México: cómo la policía construye delincuentes

El 25 de febrero de 2016 el pequeño José Adrián, un niño maya de 14 años con una discapacidad que no le permite escuchar adecuadamente, volvía a casa desde la escuela secundaria como otro día cualquiera. Durante el camino de vuelta hubo una trifulca. Un grupo de jóvenes apedreó un coche patrulla de la policía.

Su hermano, al enterarse de los acontecimientos, decidió ir a buscarlo para asegurarse de que el pequeño llegaba sano y salvo. Pero jamás lo iba a encontrar, jamás iba a acompañarlo a casa. José Adrián había sido detenido por la policía del coche patrulla que recibió los pedrazos. Ese día la fatalidad se había encaprichado con el joven.

Cuando los policías lo arrestaron, no le explicaron qué estaba pasando ni por qué lo detenían. Tampoco contactaron con la familia en el momento de la detención, tal y como lo regula la ley. En cambio, los policías lo golpearon, lo tumbaron contra el suelo, lo humillaron arracándole la camiseta y quitándole sus zapatos y, posteriormente, le pisaron en el cuello generándole una fuerte contusión que tardó días en curar. Su historia y la de otros como él la recoge Amnistía Internacional (AI).

Detención deliberada

El pequeño José Adrián no participó en la riña y aun así fue el único arrestado: estaba siendo víctima de una detención deliberada. La cotidianidad con la que se producen no es habitual de un Estado jurídicamente democrático. Estas suelen ir acompañadas de persistentes violaciones de los derechos humanos, como la tortura, el arresto forzoso, el quebrantamiento de la presunción de inocencia, o incluso ejecuciones extrajudiciales.

En la comisaría los policías prosiguieron con su macabro juego. Lo esposaron en la parte alta de una pared mientras era golpeado y amenazado para que se incriminara. “Me tiraron, me pisotearon… me metieron en un calabozo”, contó a la ONG.

Unas horas después sus padres acudieron a la comisaría para poder rescatarlo. Allí tuvieron que firmar un documento ante un juez de paz que les obligaba a pagar 2.500 pesos mexicanos (aproximadamente 138 dólares) por los daños ocasionados a la patrulla, además de una multa de 700 pesos (39 dólares).

Los argumentos policiales ahogan cualquier resquicio de inocencia y justicia, denuncia AI. Los jueces, por incompetencia e incapacidad, tampoco investigan con la endereza y profesionalidad que se les exige. Además, rehuyen contrastar las versiones policiales aun a sabiendas del riesgo de falsedad de las mismas.

Los padres de José Adrián consiguieron reunir el dinero necesario y pagar la sanción, consiguiendo que el calvario de su hijo sólo fuese de unas horas. Como él, cientos de personas sufren privaciones deliberadas de su libertad y violaciones de sus derechos mientras los culpables salen impunes.

Amnistía Internacional ha publicado un informe llamado Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México, en el que explica la forma de actuar de los policías en el país y donde se recogen testimonios tan indómitos como el del pequeño José Adrián.

Como es lógico, no existe una cifra precisa sobre este tipo de detenciones pues se tramitan como el resto. Sin embargo, Yésica Sánchez Maya, directora adjunta del Consorcio para el Diálogo y la Paz en el estado de Oaxaca, ha registrado 77 detenciones sólo en esta región, según el diario mexicano El Universal, por lo que todo apunta a un problema que se extiende por todo el territorio nacional.

Modus operandi

Las detenciones arbitrarias, según recoge el documento, siguen un trazado habitual: "una persona en una situación generalmente de marginación y discriminación es detenida en un momento ordinario de su día, la policía no le explica por qué es arrestada y le siembra algún objeto para incriminarla (digamos un arma) y es llevada ante otras autoridades, quienes inician un proceso legal que le resulta incomprensible".

