Las fuerzas de seguridad del Gobierno de Venezuela han "maltratado" y "torturado" de forma "generalizada y sistemática" a manifestantes y detenidos, según ha denunciado este martes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura", ha afirmado la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, quien ha agregado que "estos no fueron casos aislados".
Asimismo, la ONU ha señalado que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, por parte de la Constituyente es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país. "La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando", ha afirmado Shamdasani según EFE.
El Gobierno entorpece la investigación de la ONU
La portavoz ha explicado que tras intentar en vano que un equipo de investigadores pudieran tener acceso al país y así pesquisar in situ qué está ocurriendo, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, decidió enviar a Panamá un grupo de expertos que hicieron su trabajo a distancia.
"Las entrevistas realizadas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes", ha señalado.
Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, "emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran".
"Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas", ha subrayado Shamdasani.
La Fiscalía de Venezuela ya denunció la situación
La portavoz de la ONU ha recordado que hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo de investigadores, "las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados 'colectivos armados', serían responsables de otros 27 fallecimientos".
La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor.
La información compilada desprende que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes. "En determinados casos también les disparan con armas de fuego", ha puntualizado la empleada de la ONU.
Asimismo, a pesar de no disponer de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detenciones arbitrarias. De las cuales, más de 1.000 siguen detenidas en conexión con las manifestaciones.
Ante el caos reinante en el país, los claros indicios que la situación no va a mejorar a corto plazo y, ante la ausencia de una Fiscalía independiente y no partidaria, Shamdasani ha dicho que la ONU está solicitando "de forma urgente" una investigación "independiente" sobre las vastas violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.
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