tanto se invalidan todas sus acciones. “Esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, se lee en el escrito firmado el pasado miércoles en conjunto por los siete magistrados que la integran.
Un día antes, el mismo TSJ ordenó al presidente Maduro tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales “que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”, justo cuando la situación venezolana era evaluada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
REBELIÓN PARLAMENTARIA
“Frente a ese golpe de Estado estamos declarando que esta Asamblea Nacional desconoce al Tribunal Supremo de Justicia”, ha sentenciado Julio Borges, cabeza del Parlamento, en la sede del Palacio Legislativo.
“Este Parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional. Estamos obligados a acatar la Constitución y toda sentencia contraria a la Constitución es nula. Tenemos el deber y responsabilidad de desconocerla”, ha dicho Borges antes de anunciar protestas para el próximo sábado y llamar a que los venezolanos se movilicen la próxima semana en las calles para exigir elecciones generales anticipadas como única salida ante la actual crisis institucional.
Las elecciones regionales, que según la Constitución debieron realizarse el pasado mes de diciembre, no han sido convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Tampoco se han anunciado los cronogramas de las elecciones municipales que corresponden para este 2017. Y el referendo revocatorio, que pretendía consultar a los venezolanos sobre la continuidad de Maduro en el poder, fue suspendido por decisión de tribunales locales, alegando presuntas irregularidades hechas por la oposición durante las etapas previas a la convocatoria.
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Para Román Duque Corredor, abogado constitucionalista y exmagistrado del Supremo, la decisión del Supremo implica “el quiebre de la democracia y el Estado de derecho”. Para él los siete jueces de la Sala Constitucional usurpan la voluntad popular del pueblo: “Esto es un crimen de lesa humanidad, de lesa justicia y estos señores usurpadores, desde el punto de vista constitucional y penal, son unos delincuentes”.
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado a la AN representando al oficialismo, en cambio, ha celebrado la decisión del TSJ y ha llamado al chavismo “defender a la patria”.
El discurso oficial establece que la oposición promueve una intervención militar extranjera al haber solicitado a la OEA la activación de la Carta Democrática, con la que los 35 países miembros se comprometen a defender la democracia y sancionar a los Gobiernos de la región que opten por la vía dictatorial. “Aquel que traicione la patria debe ser castigado”, ha recalcado Cabello ante un grupo de simpatizantes.
Otros miembros de la oposición, como Henrique Capriles, han destacado que la última sentencia “desconoce la decisión de millones de venezolanos” que votaron en diciembre de 2015 para elegir a los diputados que dieron una amplia mayoría a la disidencia en la AN.
Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos como Provea también han asegurado que el TSJ está “al servicio de la dictadura en Venezuela y alienta la arbitrariedad y la represión” y han pedido a los venezolanos prepararse para enfrentar a una “dictadura del siglo XXI”.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés ha establecido que la sentencia 156/2017 “constituye la disolución del Parlamento por vía judicial”. En el mismo sentido, Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, ha dicho que con el escrito el Supremo “ha creado una nueva Constitución en Venezuela: la de la dictadura”.
CONTRATOS Y MILITARES
Julio Borges cree que la decisión que le da poder total de las instituciones al presidente Maduro también es una forma desesperada de saltar los controles legislativos para poder obtener préstamos frescos y firmar acuerdos con empresas extranjeras en el área energética, y así tener un respiro ante la difícil situación económica que atraviesa el Gobierno venezolano.
“Este Gobierno es tan débil, está tan fracturado, tan corrompido y es tan decadente que lo único que le queda es violar Constitución. Maduro ha perdido la legitimidad, la autoridad y por eso lo único que le queda es la fuerza bruta, la represión, el miedo”, ha asegurado el presidente de la Asamblea Nacional.
También ha hecho un llamamiento para que los militares se manifiesten y no sigan callados “frente a la ruptura de la Constitución”.