En este país la policía tiene la autoridad de arrestar a cualquier persona que sea sorprendida en flagrancia, es decir, al estar cometiendo un hecho aparentemente delictivo. Ese "aparentemente" abre la puerta a las detenciones arbitrarias, pues los criterios y supuestos de flagrancia son muy amplios y diversos, permitiendo a la policía maniobrar y buscar cualquier excusa para la detención. La policía, entonces, tiene la peligrosa capacidad de fabricar delincuentes.

Otra opción es el arraigo: la policía puede detener a una persona sin tener si quiera pruebas en su contra y encarcelarla por hasta 80 días, mientras las investigaciones consideran si realmente es culpable de un delito o no.

Corrupción entre los agentes

Las detenciones arbitrarias en México pueden estar causadas por varios motivos, que pueden ir desde el arresto por causas políticas hasta que no se investigue correctamente, puesto la justicia tiene fe ciega en los testimonios policiales. No obstante, los arrestos suelen estar incitados por la extorsión. "La policía priva de la libertad a una persona con la finalidad de obtener recursos económicos a cambio de dejarla en libertad" y el detenido jamás pasa a disposición judicial. Es el caso de José Adrián, que nunca fue llevado ante un poder judicial con competencias.

También es habitual las detenciones por imperativo de terceras personas. Como cuaquiera tiene la potestad de señalar a alguien que considere sospechoso de delinquir, en ocasiones "existen arrestos que son pagados por terceros individuos como una forma de venganza o represalia contra la víctima".

Sergio Sánchez Arellano, un vendedor de dulces de Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, fue detenido después de que una tercera persona lo señalara como culpable. Amnistía Internacional no ha podido saber si su detención se debe a una venganza, pues no existe vinculación entre Sergio Sánchez y su delatora. La policía lo detuvo mientras conducía su camioneta. Los vehículos policiales no estaban identificados y abrieron fuego.

Durante el proceso lo golpearon a él y su esposa, que lo acompañaba. "Lo privaron de su libertad sin explicar el motivo del arresto, sin informar a qué lugar o institución lo trasladarían, sin identificarse y sin presentar ningún tipo de documentación", destaca el informe. El motivo del arresto se produjo por el testimonio de una mujer que decía haberlo visto en el lugar donde se produjo un homicidio cuatro semanas antes. Fue castigado con 27 años y 6 meses de prisión.

Sesgos discriminatorios

En México las detenciones por parecer “sospechoso” suelen producirse contra hombres jóvenes que pertenecen (o son percibidos como pertenecientes) a otros grupos que históricamente han sufrido discriminación, como indígenas, emigrantes o quienes viven en pobreza, entre otros.

“Se detiene más a las personas pobres, a las personas emigrantes, a las que están en barrios marginales, fundamentalmente a jóvenes”, afirma el secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Amnistía Internacional. 

Las estadísticas reflejan que los jóvenes de entre 18 y 29 años son los que más visitan la cárcel. Los miembros de este colectivo suelen ser, por norma general, los que menos beneficios económicos y estabilidad tienen.

El informe sentencia que "los operadores de justicia participantes en la investigación sostuvieron que la mayoría de las personas arrestadas y la mayoría de las sometidas a procesos penales son hombres jóvenes".

Reforma judicial

Desde junio de 2016 ha entrado en vigor un nuevo código de procedimientos penales. Este texto incluye un nuevo sistema penal con "grandes posibilidades de resolver casos de forma más expedita y garantizando juicio justos", según el informe. La reforma creó la figura del juez de control, quien está a cargo de revisar cada detención en supuesta flagrancia y determinar si fue legal. “Ni entre jueces nos ponemos de acuerdo… Ni los jueces sabemos leer qué dice allí”, asegura un magistrado que ha decidido permanecer en el anonimato.

Sin embargo, esta reforma está resultando inefectiva debido a las deficiencias en la capacitación del personal judicial, lo cual se traduce en interpretaciones inconscientes del reglamento. Además, el aumento de poder de los jueces está correlacionado con el incremento de las presiones contra ellos y otras autoridades, lo que impide que hagan su trabajo de forma adecuada. Pese a la reforma judicial, todo apunta a que las detenciones arbitrarias seguirán produciéndose en todo el territorio mexicano.