Esta semana, se reunió en la Ciudad de México, por primera vez, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Con este encuentro se inauguraba el Sistema Nacional Anticorrupción, creado para combatir uno de los males que parecen endémicos en México y suponen una merma, según un estudio de la Organización de los Estados Americanos, del 10% del PIB del país. Pero le faltaba su brazo ejecutor debido a la incapacidad de los partidos políticos para alcanzar un consenso sobre quién debería ser el titular de la flamante Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
“El comité es la cabeza rectora del Sistema Nacional Anticorrupción, hoy se conforma incompleto […], falta el fiscal anticorrupción y los magistrados que tendrán a su cargo imponer sanciones administrativas a los funcionarios que incurran en actos de corrupción”, se lamentó la presidenta del comité, Jacqueline Peschard, en la presentación. “Sin un pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores políticos del país, podemos caer en un ciclo interminable de revanchas y venganzas”.
El Sistema Nacional Anticorrupción es, según la Administración, el encargado de coordinar a actores sociales y autoridades de los diversos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y castigar la corrupción. Creado por reforma constitucional en mayo de 2015 y aprobadas en el Senado las leyes secundarias que lo rigen en junio de 2016, hubo diversas novedades que fueron bien saludadas desde la opinión pública.
Entre ellas destacaron entonces que los funcionarios públicos deberán presentar por ley una declaración fiscal y de intereses, un aumento de las penas por corrupción -como los 18 años que pueden castigar el enriquecimiento ilícito- y la creación de esa fiscalía especializada a la que hoy le falta aún la cabeza. Esta tiene que ser elegida en una terna y con la aprobación de dos tercios del Senado. Resulta irónico que de los 32 aspirantes iniciales, un par tuviera que abandonar la competición debido a que copiaron el ensayo que debían presentarcomo parte de los requisitos.
En un columna política, una de las directivas del Instituto Mexicano para la Competitividad, una organización civil, e investigadora del CIDE, María Amparo Casar, escribió que “esta dilación en el nombramiento muestra el tamaño del compromiso en la lucha contra la corrupción de los gobernantes... con su omisión demuestran que, a pesar de sus grandilocuentes discursos, para ellos los problemas de la corrupción y la impunidad no son prioridad”. Al día siguiente, el 23 de marzo, las organizaciones civiles que ayudaban en la materia a los senadores dijeron que ya estaban hartos y dejaron sus trabajos de asistencia.
El acto oficial para la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.
UN PROBLEMA SISTÉMICO
Hay diversos estudios en México que analizan el coste de la corrupción y lo sitúan entre un 8% y un 10% del PIB nacional. En la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la corrupción era la segunda preocupación después de la seguridad. El 80% creía que era mayor en policías y políticos y un 20% había vivido alguna situación relacionada, como la petición de un soborno o mordida. Nueve de cada 10 no lo denunciaron por considerarlo una pérdida de tiempo.
A gran escala, merece la pena recordar que ahora hay tres gobernadores prófugos de la justicia, acusados de llevarse el dinero público y también el escándalo de la Casa Blanca, que afectó a Angélica Rivera y su marido, el presidente Enrique Peña Nieto. El último caso es el de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit detenido hace una semana en San Diego, EE UU, acusado de traficar cocaína, metanfetamina y marihuana a territorio estadounidense.
Con estos mimbres, algunos analistas opinan que mejor que el Senado tarde pero lo haga bien. Otros, como los vinculados al instituto Mexicano para la Competitividad y demás organizaciones civiles, exigen que se nombre con la mayor prontitud y que mientras tanto sea Raúl Cervantes, procurador general de la República, quien asuma el mando.
Paralelamente al Sistema Nacional Anticorrupción, sigue pendiente la transformación de la institución que dirige Cervantes, la Procuraduría General de la República, en una Fiscalía General de la Nación. Las ley orgánica que regirá este nuevo cuerpo salió del Congreso a finales de 2014 camino al Senado. Sería un organismo autónomo en vez de dependiente del Gobierno y el mandato del fiscal general duraría nueve años, con lo que se desvincularía de los periodos electorales. De momento,sigue pendiente en el Senado.