Este 2017, las estadísticas delictivas no han parado de batir sus propias marcas desde que México lleva la cuenta. Secuestros, robos, extorsiones... la mayor parte de los delitos analizados han ido en aumento. Pero si entre todos los crímenes hay uno especialmente doloroso es el asesinato.
Octubre ha sido el cuarto mes este año que ha batido la marca de muertes violentas y también el más sangriento en los registros: 2.380 homicidios intencionados, 79 al día, tres cada hora. Este 22 de diciembre, tras varios días de retraso, a última hora de la noche y a punto de entrar en el fin de semana tan nulo mediáticamente como es el de Navidad, se publicaron las estadísticas criminales de noviembre. Aún a falta de contar diciembre este año ya es el que más asesinatos ha registrado desde hace dos décadas.
Son 23.101 denuncias de homicidio doloso -un subtipo que se caracteriza porque el criminal busca intencionadamente matar la víctima- frente a 22.409 de 2011 y 21.459 y 2012, los más sangrientos de la guerra contra el narco y anteriores marcas.
Con un total de 37.527 homicidios y una estadística que ningún mes baja de 3.000, tendría que ocurrir un milagro navideño para que el total no se pase de los 40.000 este 2017. Una tragedia con una serie de aristas, consecuencias y escenas alrededor.
Huelga por el olor de los cadáveres
Chilpancinco es la capital del Estado de Guerrero, uno de los más calientes por las luchas entre los grupos de narcotraficantes. El pasado noviembre tuvo un total de 2.620 homicidios para tres millones y medio de población, 74,1 por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país tras la diminuta Baja California Sur, las 637.000 almas que allí habitan y su 89,6. Justo a mediados de ese mes, los trabajadores de la morgue realizaron una huelga. ¿El motivo? El olor de los cadáveres.
Los funcionarios y también los vecinos se quejaban del olor de la descomposición que salía del Servicio Médico Forense, donde, según reportaron medios locales, había sobre 500 cuerpos, muy por encima de su capacidad. Según las autoridades, fue el análisis de unos peritos forenses argentinos, que por “la aplicación de nuevos protocolos, que demanda mayor tiempo para el análisis de cada uno de los cuerpos”, hizo que los cadáveres quedarán más expuestos de lo habitual. Igualmente, aprovecharon para anunciar la adquisición de nuevas cámaras frigoríficas.
Alcalde, un cargo de alto riesgo
El último fue este 18 de diciembre, en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado sureño de Chiapas. Mientras viajaba a bordo de un Jetta, dos hombres llegaron en una motocicleta, le cerraron el paso y balearon su coche. Se llamaba Sergio Antonio Zenteno Albores y era el octavo alcalde en activo asesinado este 2017, más de 25 en la cuenta total del mandato del presidente Enrique Peña Nieto.
¿Por qué matan a los alcaldes en México? Primero, el país tiene más de 2.000 regidores y en su mayoría no cuentan con protección. Luego, el contexto del crimen organizado. Los expertos en este campo nebuloso opinan que antes eran grandes narcos que exportaban drogas a Estados Unidos, con poco interés en los gobiernos municipales. Pero a medida que iban descabezándose por la Guerra contra las Drogas proclamada por Felipe Calderón, las bandas se han ido atomizando y volviendo más violentas y han expandido su negocio hacia la extorsión, el robo y otras actividades mafiosas.
Manifestación contra la impunidad de la violencia en México DF Reuters
Ioan Grillo, periodista gringo autor de varios libros sobre el crimen organizado mexicano, contesta en esta columna de opinión en The New York Times. “Los cárteles se pelean ahora por el poder político en sí mismo [...] Los nuevos cárteles […] están introduciéndose en uno de los negocios más lucrativos de México: la política local […] Cuando logran tomar el control de estos políticos, los cárteles se transforman en un poder en la sombra, que usa las herramientas del estado para afectar a cualquiera que viva o trabaje en su jurisdicción […] México necesita políticos locales que se atrevan a enfrentarse […] desafortunadamente la brutalidad de los asesinatos es un ejemplo escalofriante”.
El negocio de la seguridad
Con los delitos en ascenso, hay unos grandes beneficiados además de los propios criminales: el sector de la seguridad privada. Es común ver carteles colgados de edificios en los que se solicitan vigilantes de seguridad, escoltas y demás y, de acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad Privada, en 2016 la demanda nacional fue de 28.000 millones de pesos, sobre 1.230 millones de euros al cambio actual, un 180% más que en 2012, cuando Peña Nieto llegó al poder. Calculan que hay 6.500 empresas en el país, de las cuales están convenientemente registradas 3.400, siendo el resto negocios informales.
La cara más visible de este negocio, los guardaespaldas de los poderosos mexicanos, han tenido con frecuencia un comportamiento cuestionable, llegando algunos casos a los medios.
Este noviembre de 2017, un escolta disparó por error a su protegido, el vicepresidente de Televisa, Adolfo Lagos, mientras trataba de evitarle un atraco en el Estado de México.
En junio, en Metepec, Estado de México, durante una riña de tráfico con un taxista, un guardaespaldas disparó su arma. Un mes antes, en mayo, en Polanco, un barrio empresarial y pijo, cuando los trabajadores trataron de poner el cepo a un vehículo mal estacionado, los escoltas arrancaron el coche y se escaparon, casi arrollando a un policía auxiliar. Los guaruras, como se apodan en el país, suelen ser prepotentes en el mejor de los casos.
Campaña contra la militarización de la seguridad en México Reuters
El lío político de la Ley de Seguridad
Una coalición internacional. Es el último giro en torno a la llamada Ley de Seguridad, una iniciativa parlamentaria recién aprobada que quiere regular el papel de los militares en la seguridad pública. Desde hace más de una década, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los narcos, el ejército mexicano patrulla las calles de parte del país por orden ejecutiva debido a lo poco fiables que eran y son los policías.
Los argumentos a favor es que da un paraguas legal a una situación que ya existe y que no parece que vaya acabar en el corto plazo. En contra, que es hacer oficial la militarización de la seguridad pública, que no están claros los límites y que, además, la presencia de los militares en las calles no ha servido para acabar con la criminalidad.
Amnistía Internacional, que lidera una coalición de 10 organizaciones, ha pedido a Peña Nieto que vete la ley para observar las recomendaciones que la ONU y otros actores de la sociedad civil han hecho sobre la legislación. El presidente ha anunciado que retrasará su aplicación hasta que el Supremo mexicano decida sí es constitucional o no.
“Esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos; casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad”, dijeron al presentar esta iniciativa, “mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México”. Una tragedia con una serie de aristas, consecuencias y escenas alrededor.
