Elecciones regionales en Venezuela: ¿Qué se juegan Maduro y la oposición?

Con casi un año de retraso y tras la polémica elección de la Asamblea Constituyente en agosto, los venezolanos votan este domingo para decidir los gobernadores de los 23 estados del país. Las elecciones regionales, que deberían haber tenido lugar en diciembre de 2016, cuando se cumplían los cuatro años de mandato de los gobernadores, fueron aplazadas dos veces por el Gobierno. Esta actitud fue interpretada como un intento de ganar tiempo por parte del presidente, Nicolás Maduro, envuelto entonces en una crisis de popularidad por la situación económica del país y acosado por el referéndum revocatorio de su mandato impulsado por la oposición.

Es la primera vez que Gobierno y oposición miden fuerzas en las urnas, tras la aplastante victoria de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en las legislativas de 2015, cuando se hizo con el control de la Asamblea Nacional, desmantelada este agosto por la elección de la Asamblea Constituyente, íntegramente chavista y no reconocida por los opositores. Este domingo, gobierno y oposición se juegan una demostración pública de popularidad, por parte de unos, y de fuerza, de otros, con vista a las presidenciales de 2018.

“Lo que está en juego es la popularidad del Gobierno y su capacidad de ganar elecciones que está en entredicho después de las últimas parlamentarias y de la escasa movilización en torno a la asamblea constituyente”, analiza Carlos Malamud, investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. “Teniendo en cuenta que en 2018 teóricamente – e insisto mucho en lo de teóricamente- debería haber elecciones presidenciales este es un test importante a la representatividad del Gobierno. Para la oposición, sobre todo después de un período en que la movilización popular se enfrió un poco, es una oportunidad para mostrar que aún tiene músculo... o no”, comenta.

La abstención, elemento decisivo

Pese al baile de los números de los distintos sondeos, la mayoría apunta a una victoria de la MUD. Ecoanalítica calcula que la oposición debería obtener 18 de los 23 estados, llegando a afirmar que, en el caso de conseguir una participación cercana a la de las últimas legislativas, se podría hacer con la totalidad de ellos. Las mismas cifras maneja la empresa Datanálisis, que prevé que la Mud pueda ganar entre 18 y 21 estados, siempre y cuando haya una alta participación. Actualemte, el Gobierno controla 20 estados. 

La abstención, que ambas empresas cifran entre un 40% y un 60%, juega un papel primordial en la decisión electoral del domingo. “De haber poca participación esto beneficiaría claramente el Gobierno”, dice Malamud.

Para el investigador, el escenario más plausible es una victoria de la oposición pero con pocos resultados prácticos: “Lo más probable es que la oposición gane, lo que pasa es que, si esto se produce, ocurrirá lo que ocurrió en otras ocasiones en las que el cargo es vaciado de contenido o le ponen un nuevo cargo por encima, le quitan el presupuesto… y por lo tanto el margen de actuación de los nuevos electos se reduce considerablemente”.

Ahí está el caso de Henrique Capriles para demostrarlo. Electo en el Estado de Miranda, vio cómo el pasado abril la Contraloría General de la República, un organismo de vigilancia al servicio del oficialismo, le inhabilitaba para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años.

Maduro sabe que la abstención le beneficia y ha empezado a jugar sus cartas. Este miércoles, en declaraciones a la televisión estatal, avisaba de que “todo el que vote este domingo estará votando por la Asamblea Nacional Constituyente y reconociendo su poder”, azuzando la franja opositora partidaria de no presentarse a estas elecciones para no legitimar la constituyente. Malamud cree que hubiera sido una equivocación: “No haberse presentado hubiera implicado cometer un error importante como el que cometió la oposición cuando decidió abstenerse de participar en las legislativas de 2005 lo que le permitió un margen de actuación muy grande a Chávez”.

Las trampas del oficialismo

Pero no sólo de la abstención depende la decisión del domingo. Además del aplazamiento de las elecciones, a lo largo del proceso electoral ha habido varias irregularidades que pueden afectar los resultados. Entre ellas, la inhabilitación de políticos opositores, como es el caso de Capriles, y la suspensión del uso de tinta indeleble, un mecanismo para evitar la usurpación de identidad y que afecta la sensación de seguridad del proceso.

Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha rechazado sacar de las papeletas a los 47 candidatos opositores que, pese a estar en las listas, no han ganado las primarias de sus estados y, por lo tanto, no se presentan a las elecciones, aumentando las posibilidades de voto nulo. De la responsabilidad del CNE es también el cierre de 75 centros de votación y 7.000 mesas de votación y la reubicación de otros 274 centros, provocando la confusión entre más 715.500 votantes. La MUD ha intentado solventar este tema a última hora, habilitando una web donde los electores pueden saber dónde votar.

“Y a todo esto hay que agregar un control monopólico de los medios de comunicación por parte del Gobierno, las dificultades de la oposición en financiar sus campañas, la persecución de que está siendo víctima, entre muchas otras cosas”, dice el investigador. “No está para nada garantizada la imparcialidad del Estado en estas elecciones”, zanja.

El investigador pone en tela de juicio también la veracidad de los resultados que se presenten el domingo: “Hay un elemento muy importante que es el maquillaje de las cifras. Habrá que ver qué pasa con el voto, con el control del voto, porque ya vimos cómo el tribunal electoral está totalmente sesgado a favor del gobierno y también el tribunal supremo. Pero también dependerá del resultado: un resultado abrumador y claro a favor de la oposición es menos maquillable que un resultado ajustado”, defiende.

Pase lo que pase el domingo, Malamud aclara que es todavía pronto para sacar conclusiones sobre las presidenciales de 2018 y una eventual ausencia o candidatura de Nicolás Maduro. “Es demasiado pronto. Incluso porque la economía tiene mucha influencia y si consiguen algún tipo de reactivación que les permita incrementar el gasto en política social, aunque es improbable, el escenario puede cambiar”.