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Edgar Daniel Esquema. Cecilio Pineda en Guerrero. Ricardo Monhui en Veracruz. Miroslava Breach en Chihuaha. Maximino Rodríguez en Baja California Sur. Filiberto Álvarez en Morelos. Javier Valdez en Sinaloa. Jonathan Rodríguez en Jalisco. Salvador Adame en Michoacán. Luciano Rivera en Baja California. Cándido Ríos, en Veracruz. Esa es la lista de periodistas asesinados este 2017 en México. La punta llamativa de un iceberg de un año de agresiones, amenazas, coacciones, que van camino de superar el histórico de 2016. Los estados, afuera de la capital, son las zonas más peligrosas para ejercer el oficio. La impunidad roza el 100%.
“Llevé escoltas seis meses. Yo, de Veracruz, acostumbrado a la fiesta, el carnaval, la copa, tuve que cerrar mi vida nocturna. Tengo mucho cuidado en las redes sociales. En Facebook hace más de un año que no pongo dónde estoy y si subo una foto, soy muy futbolero, es dos días después del partido. Si antes podía conocer gente en un antro [bar], eso ya se quedó atrás, no sabes por dónde te van agarrar. Mi familia lo lleva con mucha preocupación. Mi mamá y mi abuela se encargan de rezar por mi. Mi novia me 'monitorea' cada tres horas en el WhatsApp, no por celos”.
Quien cuenta esto es el periodista veracruzano Noé Zavaleta, una de las historias del pasado 2016. Corresponsal en el Estado de la revista Proceso, tras publicar el libro El infierno de Javier Duarte, 20 capítulos cortos en los que relata casos de corrupción, de desaparecidos, desvío de fondos, de un gobernador inmaduro, un éxito en Veracruz y la Ciudad de México, comenzó su purgatorio.
“En mi caso vino del Gobierno, me empezaron a poner orejas. Vigilando fuera de mi casa, de mi centro de trabajo, de la casa de mi novia, para dejarme claro que sabían dónde vivo y cómo me muevo”, explica, “sentí el aguijón bajo la nuca y tuve que poner una demanda en la Procuraduría General de la República y la Fiscalía para dejar claro que me traían entre ojos, también me vine a la Ciudad de México, a un término que ocupamos en México que es 'enfriarle', a que le bajaran”. Que se calmaran las aguas, vamos.
Zavaleta apunta que la intimidación venía claramente del Gobierno de Veracruz y dice nombres. No el gobernador Duarte directamente, sino sus subordinados. Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública. Genaro Mejía, de la subsecretaria de Gobierno. Tanto Duarte como Bermúdez están en la cárcel esperando sus juicios por una retahíla de delitos relacionados con la corrupción.
Una de las organizaciones encargadas de contar las agresiones a la prensa es Articulo 19. Según sus datos, el primer semestre de 2017 van 276 agresiones. 67 intimidaciones, 60 amenazas, 28 privaciones de libertad, 24 acosos y hostigamiento, 9 intervenciones de las comunicaciones, 56 ataques físicos. Los 11 asesinados y algunos que pidieron no ser identificados completa la cifra. En el mismo periodo de 2016, la cifra era menor menor,
“El 70% son de funcionarios del gobierno y relacionados, aunque muchas veces no es que vayan por un lado los funcionarios y por otro el crimen organizado, sino que va aparejados”, argumenta Julio Colín, politólogo y con dos años en Artículo 19, “las amenazas más comunes son de muerte y con las mujeres [64 estos primeros seis meses de 2017] tienen un componente sexual; la mayoría se dan por vía telefónica, mensajes y demás, aunque crece en redes sociales, casi siempre con un escalamiento”. También es cierto que una amenaza a través de Facebook o Twitter es muchísimo más difícil que se materialice que cuando alguien consigue un número telefónico.
Familiares del periodista Salvador Adame, en su entierro Reuters
Una diana en la espalda
Lo habitual, narra Colín por casos que a él le ha tocado documentar, es que comiencen a veces por boca de un amigo. Me dijeron que mejor te andes con cuidado, ya saben quién eres. Luego llegan un mensaje directo. Ándate con ojo, tienes mucha cola que te pisen. Después se presentan en casa de la persona. Hacen fotos. Le siguen. Una serie de pasos entre la amenaza y su consumación.
Esto es un problema mayor en estados, donde la anarquía se da con mucha más fuerza; es Veracruz, también Guerrero, Michoacán. Hay algunos que son un infierno
Hay una gran diferencia entre la amenaza es a un periodista que vive y trabaja en la Ciudad de México que si lo hace en los estados. En la capital, es más fácil encontrarse con agresiones en coberturas de prensa, amenazas de algún policía a algún fotógrafo con quitarles las fotos. En los estados hay muertos. De los asesinatos de periodistas en la última década, la inmensa mayoría es en los estados. Veracruz supera los 20, Chihuaha, Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero la decena. “No es lo mismo si nos dice un periodista de la Ciudad de México que le han amenazado que si nos lo dice uno de Veracruz o Michoacán”, resume Colín la problemática.
Los periodistas en los estados no se fían de las autoridades locales. Y tienen múltiples, variadas y fuertes razones. Una de las formas de defensa habituales de estas es decir que el periodista estaba de acuerdo con un grupo de delincuentes o recibía dinero de ellos. Lo que supone, en la práctica, ponerle una diana en la espalda para que apunten las agrupaciones rivales.
“Esto es un problema mayor en estados, donde la anarquía se da con mucha más fuerza; es Veracruz, también Guerrero, Michoacán. Hay algunos que son un infierno, con un gobierno paralelo que son la delincuencia organizada”, concuerda Zavaleta. Algunos periodistas, en zonas conflictivas, optan por el silencio o abandonar la profesión ¿Nunca ha pensado en dejarlo? “Llevo 16 años en esto. ¿Qué haría? ¿Vender celulares? ¿Taxista? Espero cumplir 50 años de profesión”.
