Las fuerzas de seguridad de Venezuela han disuelto este lunes, por quinta vez en los últimos diez días, una protesta opositora con cientos de participantes que pretendía acceder al centro de la ciudad para manifestarse en contra del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Decenas de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerraron nuevamente los accesos al municipio caraqueño Libertador -centro de la ciudad y sede de los poderes públicos en Venezuela- gobernado por el chavista Jorge Rodríguez, quien ha afirmado que estas movilizaciones buscan generar violencia en esa zona.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció en su cuenta de la red social Twitter que los manifestantes fueron reprimidos por la policía con "bombas lacrimógenas".
Los opositores comenzaron a congregarse desde las 10.00 de la mañana hora local (14.00 GMT), en la plaza Brión de Chacaíto, en el este de la capital venezolana,e iniciaron la marcha hacia el oeste sin que el rumbo de la movilización fuera aclarado por sus dirigentes, al menos ante los medios de comunicación.
Mientras el grueso de los participantes en la manifestación se mantiene alejado de los gases lacrimógenos, decenas de manifestantes, en su mayoría encapuchados, protagonizan choques con los efectivos de la fuerza pública, según constató Efe.
Una vez iniciadas las acciones de la Policía para dispersar a los manifestantes, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles declaró desde la marcha al canal en línea Vivo Play: "Aquí lo que hay es represión, más nada (...) el gobierno sigue el paquete del autogolpe; creen que así, con represión, es la forma de resolver la crisis".
Dos semanas de manifestaciones
La oposición venezolana se ha manifestado las últimas dos semanas en rechazo a unas sentencias que emitieron siete magistrados del Supremo en las que despojaban al Parlamento de sus funciones, aunque luego las suprimieron parcialmente.
El Parlamento -de mayoría opositora- calificó de "golpe de Estado" la actuación del Supremo y dio inicio a un proceso de destitución de los juristas que firmaron las sentencias.
Para llevar a cabo este proceso, se requiere que el Poder Ciudadano califique de "falta grave" la actuación de los magistrados, solicitud que el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab -que preside este Poder-, ya ha informado que fue declarada improcedente.
El Parlamento continúa llamando a los venezolanos a manifestarse en contra de ese "golpe" y solicitan a la Defensoría su respaldo para proceder a "defender la Constitución", por lo que han llamado a protestar en la capital y en casi todos los estados del interior.