La deslealtad se paga con un alto precio en la Venezuela de Nicolás Maduro. Lo sabe muy bien Javier Hernández, economista de formación y consultor empresarial que tras cinco años como funcionario en el Ministerio para Hábitat y Vivienda ha sido fulminado de su puesto esta semana. La razón: no haberse plegado a las presiones de sus superiores en la Fábrica de Insumos 27 de Febrero, adscrita al Ministerio.
“Me negué reiteradamente a participar en la elección de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y en el simulacro del 16J [una votación “de prueba” para “controlar el sistema electoral”]”, explica Hernández al teléfono desde Caracas.
Tras años como economista para el estado, Javier Hernández no pudo ni entrar a las oficinas y tampoco recibió una carta de despido formal: “Fui informado verbalmente por un funcionario subalterno que, para acceder al pago de mis prestaciones por antigüedad, debo consignar una carta de renuncia y por supuesto, comprometerme a no realizar ninguna acción en defensa de mis derechos laborales”.
El caso de este funcionario que ha dado un paso al frente para explicar su despido “por desobediencia” no es excepcional y tampoco ha sido una sorpresa. Sabía que su ‘rebeldía’ no saldría gratis. “Hace unos días fuimos convocados varios empleados de la empresa y se nos amenazó con despedirnos si no votábamos. Le expuse al gorila que dirigió la amenaza, un coronel que ejerce las funciones de vicepresidente de la empresa, que asumiría las consecuencias de mi decisión”, recuerda.
A pesar de quedarse sin su plaza de funcionario y haberse autoseñalado ante la burocracia chavista al difundir en las redes su situación -“Hoy me tocó a mí, botado por ser opositor”, ha escrito en su cuenta de Twitter- , Hernández no se arrepiente: “He tomado la mejor decisión y siento que contribuyo a visibilizar al resto de mis compañeros, varios fuimos señalados pero no todos han podido asumir no ir a votar arriesgando su puesto de trabajo”.
La precaria situación económica en Venezuela no invita a abandonar un salario fijo pero Hernández ha decidido que no vale la pena seguir tapando las presiones que se han sucedido en otras instituciones y empresas públicas. “Mi decisión no me va a matar de hambre porque tengo otros ingresos”, reconoce. En Venezuela un funcionario de rango superior, como es su caso, cobra una media de 350.000 bolívares, lo que equivaldría a unos 25 dólares al mes.
Nada ha escapado al férreo control del chavismo de Maduro en este proceso electoral cuya legitimidad está cada vez más cuestionada después de que la empresa supervisora del escrutinio denunciara el miércoles un millón de votos 'fantasma'. Llamadas de presión, reuniones intimidatorias y amenazas de despidos han sido la tónica.
Aunque no hay cifras oficiales de cuántos funcionarios han sido ‘purgados’, sí constan más casos de advertencias y represalias en otras empresas públicas.
“Cualquier supervisor que intente bloquear la Asamblea Constituyente o cualquier trabajador que no vote debe dejar su cargo este mismo lunes”. Es la advertencia que escucharon los trabajadores de PDVSA, la petrolera estatal, del propio vicepresidente de la compañía, Nelson Ferrer.
Algunos de los propios funcionarios presionados han denunciado estas tácticas en las redes sociales anunciando que no acudirían a la cita con las urnas. “Estamos cansados de trabajar y trabajar y ni siquiera ser capaces de ahorrar, no podemos ni arreglar nuestros coches ni irnos de vacaciones. Pero estamos preparados para asumir las consecuencias de no votar”, comentaba el director de una escuela pública.
Otros, aludiendo a esa misma y frágil situación económica, sí acudieron a las urnas. “Mi madre está enferma, mi mujer está embarazada, si pierdo mi trabajo será mucho peor. Necesito ir a votar”, confesaba un trabajador de la empresa pública de metalurgia Sidor a la agencia Reuters.
“No es un mito, es totalmente cierto”, defiende Javier Hernández sobre la manipulación que el chavismo ejerce en la burocracia. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el número de funcionarios en Venezuela se ha disparado. De poco más de millón de empleados públicos antes de 1999 hasta los cuatro millones, según los datos de la Supertintendencia de Seguros de Hospitalización. “Los funcionarios son considerados como material electoral de libre disposición para el gobierno de turno”, resume Javier Hernández.